Ellos dicen que Noruega no es el país que la mayoría de europeos piensa que es. El de los premios Nobel, el que promueve la paz y la concordia, el del Estado del bienestar, la igualdad y la justicia social. Ellos dicen que son la prueba viviente de que esa imagen que el mundo tiene del país nórdico no se corresponde del todo con la realidad. Se han manifestado en un centenar de ocasiones: en Madrid, en Oslo, en Bruselas, en Santiago, en París, en Berlín, en Londres, en Dublín, en Estrasburgo, en Copenhague… Han expuesto su caso a la Xunta, a los Gobiernos español y noruego, a la UE, a la ONU, a la Organización Internacional del Trabajo. Y aunque aún no han conseguido su propósito, aseguran que no dejarán de intentarlo.

Ellos son cerca de 12.000 marinos mercantes, la mayoría gallegos, que trabajaron embarcados en la flota noruega durante lustros y a los que el país nórdico se niega ahora a pagarles la pensión que les corresponde. Todos son veteranos profesionales que se ven, ellos y sus familias, abocados a subsistir sin ayuda cuando más la necesitan, jubilados después de haberse pasado una vida entera en el mar.

A finales de la década de los cincuenta del siglo pasado, unos 200 marineros gallegos se embarcaron en la flota mercante noruega, que buscaba mano de obra especializada y que había acudido a cubrirla a la España de Franco, en la que Galicia, una de sus regiones más pobres, se desangraba entre exilios y migraciones forzados por la miseria y las persecuciones políticas de posguerra. Aquellos gallegos eran tipos duros, formados, serios, y capaces, y los armadores del país nórdico se dieron cuenta de que tenían en ellos un filón para nutrir sus roles en pleno bum del comercio marítimo internacional. Cinco años después, se llevaron a otros 3.500 marineros de toda España. Y desde entonces hasta mediados de la década de los noventa, siguieron haciéndolo.

“Nos prometieron los mismos derechos y obligaciones que a los compañeros noruegos. Pero nos estafaron”, cuenta Alberto Paz, portavoz de Long Hope, la asociación que crearon hace diez años para luchar por su derecho a una pensión. Él es de Porto do Son, una pequeña localidad portuaria de la costa sur de A Coruña, en la ría de Noia, donde hay pocas familias que no estén relacionadas con el mar. Alberto ya navegaba como aprendiz con 17 años, y fue segundo marinero y marinero hasta llegar a contramaestre. En 1986 emigró a Dinamarca para embarcarse en un buque de ese país. Luego se fue a Noruega, donde estuvo más de quince años trabajando.

Por entonces, en España apenas se pagaban impuestos. Pero en Noruega, sí. A los primeros marinos españoles que llegaron, el Gobierno de Oslo empezó detrayéndoles un 15% de su salario en concepto de impuesto sobre la renta. Pero a partir de la reforma fiscal de 1970, la tasa subió, hasta entre el 20% y el 30%. Pagaban como cualquier ciudadano del país, aunque hasta 1994, cuando se creó el Espacio Económico Europeo —que asocia a los 28 miembros de la UE con Noruega, Islandia y Liechtenstein— aquellos marinos emigrantes no tenían derecho al subsidio de desempleo, ni a ninguna de las ventajas sociales que deberían haber disfrutado por tributar en aquel país.

Estaban en el mar, y a pesar de que la normativa internacional considera que la bandera de un barco extiende a éste el territorio del Estado al que representa, a ellos no los consideraban residentes. Por esa misma razón, la Seguridad Social noruega se negó a que cotizaran.

A eso se aferra ahora el Gobierno de Oslo para negarles una pensión de jubilación. Y parece un argumento jurídicamente razonable, aunque esconde una práctica antisocial que legalizó una situación discriminatoria de explotación de aquellos trabajadores. En Noruega, la cotización a la Seguridad Social representa alrededor de un 24,6% de la nómina de un trabajador. “Éste aporta el 3,5%, el Estado financia un 14,1% y el empresario, el 7% restante. Así que entre 1948 y 1994, el Estado noruego se ahorró con nuestras cotizaciones unos 3.500 millones de coronas, que serían unos 520 millones de euros de hoy. Los armadores, por su parte, se ahorraron unos 14 millones de coronas —1,5 millones de euros— al año”, explica Alberto Paz.

“Por eso pudieron hacer una de las flotas más competitivas del mundo. Tenían costes muy bajos y nadie podía competir con sus fletes”, añade el portavoz de Long Hope, quien recuerda que Noruega lleva años financiando parte de sus pensiones con los presupuestos generales del Estado. Es decir, con los impuestos. Como los que ellos pagaron en su día.

Después de casi 10 años intentando negociar con Oslo para que les reconociera el derecho a una pensión o les devolviera lo que tributaron, Long Hope recurrió a la justicia. En abril del año pasado, un juzgado de Oslo rechazó su pretensión, aunque el Gobierno tuvo que admitir que los afectados habían tributado allí sin disfrutar de ninguna de las ventajas que obtendría cualquier contribuyente: “No teníamos nada: ni subsidio de desempleo, ni ayudas por hijos, ni derecho a becas de estudios, ni rebajas fiscales por alquilar una vivienda. Nada de nada”, dice Paz.

Ahora el caso está en el Tribunal Supremo de Oslo, que lo verá el próximo mes de febrero. Si no les da la razón, al menos habrán agotado la vía judicial en Noruega para poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde sí esperan ganar.

Los marineros se quejan de la poca atención que les han prestado hasta ahora las instituciones: “Los gobiernos de Rajoy no hicieron nada por nosotros. Y la Xunta, la verdad es que ni está ni se la espera”, dice Paz, quien subraya que España podría hacer mucho más presionando a Oslo usando la vía diplomática. Esa fue la idea que le transmitió al ministro de Exteriores, Josep Borrell, en una entrevista celebrada al poco de que llegara al cargo.

Poco después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se interesó por el tema ante la primera ministra noruega, Erna Solberg, con quien se reunió en Bruselas en julio y quien se limitó a responderle que el asunto está pendiente de resolución firme en la justicia de su país.

Unos días más tarde, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una propuesta para instar al Gobierno español a que presentara una demanda interestatal ante Noruega, alegando que se vulneraron sus derechos sociales al haberles exigido la residencia efectiva en el país para incluirlos en su sistema de Seguridad Social. El PP votó a favor a pesar de que, según Paz, los gobiernos de Feijóo y de Rajoy nunca hicieron nada por ellos.

La intuición es que algo empieza a moverse. Porque ellos seguirán haciéndolo. Hace unos días estuvieron en Copenhague. Y a principios de año, en Oslo, frente al Palacio Real, el día en que se entregaron los Nobel. “Nos pusieron bajo la lluvia en una zona sin resguardo, pensando que no íbamos a aguantar. Allí estuvimos, tres horas a quince grados bajo cero”, cuenta el portavoz de Long Hope.

El próximo día 21 llevarán su protesta a Estocolmo, y más tarde, a Helsinki. “Noruega se ha portado con nosotros con racismo y avaricia. Y no pedimos limosna. No queremos exprimirles porque parezcan un país rico, ni porque tengan esa falsa imagen de estado igualitario y socialmente concienciado. Lo que pedimos es justicia”, dice Paz. Y subraya que España también tiene la obligación de defenderlos a ellos. Porque lo dice la Constitución, en su artículo 42: “El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero”.