Las asociaciones en defensa de la sanidad pública en Galicia arrancaron el pasado miércoles en varias ciudades de la comunidad su campaña de movilizaciones contra la reforma sanitaria del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Miles de personas secundaron las concentraciones en el centro de las villas o frente a los centros de salud para exigir la retirada de una norma que, a su juicio, ahonda en el proceso de privatizaciones iniciado por la Xunta contribuyendo a deteriorar aún más la complicada situación de la atención sanitaria. Las citadas organizaciones preparan una gran manifestación en Santiago el próximo 4 de febrero.

En medio de un repunte de la epidemia de gripe que según los médicos no ha hecho más que empezar, las últimas semanas han puesto de manifiesto las críticas consecuencias de los recortes aplicados por Feijóo al sistema de salud, con la misma escena repitiéndose cíclicamente en varios hospitales: enfermos graves encamados durante horas en camillas o sillas de ruedas plantadas en los pasillos, con el personal sanitario saltándolas literalmente para poder desplazarse por el servicio.

En plenas fiestas de navidad, la junta de personal del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña llegó a denunciar a la gerencia del centro ante el juzgado de guardia por su inacción ante el colapso. Frente una situación similar en Santiago, la Xunta dijo que no existía tal colapso si al enfermo se le podía encamar, aunque los médicos tuvieran que explorarlo en medio de un corredor y aunque se violaran las normas más básicas de salvaguarda de su intimidad. El pasado 9 de enero, la familia de una octogenaria que sufría un cólico intestinal denunció que la mujer se pasó cinco horas en el Hospital da Costa, en Burela, en el litoral lucense, esperando a ser atendida. Tuvo episodios tan agudos que la hacían gritar de dolor, pero sus familiares afirman que el personal estaba desbordado. La familia mostró su respeto por el trabajo y dedicación de médicos y enfermeras, pero la situación que atravesó la mujer les parece inhumana. Dos días después, la gerente del hospital dijo que la situación en Urgencias era de absoluta normalidad.

Las asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios acusan a Feijóo de haber emprendido un proceso encubierto de privatización que ha derivado en un considerable descenso de la calidad asistencial en todos los ámbitos. Ese proceso, del que se benefician un puñado de hospitales y clínicas privadas instaladas en la comunidad, incluyó también la purga de médicos y su sustitución por otros más afines a los intereses del PP. Ahora, esas plataformas temen que la reforma de la Lei de Saúde, que la Xunta aprobó de tapadillo en el puente del pasado diciembre y que está falta de su aprobación parlamentaria en una cámara donde Feijóo cuenta con mayoría absoluta, constituya el comienzo de una nueva oleada privatizadora.

“El Consello da Xunta pretende reformar la Lei de Saúde para desmontar el sistema sanitario público, desmantelando la red de hospitales comarcales con la finalidad de reducir el gasto pero alejando a la población rural de los recursos hospitalarios”, asegura Manuel Martín, portavoz de la plataforma SOS Sanidade, quien sostiene que la reforma generalizará “los chiringuitos de gestión privada” y permitirá seleccionar al personal “por criterios de afinidad o finalidad política”. A su juicio, también “blindará la privatización de la I+D+i y y la formación de personal por medio de una Agencia Galega para la Gestión del Conocimiento y la Salud, que está parasitada por laboratorios y fondos de inversión y que favorecerá los negocios privados de las empresas con recursos del sistema público”.

Con su primera acusación, Martín se refiere a la reorganización territorial de la red de hospitales, en la que los centros comarcales pasarán a depender de los hospitales urbanos. En los últimos años los centros pequeños ya han ido perdiendo especialidades, cuyos usuarios tienen que acudir a los hospitales de las ciudades. Estos ya están saturados, en muchos casos porque los recortes han obligado a cerrar o a mantener en precario algunos servicios, por lo que derivan enfermos a las clínicas privadas.

