El partido ecologista EQUO y la oenegé Greenpeace han pedido al Gobierno que identifique los pozos ilegales que existen en España y adopte las medidas necesarias para proteger los acuíferos. EQUO ha presentado una pregunta parlamentaria para conocer la "cifra exacta" de pozos ilegales que existen en España que, según datos "no oficiales del propio Ministerio de Agricultura", podría rondar el millón de perforaciones.

Así lo indica el partido ecologista en un comunicado, en el que recuerda que el último dato público sobre este asunto se remonta a 2006, cuando se calculó la existencia de medio millón de pozos ilegales.

EQUO ha pedido al Gobierno que tome medidas para la clausura de estas perforaciones y el freno de su avance debido a sus "dramáticas" consecuencias, especialmente en lugares como Doñana, donde el impacto de esta práctica ha supuesto "una denuncia de la Unión Europea a España ante el Tribunal de Justicia Europeo", ha explicado el diputado del partido Juantxo López de Uralde.

Otras áreas "especialmente afectadas" por la sobreexplotación de los acuíferos en España son las Islas Canarias, Campo de Dalias (Almería), Sierra de Crevillente (Alicante) o Sierra de Cartagena (Almería, Alicante y Murcia), según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aportados por el partido ecologista.

Sólo se cerraron diez pozos entre 2013 y 2017

Por su parte, Greenpeace ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que solicita que se identifiquen y localicen en un mapa todos los pozos ilegales.

El responsable de la campaña de Aguas de esta organización ecologista, Julio Barea, ha explicado que "la extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e, incluso, penas de prisión", si bien "la falta de información y de medios para perseguirlo contribuye a la impunidad".

Entre 2013 y 2017, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) recibió 1.146 denuncias por pozos ilegales detectados y solo se cerraron 10, una "cifra irrisoria" a juicio de Greenpeace. Desde esta oenegé han advertido del peligro de esta práctica en España, el "país más árido de Europa, donde el 75% del territorio es susceptible de sufrir desertificación".

"Las previsiones de cambio climático para la Península auguran un descenso de la disponibilidad de agua en superficie", ha explicado Barea, quien teme que "ya no tengamos agua en los acuíferos" cuando se necesite debido "al descontrol y desgobierno en la gestión de las aguas subterráneas".