El 14 de diciembre de 2013 la Coordinadora 25-S convocó un Rodea el Congreso contra la denominada ley mordaza. Instantes previos a la movilización, varias personas entre 17 y 23 años fueron identificadas por la Policía Nacional. Días después se detuvo a algunas de ellas, a las que fueron a buscar a institutos y domicilios particulares.

Tras seis años de instrucción del caso, la Fiscalía pide para nueve de ellas seis años de prisión por atentado y resistencia a la autoridad y desórdenes públicos; algo que la defensa de los acusados ve inasumible debido a que no existe ninguna prueba, más allá del testimonio de los agentes que inculpa a los encausados, por lo que pedirá su absolución en el juicio que se celebrará el próximo miércoles 27 de noviembre. 

En una rueda de prensa en la que han participado Álex Martínez, uno de los acusados, Ertlanz Ibarrondo, el abogado defensor y Marta González, del colectivo Madres contra la represión, se ha explicitado la “poca solidez de las acusaciones”, en términos del letrado refiriéndose al “pack represivo” que les imputan. Ha sido el propio abogado el que ha querido abrir un interrogante basándose en “un hecho objetivable”, como que las peticiones del Ministerio Fiscal en lo que respecta a casos de movilización social “hayan subido de tal forma que ahora se sitúen entre los cinco años y medio y los once años y medio de prisión”. Así, Ibarrondo se pregunta “si es aleatorio que todos los fiscales se hayan puesto de acuerdo para pedir penas tan altas o si siguen alguna directriz”.

La Ley de Seguridad Ciudadana, que pronto fue tildada de ley Mordaza por los movimientos sociales, también vino acompañada por una reforma del Código Penal que, en los propios términos del letrado, “no se sabe si estas leyes se hicieron para criminalizar la protesta pero es lo que han conseguido”.

González, activista de Madres contra la represión, se pronuncia en la misma sintonía que el abogado aludiendo a los tiempos tan dilatados con los que ha actuado la justicia: “Aunque queden absueltos, jugar con seis años de la vida de unos jóvenes y sus familias tan solo por acudir a una manifestación es un acto de represión”. Además, ha añadido que “una vez más, la maquinaria perversa y torticera de este Estado represor utiliza todos sus medios y su naturaleza manipuladora para distorsionar una manifestación de carácter reivindicativo y no violento y convertirla en una persecución, criminalización y posible condena de doce jóvenes"

Seis años de “pena de banquillo”

El propio Ibarrondo aborda el largo tiempo de instrucción llamándolo “pena de banquillo”, en el que las nueve personas a las que se les solicitan seis años de prisión “no han vuelto a poder manifestarse libremente”. De hecho, una de las medidas que les impusieron fue una orden de alejamiento al Congreso  de los Diputados. Martínez, uno de los procesados, declara que eso les hizo “no poder ir a la Plaza del Sol ni muchas otras zonas de Madrid centro”.

Es el mismo acusado el que ha recordado a todas las víctimas de violencia machista debido a que la rueda de prensa coincidía con el 25N, el día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género. Martínez ha recalcado que tras las detenciones estuvieron 36 horas en aislamiento. Del mismo modo, en torno a una decena de los acusados tuvieron que hacer frente a una multa subsidiaria y solidaria de unos 10.000 euros, que les devolverán si finalmente la sentencia es absolutoria.

Martínez también ha rememorado la incertidumbre y el malestar en el que ha vivido estos seis años: “Tener que explicar a tu gente cercana que esto podía pasar y que quizá en unos meses estás en la cárcel es muy duro”. También se ha pronunciado respecto al proceso de instrucción alegando que “si la justicia es lenta, no es justicia; y si la injusticia es lenta, es aún mayor la injusticia”.

Ibarrondo ha mostrado su perplejidad al analizar los momentos y situaciones, tanto de las identificaciones como de las detenciones. Aunque la data de las filiaciones no aparece en el auto judicial, el abogado ha expresado que el proceder de los agentes “genera bastantes dudas al respecto”. Ha resumido su posición declarando que “si los acusados hubieran participado en los incidentes, hubieran sido detenidos al instante”, algo que no ocurrió ya que las detenciones tuvieron lugar días después de los presuntos delitos.

De esta forma, el próximo miércoles un total de 12 personas, de las cuales nueve se enfrentan a seis años de prisión cada una, se sentarán en el banquillo de los acusados por la imputación de los delitos de desórdenes públicos y resistencia y atentado contra la autoridad; unos actos no probados más allá del testimonio de los agentes que ocurrieron hace seis años en el marco de movilizaciones contra la aprobación de la ley mordaza, que acabó ejecutándose en 2015.