Concentración contra la reforma sanitaria del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

“No pedimos tener especialidades como neurocirugía. Pero hace dos años, en el Hospital da Costa [en Burela, en el litoral cantábrico de Lugo] se implantaban marcapasos. Ahora todos los pacientes se envían a Lugo, y tienen que volver allí para las revisiones, para los cambios de batería y para resolver cualquier problema”, explica Víctor Vila, de la Plataforma pola Defensa da Sanidade de A Mariña. Advierte de los costes que supone para los pacientes de esa zona –la comarca cuenta con alrededor de 75.000 habitantes- desplazarse a la capital provincial, a hora y media de viaje por carretera y sin conexión ferroviaria.

Vila desgrana cómo se las ingenia la Xunta para cerrar las especialidades más comunes “y que dé la impresión de que no son necesarios”. “Hace año y medio todos los embarazos con nacimiento previsiblemente prematuro se derivan también a Lugo. ¿El resultado? Las estadísticas dicen que aquí no nacen prematuros, por lo que será fácil decir que no es necesario un servicio específico. Y se olvida que un nacimiento prematuro obliga a la madre a hacer constantes viajes a Lugo, y que cuando el niño nace queda ingresado, por lo que su madre debe hospedarse en un hotel. Esos gastos corren a su cargo. Y eso sin contar los desplazamientos del padre y del resto de familiares”, desgrana Vila, quien recuerda que Galicia se ha convertido en “una golosina” para las grandes empresas que mantienen convenios para tratar en sus hospitales a pacientes de la sanidad pública. Como Vithas, con centros en Pontevedra, Marín, Vigo, Sanxenxo y A Estrada; Povisa, que gestiona en Vigo el mayor hospital privado de España; Hospitales de Madrid (HM), con dos centros en A Coruña, dos en Santiago, uno en Vigo y otro en Pontevedra; o como Quirón, con hospitales y centros en Pontevedra y A Coruña.

“La Xunta dice que la nueva norma no va a cambiar nada. ¿A quién quieren engañar? ¿Desde cuándo se reforma una ley para que no cambie nada?”, se pregunta. Y se contesta: “La reforma está pensada para darle negocio más negocio a la sanidad privada”.

Desde el inicio de su carrera política, Feijóo ha estado siempre relacionado con los procesos de privatización de servicios públicos, empezando por la atención sanitaria. Era secretario xeral de la Consellería de Sanidade cuando su titular, el ex ministro de Aznar José Manuel Romay Beccaría, ideó la red de fundaciones con las que intentó entregar al sector privado la gestión de los servicios de algunos centros, como el Área del Corazón del hospital de A Coruña, e incluso de hospitales enteros, como el de Verín. Fue presidente del Instituto Nacional de la Salud en plena oleada privatizadora de los gobiernos de Aznar, y antes de convertirse en delfín de Fraga, director general de Correos y Telégrafos, donde pilotó la transición de esa empresa pública desde el monopolio hasta el mercado libre. Una de sus primeras decisiones tras acceder a la Presidencia de la Xunta fue modificar el proyecto del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que cubre un área sanitaria de más de 600.000 personas, para abrirlo al sector privado asignándolo, según Manuel Martín, “a una concesionaria integrada por bancos rescatados con dinero público y constructoras en quiebra” y con un modelo de financiación cuestionado por la Comisión Europea.

La reforma que Feijóo ha puesto ahora en marcha preocupa especialmente al personal y a los profesionales de los hospitales rurales ubicados en las zonas más despobladas y envejecidas de Galicia. Como Monforte de Lemos, capital de una comarca agraria del interior que cuenta con unas 30.000 personas distribuidas sobre 940 kilómetros cuadrados de superficie, es decir nueve veces el territorio del municipio de Barcelona. Así lo creen Francisca Vázquez y Maribel García, de la plataforma local: “La ley esconde mucho más de lo que enseña y va a afectar negativamente a los hospitales de zonas como ésta, porque el peligro de perder servicios es inminente. Pero la atención primaria también va a resultar perjudicada”.

Añaden que ya faltan plazas de profesionales por cubrir en los once municipios del área sanitaria. “Hay pacientes que en la práctica no tienen médico de cabecera, porque cada día los atiende uno distinto. Y muchas de esas personas son gente mayor, a la que le cuesta esfuerzo y dinero desplazarse y que deberían tener a un galeno que conozca su historial”, explican.

