@danialri

BILBAO.— Las celebraciones de fin de año no serán del todo felices para miles de guipuzcoanos. Quienes más lo sentirán son todas y todos aquellos que durante los últimos 15 años trataron de impedir la instalación de una incineradora de basuras en su territorio. Lucharon, pero no lo consiguieron. Este martes, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK, por sus siglas en euskera), ha dado el visto bueno a la instalación de una planta de este tipo en el barrio de Zubieta, sobre un terreno que legalmente pertenece al ayuntamiento de Donostia. A pesar de la amplia oposición vecinal, PNV y PSE —con el respaldo del PP— han unido sus votos para sacar adelante esta polémica iniciativa.

“Nos lo temíamos. Los trámites ya estaban muy avanzados”, señala María Luisa Sánchez, una de las militantes más comprometidas de Donostia Bizirik (Donostia Viva), un colectivo que lleva varios años luchando contra lo que este martes se ha hecho realidad. Durante la mañana, los medios informativos tuvieron dos puntos de atención conectados entre sí: dentro de una oficina, GHK aprobó la adjudicación de este proyecto a una Unión Temporal de Empresas (UTE) encabezada por Urbaser —una de las filiales de la gigantesca ACS—, junto a la que aparecen las constructoras guipuzcoana Altuna y Uria, Murias, Moyua y LKS Ingeniería, así como el grupo inversor francés Meridiam Investments. En la calle, distintas plataformas —entre las que estará Donostia Bizirik— volvieron a manifestarse para mostrar su preocupación ante una iniciativa marcada por las quejas, los desencuentros y las movilizaciones.

A pesar de la amplia oposición vecinal, PNV y PSE, con el respaldo del PP, han unido sus votos para sacar adelante esta polémica iniciativa

Tras un largo periplo y varios cambios de ubicación, la incineradora que finalmente se instalará en Zubieta tendrá un coste millonario: la UTE ganadora deberá adelantar 217 millones de euros para construir la planta, mientras que el Consorcio de Residuos —formado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y un centenar de ayuntamientos— deberá abonar a la unión de empresas un canon de 31,6 millones de euros anuales durante 35 años. “Lo vamos a tener que pagar a escote entre todos los gipuzkoanos”, subraya la portavoz de Donostia Bizirik.

Peligro para el bolsillo, pero también para la salud. En tal sentido, Sánchez advierte que la incineradora de residuos estará ubicada a menos de mil metros del núcleo urbano de Zubieta, donde viven unas 500 personas. “Se trata de una zona rural, con muchos caseríos y huertas”, comentó. Además, puso el acento en otra cuestión: a su juicio, el lugar elegido “incumple la normativa que establece que estas estructuras deben estar a más de dos kilómetros de la población”.

En un estudio presentado hace un mes, el Grupo de Estudio Incineradora y Salud (GEIS)—formado por médicos— advirtió que la planta emitirá en un día “tanto CO2 como 165.000 coches”. Por ello, los especialistas advirtieron sobre los graves riesgos de contaminación entre las niñas y niños que acuden a los colegios cercanos. Según explicaron, los menores son especialmente vulnerables a ese tipo de sustancias tóxicas. “Los médicos lo tienen claro: los fetos, los niños y niñas, los jóvenes son, junto con los enfermos y las personas de la tercera edad, los que sufren notoriamente las consecuencias y los efectos de las incineradoras”, destaca en su carta de presentación el colectivo GURASOS, conformado por madres y padres que viven en la zona afectada.

Denuncias en los juzgados

El portavoz de esta organización, Joseba Belaustegi, relató a Público la batalla jurídica que mantienen para tratar de frenar este proyecto. Tras intentar sin éxito que la Diputación Foral de Gipuzkoa —gobernada en coalición por PNV y PSE— realizara un “proceso participativo” sobre este asunto, la plataforma de madres y padres formuló un recurso contencioso administrativo ante lo que consideraban una “vulneración al derecho fundamental a la participación de la ciudadanía”. También interpusieron otro recurso contra el procedimiento de licitación, argumentando que se violaba el derecho de participación. “Por último, hemos recurrido la autorización ambiental, que tiene innumerables nulidades”, remarcó.

En un estudio del Grupo de Estudio Incineradora y Salud (GEIS) advirtió que la planta emitirá en un día “tanto CO2 como 165.000 coches”

Mientras aguarda las novedades del juzgado, el portavoz de GURASOS se muestra convencido de que aún hay tiempo para tratar de frenar el proyecto. Precisamente por eso, esta plataforma ha emprendido una ronda de contactos con diferentes partidos y sindicatos. También han llegado a la Consejería de Educación y prevén estar con el Obispo de San Sebastián. A todos ellos les plantean una “salida consensuada” que está recogida en una “hoja de ruta para solucionar el problema de los residuos, prescindiendo de la incineración”.

