Nueve víctimas de pederastia denuncian a la Conferencia Episcopal por revelar su identidad en Internet

Un total de nueve víctimas de pederastia han denunciado este lunes a la Conferencia Episcopal Española (CEE) por difundir sus datos personales y detalles de las agresiones sexuales que sufrieron a través de Internet, según ha publicado El País. La querella se dirige contra la institución y contra los obispos que revelaron la identidad de las víctimas en los portales web de sus diócesis entre diciembre y enero de este año.

Los sacerdotes publicaron la identidad de 45 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en un documento que debía ser confidencial, porque formaba parte del informe que el organismo encargó al bufete Cremades & Calvo-Sotelo a raíz del escándalo. Los obispos no solo revelaron el nombre y los apellidos de las víctimas, sino que también colgaron en Internet los testimonios sobre las agresiones sufridas durante su etapa escolar. 

La CCE se percató del error y retiró de su página web el archivo con los datos, pero la información circuló por Internet hasta cuatro meses después. La Iglesia no denunció los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) –como obliga el reglamento– y tampoco avisó a las víctimas de la filtración. El despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que tenía a Juan Carlos Girauta como socio, también rechazó poner el incidente en manos del organismo público. 

Las víctimas acusan a la CEE de un delito de revelación de secretos y encubrimiento. El abogado de las víctimas, Luis Felipe Gómez Ferrero, explica a El País que "independientemente de la gravedad que supone un delito de filtración de estos datos (...), la denuncia recoge el sufrimiento que han padecido durante décadas" medio centenar de personas. 

La Conferencia Episcopal podría haber incurrido en un delito contra el derecho a la protección de datos, que contempla multas de hasta 20 millones de euros. La institución eclesiástica y el bufete rechazan asumir responsabilidades y se culpan mutuamente de lo ocurrido. Los datos filtrados forman parte de la auditoría que la CEE encargó al despacho de abogados en 2022 para investigar la pederastia en la Iglesia.