El nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Podemos afronta este martes el primer test administrativo acerca de sus intenciones en el campo de la regulación del cannabis. El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, un grupo español de expertos del ámbito jurídico, sanitario y otras disciplinas, va a presentar ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) un escrito en el que solicita información detallada sobre la concesión de autorizaciones para el cultivo de marihuana con fines medicinales o de investigación que concede este organismo dependiente del Ministerio de Sanidad.

Este grupo de expertos ha decidido recurrir a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013 para intentar conocer los procedimientos de la Agencia de Medicamentos, que, a su entender, hasta ahora ha llevado a cabo los trámites de concesión de licencias con una opacidad absoluta, sin que se conozcan las razones por las que se aprueban unas y se rechazan otras, favoreciendo a las grandes empresas y dejando fuera a pequeños cultivadores y emprendedores.

Según los datos de la AEMPS del pasado año, en España hay cuatro empresas con autorización para cultivar un total de 15,3 hectáreas de cannabis destinado al uso médico y científico: Cafina, con sede en Alicante, Linneo Health, con capital británico y participada por el empresario Juan Abelló con amplia trayectoria en la industria farmacéutica, Oils4cure, radicada en Madrid, y Cannabinoids Spain, ubicada en Córdoba. Además, hay otras seis entidades que cuentan con una autorización para cultivar con fines únicamente de investigación. Y entre 2018 y 2019, la Agencia recibió 44 solicitudes de permiso para cultivar.

Ahora, el Observatorio va a solicitar por escrito a la Agencia de los Medicamentos que le informe del número, tipo de autorización y beneficiarios de los permisos concedidos para el cultivo de cannabis desde 2015 hasta la fecha. Además, va a pedir que este organismo del Ministerio de Sanidad especifique qué condiciones exigió para permitir que la licencia que se concedió al grupo nacional Alcaliber se traspasase posteriormente, según sus informaciones, por un valor de 9,4 millones de euros al internacional Linneo Health, participado por el fondo británico GHO, radicado en las Islas Caimán. Igualmente, esta organización quiere saber cuáles son las empresas con autorización para productos cosméticos con cannabinoides y cuáles utilizan, si son sintéticos o naturales, nacionales o de importación, y si son de cultivos de la propia empresa o comprados.

La falta de transparencia del Gobierno en esta materia ha llegado al extremo, según el grupo de expertos del Observatorio, de que en las respuestas que se han dado a los grupos parlamentarios en los últimos años, a preguntas que han formulado sobre las licencias concedidas y los criterios seguidos para ello, no han coincidido las cifras aportadas en cada una y tampoco con los datos expuestos en la web de la Agencia Española de los Medicamentos.

Las normas por las que se rige la AEMPS para la concesión de licencias para cultivo de cannabis con fines científicos o medicinales son, además, preconstitucionales, ya que desde la reinstauración de la democracia no se ha aprobado ninguna ley que regule esta materia. El Ministerio de Sanidad, por tanto, sigue basándose en lo dispuesto en la Ley de 1967 de Normas sobre Estupefacientes para adaptarlas al Convenio de 1961 de Naciones Unidas, firmada por Francisco Franco, y en la Orden de 1963 sobre cultivo de plantas medicinales relacionadas con los estupefacientes.

Las concesiones se hacen por un periodo de un año, que puede ser prorrogado previa presentación de resultados, y para conseguirlas las empresas o entidades solicitantes deben detallar la previsión de superficie a cultivar, el origen y las variedades de semillas, la cantidad de THC y CBD de las plantas y el destino de la producción, entre otros datos. Sin embargo, toda esa producción debe ser exportada a otros países, porque en España no está permitido el uso medicinal del cannabis.

Reunión con grupos políticos

Representantes del Observatorio Europeo se van a reunir hoy también con varios grupos parlamentarios para presentarles sus iniciativas a favor de la regularización del cannabis en España, una vez que ha echado a andar la nueva legislatura. Este grupo de expertos ya mantuvo encuentros el pasado mes de junio con integrantes de una docena de formaciones políticas en el Congreso de los Diputados para presentarles una propuesta sobre regulación integral del cultivo.

En ese momento, varios grupos les sugirieron que planteasen mejor alguna iniciativa sólo sobre regulación del cannabis medicinal, porque entendían entonces que era la más factible de llevar a cabo ahora en nuestro país, bastante más viable que una que incluyese también el uso recreativo.

La propuesta de ley sobre cannabis medicinal que ha elaborado esta organización consta de 123 artículos, seis disposiciones adicionales y cuatro finales, en los que se regula el cultivo de la planta destinada a uso medicinal y terapéutico, el acceso a las semillas, la distribución de su producción, las asociaciones de usuarios y un amplio régimen sancionador para las infracciones de esta normativa.