En ese documento, el colectivo de madres y padres propone —entre otros aspectos— “suspender el proceso de licitación” de Zubieta y poner en marcha el nuevo plan integral de gestión de residuos urbanos de Gipuzkoa, ya caducado. “Como tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos, vamos a utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para que sea posible una mayor garantía para la salud”, subrayó Belaustegi.

De momento, EH Bildu, Podemos e Irabazi (coalición municipal de Donostia que engloba a Equo, Ezker Anitza-IU e independientes) han mostrado su categórico rechazo a este proyecto. “Desde todas las perspectivas, consideramos que es la peor solución”, afirmó a Público el portavoz de la izquierda independentista vasca en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Olano. A su juicio, la alternativa a la quema de residuos es la “disminución, recogida selectiva y reciclaje”. “En muchos de los municipios donde gobernamos se están alcanzando tasas de recogida selectiva y reciclado en torno al 80%. Si eso se generalizase en toda Gipuzkoa, entendemos que el problema estaría en buena parte resuelto”, valoró. En cuanto al 20% de basuras que no podrían reciclarse, Olano plantea otras soluciones, como podría ser “un depósito de residuos inertes”.

La plataforma formuló un recurso contencioso administrativo ante lo que consideraban una “vulneración al derecho fundamental a la participación de la ciudadanía”

Por su parte, el portavoz de Irabazi en el ayuntamiento de Donostia, Loïc Alejandro, advierte que la apuesta por la incineración echa por tierra “todos los esfuerzos que se hacen desde los municipios para reutilizar y reciclar más”. No solo eso. “Además, se pagaría una ‘tarifa plana’. Eso significa que dará igual se si llevan tres kilos o 300 mil toneladas de residuos a quemar, porque se abonará por disponibilidad”, destacó el concejal.

De las sospechas al “lenguaje coloquial”

Con esos elementos a la vista, Podemos apuntaba en un comunicado hacia las tramas de intereses que habría detrás de esta iniciativa. “Algunas de las empresas que forman parte de las UTEs que se han presentado para desarrollar este proyecto aparecen en los papeles de tramas de corrupción investigadas en el Estado, como el caso Gürtel”. En efecto, el nombre de Urbaser figura entre algunas de las facturas giradas por el empresario Francisco Correa en sus años de plenitud.

“Algunas de las empresas que forman parte de las UTEs que se han presentado para desarrollar este proyecto aparecen en los papeles de tramas de corrupción investigadas en el Estado, como el caso Gürtel”

Por su parte, la portavoz de Donostia Bizirik dirigió sus sospechas hacia las compañías guipuzcoanas que acompañan a Urbaser en esta operación. “Son empresas que están siempre alrededor del PNV (partido que gobierna en la mayoría de las instituciones vascas) y hacen cuanta obra se precie en Gipuzkoa. Está claro hacia dónde va el beneficio”, apuntó María Luisa Sánchez.

Frente a estas críticas, el concejal de Hacienda de Donostia y presidente de la Mancomunidad de San Marcos (una de las entidades que forman parte del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa), Jaime Domínguez-Macaya (PNV), cree que la incineradora es “un mal menor”. “Si no hubiese residuos sólidos urbanos, no haría falta hacer nada con eso. Pero como hay decenas de miles de toneladas, es la única solución”, sostiene. El edil reconoce que una instalación de ese tipo “no entusiasma” a quienes “les toca soportarla cerca”. “Eso es obvio; ninguna actividad que no sea un parque de hierba entusiasma”, agregó.

Domínguez-Macaya sostiene que la planta que se levantará en Zubieta “es una incineradora en el lenguaje coloquial”. De hecho, él prefiere denominarla como un “centro de valorización energética”. “Allí se quema residuo, pero con eso se saca energía que sustituye otro tipo de energías. No es quemar por quemar”, reivindica. Su postura es compartida por el PSE —que prefirió no hacer declaraciones— y por el PP. “Serán varias instalaciones que darán solución al tema de gestión de residuos durante los próximos 35 años. Creíamos que era necesario solucionar definitivamente este punto”, defiende Txema Murguiondo, concejal del PP en Donostia.

“Aire, agua y suelos”

Según Greenpeace, entre el 20% y el 30% de la basura quemada en ese tipo de instalaciones se convierte en “cientos de miles de toneladas de productos tóxicos”

Sin embargo, el colectivo Greenpeace advierte que los partidos que defienden la incineradora están profundamente equivocados. Según un documento de esta organización, entre el 20% y el 30% de la basura quemada en ese tipo de instalaciones se convierte en “cientos de miles de toneladas de productos tóxicos”. Precisamente, el informe de Greenpeace sostiene que “por sus chimeneas se emiten dioxinas, metales pesados (cadmio, mercurio, plomo...), compuestos orgánicos volátiles (tolueno, diclorobenceno, hexaclorobenceno y otras 186 sustancias más), además de partículas finas y ultrafinas, NOx y CO2”. “Por muy buenos que sean sus sistemas de filtrado o purificación de gases, estos elementos pasan al aire, agua y suelos”, subraya. En Zubieta ya están temblando.