Una multa deja en el aire la investigación por el mayor foco de contaminación de España

El Ministerio de Medio Ambiente ha dejado en una multa de 161.761 euros y una indemnización de 32.358 la sanción al Gobierno de Aragón por el vertido de lindano, un residuo cancerígeno de la producción de fitosanitarios, que en marzo de 2015 y procedente de una obra pública contaminó las aguas del río Gállego, en el prepirineo oscense, y dejó sin suministro de agua de boca a ocho pueblos que suman más de 5.000 vecinos.

Esa multa entraña el riesgo de hacer descarrilar el proceso penal abierto para investigar una serie de presuntas negligencias en el traslado del mayor foco de contaminación del sur de Europa: las más de 120.000 toneladas de residuos de lindano enterradas entre 1975 y 1989 por la empresa Inquinosa, el traslado parcial de las cuales a una celda de seguridad en junio de 2014 ya había extendido la contaminación a lo largo de al menos 300 kilómetros de los cauces del Gallego y el Ebro  (aparecieron peces con residuos en Ascó, Tarragona) y llegó a poner fuera de servicio uno de los embalses del mayor sistema de regadío de Europa, Riegos del Alto Aragón. Además de dejar sin agua a esas mismas poblaciones.

El segundo vertido llegó al río por uno de los mismos conductos que provocaron el primero, el desbordamiento de una arqueta instalada para enviar a un depósito, desde el que luego se trasvasan a una depuradora, el agua contaminada de lindano que recibía. La primera vez, por falta de capacidad; la segunda, por desidia o por despiste de alguien, ya que quedó taponada por la caída de una señal mientras una tormenta elevaba el caudal contaminado que le llegaba.

La aplicación de una excusa absolutoria en el caso de los vertidos de lindano no supondría, en cualquier caso, algo novedoso en los grandes procesos por daños al medio ambiente: la Administración y sus empleados fueron absueltos de cualquier responsabilidad en la marea negra del Prestige, Boliden Apirsa fue exonerada en el reventón de la balsa de Aznalcóllar  que asoló Doñana y el primer empresario encarcelado en España por delito ambiental, Josep Puigneró, acabó exculpado en la vía penal porque su empresa había sido multada, por esos mismos vertidos, por la Generalitat.

“Irresponsabilidad y falta de cumplimiento”

Las investigaciones del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil sobre el primero de esos vertidos, que comenzó en junio de 2014 durante el traslado de residuos de foco principal de contaminación a una nueva celda de seguridad, y se mantuvo activo durante meses, dieron pie a una causa judicial en la que hay 14 imputados (los dos últimos declararon la semana pasada), entre ellos cargos del Gobierno de Aragón y de la sociedad pública Sarga que impulsaron la obra y de las empresas que la ejecutaron.

Los investigadores apuntaron a la “la irresponsabilidad y falta de cumplimiento estricto de los procedimientos de control en la seguridad ambiental establecidos en los protocolos y autorizaciones ambientales existentes” como la causa del derrame principal tras detectar trece irregularidades en el traslado de los lodos, operación que el Gobierno de Aragón contrató con una UTE formada por FCC y la empresa Hermanos Adiego.

Las investigaciones policiales sobre el segundo derrame fueron incorporadas al mismo sumario, que instruye el Juzgado número 1 de Jaca. Fuentes jurídicas apuntaron la posibilidad de que la multa de Medio Ambiente al Gobierno de Aragón pueda ser utilizada por las defensas para pedir la exculpación de los investigados (y de la comunidad autónoma como eventual responsable civil), al menos en lo referente al segundo vertido, ya que no puede haber más de una sanción por un mismo hecho. En este caso, quedaría reducida a la administrativa, cercenando la vía penal.

No obstante, otras fuentes ponen en duda esa posibilidad al no afectar a la parte central de la causa. Esta, que se centra en el primer vertido, dio lugar a otro expediente sancionador por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que se encuentra suspendido desde mediados de 2015, a la espera de ver cómo evoluciona el proceso penal.

Ratificación y recurso

El Gobierno de Aragón, que atribuye el segundo derrame a un accidente y mantiene que el desbordamiento de la arqueta solo duró unos minutos, hasta que los operarios se percataron de lo sucedido, ha recurrido la sanción. Tanto el corte de agua como el cierre del embalse de La Sotonera para evitar el riego de campos con agua contaminada se prolongaron durante varios días.

La comunidad autónoma, que alega que no hay base para sancionar el vertido, ha recurrido su ratificación por parte de Medio Ambiente . Alega, además de cuestiones formales, que “la tipificación de la sanción como grave se adoptó sin justificación alguna, así como la cuantificación de la sanción en base a los criterios aportados por la propia Dirección General de Calidad Ambiental, a la que ahora se pretende sancionar”.

“No parece lógico -afirma el Gobierno de Aragón- que el presunto responsable de los hechos que se pretenden sancionar en este procedimiento sea el que haya analizado más minuciosamente las consecuencias de un desbordamiento que produjo el vertido calificado como infracción”, afirma otro párrafo del texto del recurso.

Residuos tóxicos y metales pesados

La existencia del considerado como el mayor foco de contaminación del sur de Europa, 120.000 toneladas de residuos tóxicos (benzeno, clorobenzeno, clorofenoles y hexaclorociclohexanos) acumulados en los antiguos vertederos de basuras de Bailín y Sardas, en Sabiñánigo (Huesca), es el legado de la empresa química Inquinosa y de la dejadez de todos los escalones de la Administración desde principios de los años 70.

La actividad de esa fábrica, entre otras, convirtió también en una bomba de relojería el pequeño embalse situado en el río Gállego a su paso por esa localidad, en cuyos lodos se acumulan hasta 17 tipos de residuos tóxicos y metales pesados. Además, el efecto de la lluvia en los más de 40 años que esos productos llevan sepultados en la zona ha generado en el subsuelo bolsas con más de 4.000 toneladas de lixiviados.

Esos lixiviados son destructibles, sí, pero con elevados costes y procesos de precisión. El Gobierno de Aragón estima que la limpieza no podrá realizarse en menos de 25 años ni por menos de 550 millones de euros.

Los dos derrames que investiga el juez de Jaca, del segundo de los cuales originó la multa, se produjeron por primera vez en el traslado de residuos sólidos de Bailín en junio de 2014 y se repitieron en marzo de 2015.