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Las ONG celebran la sentencia que obliga a retornar a 20 menores repatriados de manera ilegal

La Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces critican al Gobierno por no primar los Derechos de la Infancia sobre el control de las fronteras.

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Una trabajadora del CETI (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes) se despide de un menor migrante, antes de poner rumbo a la península, en la estación marítima de Ceuta. — Antonio Sempere / EUROPA PRESS

Madrid, Actualizado:

La Coordinadora de Barrios celebra la sentencia emitida por un juzgado de Ceuta por la que obliga a la Delegación del Gobierno de la ciudad a retornar a una veintena de menores que fueron repatriados a Marruecos, vulnerando sus derechos fundamentales. 

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Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, afirma tras conocerse la sentencia: "En agosto, cientos de niños volvieron a ser repatriados ilegalmente, solo pudimos defender a algunos de ellos y hoy la Justicia vuelve a dar una varapalo al Gobierno reconociendo que los derechos de la Infancia deben primar sobre el control de nuestras fronteras".

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Reyzábal hace alusión a la situación del pasado mayo, cuando Marruecos abrió la frontera del Tarajal y estos menores entraron a España sin la protección de un adulto. Una vez en suelo español, estos menores desamparados fueron acogidos por el área de infancia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, siendo trasladados, primero, a una nave industrial del polígono del Tarajal y, posteriormente, al Polideportivo Municipal de Santa Amelia.

Javier Baeza: "Exigimos que el Gobierno se comprometa decididamente con los Derechos de la Infancia Migrante"

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Desde el pasado 13 de agosto, se iniciaron las repatriaciones sin garantías legales. Con la coordinación de las organizaciones Fundación Raíces, Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen, Andalucía Acoge, Ex Menas Madrid, Elin y Gentium Maakum, denunciaron por diferentes vías la ilegalidad de estas repatriaciones.

También se ha pronunciado, Paloma García de Viedma, la abogada de Fundación Raíces, acerca del fallo: "El Juzgado ha declarado que la Delegación de Gobierno repatrió niños sin valorar su interés superior, sin respetar el procedimiento legal y sin comprobar previamente en qué situación quedarían esos niños una vez repatriados".

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De los 20 menores representados por las ONG: 12 fueron repatriados antes de que el Juzgado acordara la medida cautelar de sus repatriaciones y tres de ellos fueron repatriados igualmente pese al auto del juzgado que expresaba el cese de tales repatriaciones. Sobre esta actuación de la Administración, la sentencia ha expresado con contundencia: "No es que se haya omitido alguno de los trámites, es que se han omitido todos". Así mismo, el fallo ha recordado que la repatriación "no puede ser un fin en sí mismo, sino que debe ser adecuada al fin que persigue, que no es otro que el interés superior del menor". 

"Celebramos estas sentencias que reconocen los derechos de 20 menores" dice una de las abogadas de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, pero recuerda que "otros niños y niñas fueron expulsados a Marruecos de manera ilegal entre mayo y agosto, que no pudieron contar con defensa letrada y de los que ninguna administración se ha preocupado".

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De manera severa, Javier Baeza, el presidente de la Coordinadora de Barrios, ha expresado: "Exigimos que el Gobierno se comprometa decididamente con los Derechos de la Infancia Migrante, que cese las devoluciones sumarias sobre niños, niñas y personas vulnerables".

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