"Resulta paradójico que 14 años después de aprobarse la ley contra la violencia de género aún no dispongamos de datos que nos permitan evaluar la efectividad de las políticas públicas en materia de violencias machistas",  afirma Francisca Guisando Adame, miembro de la plataforma Estambul Sombra. "No se pueden hacer políticas públicas ni evaluar el impacto de las de las mismas si no disponemos de datos fiables y actualizados que nos permitan evaluar las necesidades", añade.

Guisando realizó estas afirmaciones durante la presentación de los hallazgos que cerca de 200 organizaciones han recopilado en el documento conocido como informe sombra que este viernes se presentó en Madrid.

El objetivo del informe es hacer una radiografía del nivel de cumplimiento de España del Convenio de Estambul, un mecanismo internacional ratificado por nuestro país en 2014 y que será evaluado por el GREVIO (Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, dependiente del Consejo de Europa) que evaluará la aplicación que ha hecho nuestro país del Convenio desde que lo ratificó en 2014. La evaluación comenzará en febrero de 2019 y concluirá con un informe en 2020.

Los informes sombra son un mecanismo del que disponen las organizaciones de la sociedad civil para informar a los expertos de organismos internacionales que evalúan el cumplimiento de los Estados de los tratados que suscriben. El informe que ahora se presenta en su totalidad, fue aprobado el pasado mes de octubre por una plataforma formada ex profeso para esta evaluación y está formada no solo por organizaciones feministas, sino también de derechos humanos y de cooperación al desarrollo. 

La principal conclusión del documento de más de 30 páginas, es que España suspende en muchos de los aspectos cruciales de la lucha contra la violencia de género. LINK

"Se difunde el número oficial de mujeres , niñas y niños asesinados, pero no se explica qué ha fallado en el sistema de protección judicial y social y que se va  a hacer para mejorarlo. Tampoco hay casi datos sobre prevención y los más recientes son de 2015 y  2016". Esta falta de datos es, para las expertas, un serio problema a la hora de decidir dónde irán los 120 millones de euros que se han aprobado para financiar el pacto de Estado a nivel municipal y autonómico.

"Nos encontramos con el hándicap de que la ley integral de 2004, que vino a ser un gran avance en su momento, 14 años después nos presenta dificultades a la hora de abordar las violencias machistas", añade Guisando. La causa de este corsé, es el título segundo de esa norma, que estipula que las violencias de género son las que se ejercen por parte de la pareja o expareja de las mujeres. Esto deja fuera de la cobertura legal y de las políticas públicas cualquier otro tipo de violencias machistas. 

Según la plataforma Estambul Sombra, es necesario la elaboración de una ley paraguas que englobe todas las violencias que se ejercen contra la mujer y que recoge el convenio de estambul, como las violencias sexuales, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, o la trata de personas con fines de explotación sexual.

Batería de exigencias

El informe sombra desgrana los fallos y obstáculos que persisten en nuestro país para la puesta en marcha del Convenio de Estambul y la lucha contra las violencias machistas cuatro años después de que nuestro país lo ratificara y contiene una batería de exigencias de mejora.

Las organizaciones de la sociedad civil exigen más prevención de la violencia de género en la educación, así como mejorar cuantitativa y cualitativamente la formación del personal en la sanidad pública y adecuar los protocolos. Explican que más del 90% de las mujeres utilizan el sistema de salud, por lo que es una pieza clave para la detección precoz de la violencia de género.

También exigen que la atención jurídica, psicológica y social a las víctimas de violencia machista sea más amplia y que se preste antes y no después a una denuncia judicial. Es decir, que el acceso a las prestaciones no esté supeditada a la presentación de denuncia.

El informe abunda también en la necesidad de crear empleo público para atender los servicios de atención a las víctimas de violencia de género. En la actualidad el artículo 19 de la ley de Presupuestos Generales limita esta posibilidad, obligando a los entes públicos a externalizar estos servicios, lo que según el informe "supone una precarización de los mismos".

Exigen, también, acabar con la dependencia económica de las mujeres y resaltan que, pese a que se estima que el 40% de las víctimas dependen económicamente de su maltratador, sólo el 0,5% de las denuncias reciben la ayuda económica de 430 euros durante un período de seis meses y un 23% la percibe la Renta activa de Inserción. 

Otra de las actuaciones urgentes que propone el documento es revisar el sistema de Viogen, la valoración policial que se realiza a las mujeres víctimas de violencia de género para evaluar el riesgo que corren. En la actualidad "el 90% de los casos estima que hay no hay riesgo o que éste es bajo y no incluye a los niñas y niños", claves en la prevención y la protección.

Las organizaciones demandan, también, que nuestro país y la Unión Europea apliquen el Convenio de Estambul en los casos de víctimas cuyo agresor tenga distinta nacionalidad o país de residencia (1 de cada 7 parejas), así como la protección de las españolas que se encuentren en otro país y sean víctimas de  violencia de género.

Exigen que el Convenio de la Haya sobre sustracción internacional de menores no prevalezca sobre el de Estambul, que obliga a la protección de las víctimas de violencia de género en dichas circunstancias. El informe contiene una llamada especial sobre el caso de Juana Rivas, al entender que nuestro país debería reclamar la jurisdicción de la denuncia por violencia de género que presentó Rivas en Granada en 2016 en base al artículo 44.2 del Convenio de Estambul  por la demora del juicio en Italia.

El informe pide que se invetigue el hecho de que los juzgados sólo dicten sentencias condenatorias en 2 de cada 10 denuncias por violencia de género y sólo conceden ordenes de protección en 16 de cada 100 casos. "Entre 2015 y 2017 se han tramitado 438.346 denuncias por violencia de género, una media de 146.100 al año. En uno de cada cuatro casos se solicitaron a los juzgados medidas cautelares de protección de las que sólo se concedieron un 63%, con grandes diferencias territoriales", afirma el informe. 

El documento hace una especial llamada de atención sobre la sobreexposicón a la violencia de genero de mujeres y menores migrantes, para los que pide adecuar la normativa de extranjera, la ampliación de los permisos de residencia y un incremento de las traductoras y las ayudas sociales. "Son extranjeras el 9,6% de las personas residentes en España y el 43% de las víctimas mortales por violencia de genero, sin que les proteja el presentar el 33,7% de las denuncias judiciales". También, critican que de las mujeres que pidieron asilo en España durante 2017, solo el 1,95% obtuvieron el estatus de refugiada que otorga protección legal.

España será evaluada por las expertas del GREVIO en 2020. Para ello, el próximo mes de febrero, el Gobierno deberá responder a una batería de preguntas sobre la  aplicación del Convenio en nuestro país, cuatro años después de haberlo ratificado. En septiembre del año que viene, las expertas del GREVIO visitarán España para reunirse con representantes del gobierno, comunidades autónomas y organizaciones de la sociedad civil. El informe elaborado por las organizaciones sociales se entregará en febrero al comité de expertas del Consejo de Europa para que sea tenido en cuenta a la hora de valorar las actuaciones de nuestro país en relación al Convenio de Estambul.