Un juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid ha paralizado de forma cautelar el desalojo de un inmueble municipal de Collado Villalba (Madrid) en el que residían siete personas sin posibilidad de acceder a una vivienda, entre ellas dos menores de edad y una mujer embarazada.

Se trata de un edificio de cuatro viviendas conocido como la Casa de los Maestros, una antigua construcción propiedad del Ayuntamiento que, según los activistas por el derecho a la vivienda de la localidad, llevaba vacía, tapiada y sin uso desde al menos 2015. Allí se instalaron el pasado mayo, según las mismas fuentes, dos familias con menores y dos jóvenes que estaban en situación de calle y sin posibilidad de acceder a una vivienda.

El Consistorio aprobó en pleno el 9 septiembre iniciar los trámites para la recuperación administrativa y estaba previsto realizar el martes el desalojo, para el que se había avisado a los ocupantes con apenas 24 horas de antelación, aunque el Ayuntamiento insiste en que advirtió a los afectados el pasado 12 de septiembre.

La Asamblea de Vivienda de Villalba interpuso un recurso contencioso administrativo contra la decisión del consistorio y pidió medidas cautelares urgentes para paralizarlo. Además había convocado una concentración en las inmediaciones después de que se hubieran desplazado agentes y operarios municipales.

Un día después, el juez admitió las cautelarísimas para evitar un posible daño irreparable a los menores. "Había niños que iban a quedar en situación de calle. Y no había intención por parte del Ayuntamiento de tomar medidas a través de servicios sociales para garantizar una alternativa", apunta a Público Diego Redondo, el abogado que ha recurrido el expediente municipal previo al desalojo.

Según este letrado, el auto del juez apunta a "razones de urgencia claras" al no constar medidas para evitar que los menores queden en situación de calle. Así ha interpretado que para proteger el interés superior del menor el desalojo debía suspenderse cautelarmente.

El movimiento por la vivienda de Villalba recuerda que no es la primera vez que el Ayuntamiento ejecuta un desalojo con menores sin la correspondiente autorización judicial y en un plazo de alrededor de 48 horas.

El pasado febrero, una familia con cuatro menores fue desalojada de otro inmueble público, lo que conllevó una denuncia contra el concejal al cargo por allanamiento de morada.

En esta ocasión, apunta el abogado, el Ayuntamiento tiene un plazo de tres días para presentar sus alegaciones al juez, que tendrá que decidir si mantiene en vigor las medidas cautelares. No obstante, los activistas confían en que sea admitido su recurso por varios "vicios procedimentales", como por ejemplo, que consten dos direcciones diferentes para el inmueble que el Ayuntamiento quiere recuperar.