El Parlamento de Galicia aprobó esta mañana la Ley de Protección y Bienestar Animal impulsada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que no prohíbe las corridas de toros y limita prácticamente a las mascotas la mayoría de su regulación. Para el PP se trata de la "mejor" normativa de España y "una de las más avanzadas de la UE", pero para la oposición, que votó en contra por unanimidad, y para buena parte de los colectivos de defensa animal de Galicia, no acabará con el maltrato, promoverá el negocio con las adopciones de perros y gatos abandonados o sin dueño y fomentará el sacrificio de miles de ellos.

En la tramitación del texto el PP admitió numerosas correcciones, como eliminar el régimen sancionador del anteproyecto presentado por la Xunta que preveía multas para quienes acogiesen animales desamparados idénticas a las que castigarían a aquellos que los abandonasen. Aun así, las asociaciones protectoras advierten de que se sigue obstaculizando la labor de sus voluntarios. "Se mantiene la prohibición de darles alimento en la vía pública y también su recogida sin aviso previo, con una salvedad genérica", asegura Ana Sánchez, de la protectora Aloia de Tui (Pontevedra). Es uno de los más de treinta refugios y asociaciones gallegas que han firmado un manifiesto en el que denuncian "las medidas de represión" adoptadas contra "las personas serias, altruistas y concienciadas" que llevan años trabajando contracorriente para defender los derechos de los animales. Entre esas medidas figuran también la obligación de notificar a la administración con carácter previo la convivencia en la misma vivienda con más de cinco gatos y perros.

Precisamente, buena parte del colectivo de protectoras gallegas opina que la ley está destinada a promover el negocio de la adopción de perros y gatos, dado que los ayuntamientos gallegos que no cuenten con refugio propio estarán obligados a subcontratarlo con empresas privadas, y esos centros serán los únicos autorizados para recoger animales y tramitar su posterior destino a los particulares que quieran acogerlos. También para sacrificarlos.

"Además, la ley va a facilitar el exterminio de miles de perros y gatos", asegura Ana Sánchez, quien opina de que la definición del término "eutanasia" en el texto aprobado flexibiliza el abanico de argumentos legales por el que los refugios pueden decidor matar a un animal acogido.

Las protectoras también destacan que ley excluya explícitamente de su ámbito de protección a los animales de granja o destinados a la producción alimentaria, también si son para autoconsumo; a los équidos; a los toros en espectáculos públicos; a los animales silvestres en el medio natural, y a los utilizados en programas de experimentación. "Volvemos atrás en el tiempo, porque la normativa del 93 sí contemplaba la protección de los animales empleados en investigación", destaca la portavoz de Aloia.

La nueva regulación tampoco prohíbe el empleo de animales domésticos en circos y ferias, sólo de los salvajes, y permite la celebración de espectáculos y fiestas públicas con animales de compañía aunque sujeta a una autorización administrativa cuyos requisitos están sujetos a un desarrollo reglamentario posterior.

En cuanto a la no prohibición de las corridas de toros, que ya han sido vetadas en comunidades como Cataluña y Baleares, el portavoz del PP, Gonzalo Trenor, alegó que no cabe regularla en el marco autonómico porque existe una normativa estatal "de rango superior". Y en ese aspecto centró la oposición la mayoría de sus críticas a la ley.

Para la socialista Patricia Vilán las corridas no tienen sentido en Galicia dado que "no tienen tradición" histórica y son cada vez más los gallegos que se manifiestan en su contra. Francisco Casal, de En Marea, se lamentó de que el PP defienda "un maltrato extremo" como el que sufre el toro en la lidia. Y Luis Bará, del BNG, acusó a los populares gallegos de falta de valentía por no seguir el ejemplo de Cataluña y Baleares y plegarse a "un españolismo rancio".