A 150 kilómetros al este, en el litoral de la ría de Vigo, quienes defienden la sanidad pública en la zona de O Morrazo también auguran que la situación empeorará con la nueva normativa. Francisco Ferreira, de la plataforma de Moaña, recuerda que a pesar de los problemas de comunicación, la comarca no cuenta con un hospital propio. Para acceder a Vigo hay que cruzar la ría en barco, lo que no puede hacerse en los días de temporal, o utilizar una autopista casi siempre colapsada. El centro de salud de Moaña está instalado en una vieja Casa del Mar del Insalud que las reformas no han evitado que se quede pequeña. Servicios como Fisioterapia y Odontología están ubicados en bajos comerciales sufragados por el Ayuntamiento, que según la plataforma se gasta en esos alquileres entre 5.000 y 6.000 euros cada mes. Sólo atienden por las mañanas por falta de personal. El día en que Público habla con él, a Ferreira lo llaman para avisarle de que las Urgencias están cerradas porque el médico que las atiende está de baja y no ha sido reemplazado. “De los siete médicos con plaza en la comarca, hoy sólo están tres”, cuenta. Añade que en la zona hay 5.200 menores de 15 años, pero sólo dos pediatras para atenderlos que, además, sólo atienden por la mañana.

Ferreira sostiene la tesis que comparten algunos de sus compañeros de otras plataformas: si la sanidad pública no funciona, quien se beneficia es el sector privado. En el 2014, la Xunta firmó con Povisa un convenio de ocho años de duración por el que esa empresa se garantiza la atención de más de 135.000 pacientes del Servicio Galego de Saúde, a pesar de que, según SOS Sanidade Pública, “dispone de menos recursos que los hospitales públicos y duplica la lista de espera quirúrgica de Galicia”. El contrato supera los 600 millones de euros, y permite a los pacientes del Sergas de O Morrazo y de otras ciudades y comarcas de la provincia de Pontevedra elegir si quieren que se les atienda en la sanidad pública o en la privada. “Si la pública no funciona, ¿qué crees que elige la gente?”, apunta Ferreira.

El portavoz de la plataforma de O Morrazo pone de ejemplo el giro de timón que ha dado el Gobierno gallego al proyecto que reclama desde hace años la comarca para dotarse si no de un hospital, al menos de un centro de salud decente, al tiempo que se preparaba la nueva ley. El Ayuntamiento había aceptado ceder terrenos municipales para su construcción, y el Sergas ya había reconocido que cubrir las carencias de la comarca pasaba por construirlo. Pero a última hora, la Xunta paró el proyecto, y encargó a otra empresa privada realizar un estudio sociológico para determinar si el nuevo centro es o no es necesario. Según Ferreira, la firma que lo redactará se llevará 40.000 euros.

La Xunta sigue insistiendo en que los gallegos no van na notar la reforma de la ley. Pero el portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, advierte de que no será así, y subraya los antecedentes de la política sanitaria de Feijóo. Desde que fue nombrado presidente en el 2009 hasta el 2016, el presupuesto sanitario público descendió un 18,3% mientras la financiación del sector privado con dinero de los contribuyentes aumentaba más de un 40%. Durante su mandato se han suprimido más de 450 camas, más de 120 plazas de especialistas y cerca de doscientas de personal de enfermería.

A su juicio, los “ganadores” de esta política son “las empresas farmacéuticas, tecnológicas, informáticas y los fondos de inversión, que se quedan ya con más del 50% del presupuesto sanitario gallego”. También ”un grupo minoritario de directivos, especialmente los gerentes de los centros sanitarios y altos cargos de los servicios centrales, que actúan como cómplices”. Y Feijóo, “que tendrá la oportunidad de utilizar la puerta giratoria con la que las empresas premian a los cargos públicos que las favorecen”. Pero a su costa habrá perdedores, claro: “el sistema sanitario público, los profesionales que verán precarizadas sus condiciones de trabajo, y la ciudadanía gallega, que paga sus impuestos para financiar a multinacionales y especuladores que se están apropiando del sistema”.