Han sido semanas de movilizaciones a lo largo de todo el territorio valenciano. Los productores de cítricos han dicho basta y han salido a la calle. De hecho, la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, que ha sumado sinergias reivindicativas en diferentes comarcas, ha anunciado nuevas manifestaciones para el próximo 25 de febrero en defensa de la citricultura. El objetivo: seguir haciendo visible la problemática del sector ante las diferentes instituciones y reclamar un cambio normativo en el contexto europeo ante los tratados internacionales que facilitan la importación de naranja de terceros países sin una reciprocidad con las reglas comerciales comunitarias.

De hecho, la campaña citrícola de este año ha sido descrita por el propio sector como la de la tormenta perfecta. Al frío tardío y las lluvias torrenciales, se ha hecho irrebatible que la competencia de la naranja sudafricana ha desplazado al cítrico valenciano en los lineales de los supermercados europeos. Como consecuancia, se ha producido una bajada de los precios en torno a un 23% de media en relación con la campaña anterior. Miles de toneladas de satsumas y clementinas se esparcen por los suelos del campo valenciano. El agricultor de la mayor zona productora y comercializadora del Estado abandona ante la falta de rentabilidad. Ya en diciembre, la campaña alcanzaba los 130 millones de euros de pérdidas.

Desde las organizaciones agrarias no dan crédito a las respuestas proporcionadas por la Comisión de Agricultura europea, que el pasado 25 de enero lanzó balones fuera y adujo condiciones organizativas internas españolas como causantes de la problemática. Uno de los representantes de la delegación valenciana desplazada a Bruselas fue Carles Peris, secretario general de La Unió de de Llauradors, quien insiste en que hay datos suficientes que demuestran el impacto negativo sobre los productores europeos. Desde la aplicación del tratado en 2016, las exportaciones sudafricanas han crecido más de un 40% hasta llegar a una cifra de más de 800.000 toneladas. Para Peris, es fundamental renegociar los tratados internacionales y, mientras tanto, aplicar la cláusula de salvaguarda.

«Competencia desleal»

Desde La Unió de Llauradors ponen el acento en la «competencia desleal» que el acuerdo con terceros países supone en materia fitosanitaria, medioambiental y laboral. «No tiene sentido que Europa promocione una agricultura sostenible y segura para el consumidor, y solamente lo exija a los productores europeos. Se debería preocupar de las materias activas que están produciendo en países terceros», sostiene Peris. Fue La Unió de Llauradors, de hecho, quien emitió recientemente un primer estudio sobre la importación de cítricos de Sudáfrica que determina que se han hallado más de cincuenta materias activas de productos fitosanitarios prohibidas en la Unión Europea.

Otro de los elementos es la aplicación del tratamiento en frío para garantizar la no introducción de plagas. Peris apunta que, de las últimas once plagas introducidas en la citricultura estatal, cuatro han provenido de Sudáfrica, como consecuencia de no aplicar un control unificado en los puertos de entrada de todo el continente. «Las administraciones públicas están destinando unos recursos de todos para investigación en sanidad vegetal y control de esas nuevas plagas, por el simple hecho de no hacer un control eficiente», dice el secretario de la organización.

Según los estudios realizados por las principales organizaciones del sector, la producción de cítricos en Sudáfrica cuesta entre diez y doce céntimos de euro el kilo. El precio medio en el Estado se sitúa entre los 22 y los 24 céntimos. Se apunta que un recolector sudafricano cobra hasta diez veces menos de lo que cobra uno en el campo valenciano. Un dato sorprendente, teniendo en cuenta la ya situación de precarización que padece el mercado de la recolección de la naranja en el País Valenciano, donde algunas empresas han sido expedientadas por contratar collidors pagándoles la mitad del sueldo que establece el convenio. Por ello, algunos colectivos ponen énfasis en que la crisis de los precios no puede convertirse en una excusa para no avanzar en los derechos laborales de los trabajadores asalariados del campo.

Acuerdos de tintes coloniales

El futuro del campo valenciano está en juego. A pesar de las críticas vertidas estos días por una supuesta atomización del sector —que se explica, en parte, por el carácter minifundista del campo valenciano—, o la reivindicación de infraestructuras necesarias como el Corredor Mediterráneo para optimizar la distribución, lo cierto es que el foco está puesto en Bruselas y las políticas comerciales. Unos acuerdos planteados en términos de perjuicio tanto para los países comunitarios como para los terceros países. Lo explica Jordi Sebastià, eurodiputado de Compromís: «Son tratados indecentes. La idea es ayudar también a aquellos países pero casualmente siempre les ayudamos dejando que exporten el sector primario y enviándoles producto elaborado. A eso siempre se le ha llamado colonialismo». De conformidad con los datos arrojados por un informe del Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies sudafricano, un porcentaje muy mayoritario de las producciones en Sudáfrica se encuentran en manos de agricultores blancos. «Al final se premia un determinado modelo, el de los latifundistas blancos que ocupaban esas propiedades durante el apartheid. En Sudáfrica no se está potenciando la agricultura familiar. Por eso tenemos que conseguir quitar el paquete agropecuario de las negociaciones de los tratados comerciales», razona Sebastià. El eurodiputado recuerda que el tratado con Sudáfrica, así como con otros países, va indisolublemente ligado al acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, el CETA.

Sebastià recalca que conseguir la cláusula de salvaguarda supondría un soplo de autoestima importante en un colectivo que tiene mucho que ver en la gestión del territorio. «El día que estos labradores abandonen definitivamente, estaremos ante un territorio muerto, y deberemos convivir con plagas, incendios, enfermedades...», subraya. Hay un precedente que juega a favor: la cláusula de salvaguarda para el arroz, otro sector afectado por las importaciones de Camboya y Myanmar. En la teoría, el acuerdo beneficiaba ambas partes económicamente y tenía como objetivo la aplicación de políticas de protección de los derechos humanos. Un propósito cuanto menos llamativo para Sebastià, a la vista de los acontecimientos en la crisis de los rohingya, que ha supuesto un éxodo masivo de población. De momento, el único avance de la Comisión de Agricultura europea es la aprobación inminente de una directiva que persigue frenar los abusos de los comercializadores sobre los productores en la cadena agroalimentaria. En el reparto de este circuito, el agricultor recibe el 19% de lo que genera.

La cláusula de salvaguarda para el arroz del mercado de la Unión Europea fue presentada por Italia. Tanto Sebastià como Peris coinciden en señalar que al gobierno español siempre le ha costado mucho defender su agricultura. De hecho, la ministra de Economía, Nadia Calviño, llegó a señalar en diciembre que esta crisis del sector citrícola no suponía un serio problema y no era necesario adoptar medidas. Estas declaraciones fueron realizadas mientras en el mercado se solapaban las producciones europea y sudafricana gracias a un acuerdo que prevé exportaciones sudafricanas durante todo el año para 2026. Mientras tanto, Iberdrola y otras empresas de energía renovable siguen expandiendo su presencia en Sudáfrica. «El tratado con Sudáfrica podría ser beneficioso para España, pero para los valencianos es una catástrofe», concluye Sebastià.