Víctor es un vecino del barrio de La Coma, en Paterna (al oeste de la conurbación de València) a quien la compañía Aguas de Valencia le cortó el suministro a mediados de septiembre, cuando todavía regía la moratoria de cortes de servicios básicos incluida en el decreto de alarma. "Llegué un día a casa y simplemente no tenía agua, no tenía ningún aviso de nada, y todo en plena pandemia, con los coches con altavoces pasando por el barrio recordando que nos teníamos que lavar las manos y la higiene y todo esto", explica a Público. A partir de aquí empezó un periplo kafkiano entre los servicios sociales municipales y la compañía suministradora, en qué nadie sabía darle una respuesta ni, todavía más importante, una solución. "Servicios sociales estaban desbordados. Llegué a hablar con la regidora, que me decía que ya estaba resuelto y ya tenía agua, pero volvía a casa y allí no salía nada del grifo. En la compañía tampoco me decían nada, y esto que los trabajadores fueron siempre muy cordiales".

Una posible explicación del misterio es que Víctor no dejó de pagar los recibos del agua durante la pandemia, sino mucho antes. Después de más de cinco años de "precariedad severa" –según sus propias palabras- en que se ha buscado la vida empalmando trabajos temporales y mal pagados combinados con largos periodos de paro, el recibo del agua fue uno de los que no pudo abonar. "A mí no me gusta hacer las cosas así. Yo prefiero trabajar y pagar las deudas, pero si no puedes, no puedes. Y tengo una hija y no podía estar sin agua", así que ya hace tiempo, después que le cortaran el agua, optó para reengancharse él mismo, una solución que, asegura, es muy común en el barrio. La Coma es uno de los barrios con los índices de pobreza y exclusión más altos de todo el País Valencià. Al estar ya enganchado de forma irregular, para los operarios de Aguas de Valencia, Víctor no era un caso de impago, sino de fraude, así que la moratoria del estado de alarma no lo protegía y optaron para cortarle el suministro de nuevo, esta vez con un tapón que no ha podido desmontar.

El caso de Víctor ejemplifica perfectamente como "el escudo social" prometido por el Gobierno español para proteger los trabajadores de los efectos sociales de la pandemia no llegan, a menudo, a quienes más lo necesitan. Aquellos que su situación de precariedad ya los abocaba a los márgenes del sistema ya antes de la crisis: economía sumergida, trabajadores sin contrato y migrantes en situación irregular son, una y otra vez, quienes a menudo han quedado fuera de los paquetes de ayuda gubernamentales.

Crece la pobreza severa

Los datos confirman también esta percepción. Si el 2018, las personas en riesgo de pobreza y exclusión en el País Valencià eran 1.497.543, el 2019 han pasado a 1.342.143. De un 30,3% de la población al 27%, rebajando por primera vez la tasa del 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Pero estos datos positivos tienen una cara oscura. En este mismo periodo, las personas que sufren pobreza severa –unos ingresos menores a los 500 euros mensuales- crecieron del 9,6 al 10,4% de la población. Así pues, hay menos pobreza en términos generales, pero los que eran pobres lo son más.

Los datos son del capítulo valenciano de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza (EAPN, en las siglas inglesas), que desde hace una década elabora el índice AROPE, que analiza la evolución del riesgo de pobreza y exclusión en la Unión Europea. Para el EAPN, queda claro que la covid "ha truncado" la reducción de la pobreza que se había conseguido el 2019. También alerta que el Estado español incumplirá el objetivo de reducción del riesgo de pobreza marcado por la UE en la Estrategia 2020", año en que no tenían que haber más 9,5 millones de personas en riesgo y en cambio, ahora mismo, hay 11,8 millones.

Pobreza Cero

El capítulo valenciano del EAPN es una de las 200 entidades que cada otoño participa en la campaña Pobresa Zero. Una iniciativa para concienciar la ciudadanía y presionar las instituciones porque trabajan en los cambios estructurales necesarios para poner fin a las bolsas de exclusión, tanto a escala local como global. Maite Puertes, portavoz de Pobresa Zero incide precisamente en qué "quien peor lo está pasando con la crisis sanitaria son los pobres. La crisis sanitaria se ha convertido en una crisis social". Y lo explicita en una expresión muy gráfica: "Llueve sobre mojado".

Según cálculos del Banco Mundial, entre 88 y 115 millones de personas en todo el planeta caerán en la pobreza extrema a causa de la pandemia. "Supone un retroceso de 15 años en la lucha contra la pobreza", se exclama Puertes, quien también reclama a la sociedad y a los gobiernos "que no nos repleguemos" y que ante la tentación de buscar soluciones locales "se tomen medidas globales".

Entre las propuestas de Pobresa Zero hay el incremento de las ayudas al desarrollo por parte de los países más ricos, una legislación que impida una posición de ventaja de las grandes multinacionales, el fin de los paraísos fiscales y el establecimiento de tasas a escala internacional, como las llamadas Tasa Tobin (a las transacciones financieras) o la Tasa Google (a los beneficios de las grandes tecnológicas), que permitirían acabar con la pobreza extrema invirtiendo tan suele el 0,14% del PIB mundial.

"Hace falta que la reconstrucción se plantee de acuerdo con los derechos humanos y la justicia social", insiste Puertes, quien también aboga por medidas estructurales que ponen fin a la precariedad. "Los más perjudicados por la crisis son aquellos que dependían de la economía sumergida, a quienes no han llegado las ayudas. Pero para paliarlo hay que acabar, precisamente, con la economía sumergida", incide el activista.