Las mujeres del mundo rural permanecen muchos años, una media de 20, en relaciones de maltrato y violencia de género antes de ser capaces de denunciar o verbalizarlas. Los motivos de esta tremenda demora son complejos y variados. Entre ellos figuran razones como la dependencia económica hacia su maltratador, el miedo a su reacción, la vergüenza o el férreo control social y familiar. Pero hay también otros como el desconocimiento de los recursos de protección a su alcance, la desconfianza hacia su efectividad, el aislamiento geográfico, la dificultad para desplazarse por falta de medios de transporte o de comunicaciones.

Estos son sólo algunos de los "numerosos obstáculos" con los que se encuentran las mujeres del ámbito rural para luchar contra la violencia machista.

Un estudio presentado por el Ministerio Igualdad tiene por finalidad hacer una radiografía sobre los factores que influyen en la mayor vulnerabilidad de las mujeres rurales y poder desarrollar políticas públicas y actuaciones que vayan encaminadas a la detección precoz de los casos, faciliten su acceso a los recursos especializados y les permitan poner fin a las relaciones de maltrato a las que se enfrentan.

El estudio, elaborado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) y titulado Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural, pone de manifiesto la forma en que en este entorno se perpetúan el machismo y los roles de género y de dominación. Esto, unido a una falta de concienciación social sobre la violencia como un hecho estructural, hace que muchas mujeres lo perciban y lo vivan como un problema dentro de la pareja, un asunto privado, por lo que la acaban sufriendo en silencio, afirmó Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

La realización de este estudio, un mandato contenido en uno de los puntos del pacto de Estado contra la violencia machista que aprobó en Congreso en septiembre de 2017, viene a arrojar luz, "a poner una lupa sobre la situación de estas mujeres", afirmó Rosell, quién añadió que en nuestro país viven alrededor de siete millones de mujeres en municipios de menos de 20.000 habitantes. "Si no queremos una España vaciada, tenemos que llenarla de servicios públicos y de derechos", añadió.

El estudio se ha realizado en siete comunidades autónomas, elegidas por su ruralidad y dispersión como variables más influyentes en la representatividad y utilidad de los datos: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja. Las entrevistas se han realizado en municipios de hasta 20.000 habitantes. En total se realizaron 167 encuestas a mujeres, 333 encuestas a profesionales de los servicios de atención a víctimas de violencia machista y 23 entrevistas en profundidad a mujeres víctimas y usuarias de diversos servicios de atención a víctimas (servicios sociales, policiales, sanitarios y otros de atención a la mujer).

Múltiples violencias simultáneas

El informe indaga en la percepción que tienen las mujeres de estos territorios sobre la violencia de género. Según el resultado de estas encuestas, no existe un perfil concreto, o un patrón de mujer susceptible de considerarse como víctima de esta violencia, aunque sí se observan ciertos factores de riesgo y situaciones de vulnerabilidad comunes. En general viven en entornos donde son habituales los modelos patriarcales, las creencias sexistas y discriminatorias de género, tanto en las familias de origen de las víctimas, como del agresor (un 47% de las mujeres consideran a las familias de sus parejas o ex -parejas "machistas" y más del 80% de las mujeres entrevistadas hablan de la existencia de machismo generalizado en el mundo rural).

Manifiestan que la violencia no ocurre en un único lugar, sino que el 55%, afirman que la violencia se ejerce en todos los ámbitos de la sociedad.

Tampoco identifican un tipo de violencia como mayoritaria. Aunque reconocen que la que más se ejerce es la psicológica (un 96,38%), ésta está seguida de cerca de la física (92,77%), la sexual (72,29%), la económica (60,84%) o la vicaria (la que se ejerce sobre otros para hacer daño a la mujer). Todas ellas con porcentajes muy por encima del 50%, lo que indica "que son violencias que se ejercen al mismo tiempo en la mayoría de las ocasiones de manera simultánea o consecutiva".

Entre las 22 entrevistas personales a mujeres que han sufrido violencia de género, cabe resaltar que el 100% de ellas afirma haber sufrido violencia psicológica, seguida de la física (78,26%) y la económica (56,52%) como las formas más prevalentes. La violencia sexual se ha identificado en un 39,13% de las mujeres víctimas, dato que las investigadoras consideran bajo, al ser un asunto sobre el que a las entrevistadas les costaba verbalizar.

El estudio incide en la "falta generalizada de conocimiento" por parte de las entrevistadas de los recursos disponibles para las mujeres víctimas e identifica la especial vulnerabilidad de colectivos como las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad o las mayores de 65 años. En un alto porcentaje (30,2%) las entrevistadas afirman conocer el número 016 de atención a las víctimas de violencia machista y a cierta distancia, los centros de atención a la mujer (25,8%). Los demás recursos son prácticamente desconocidos. El estudio resalta que estos datos demuestran la importancia de las campañas informativas y de concienciación y que es necesario trabajar en campañas que sean relevantes para estas mujeres.

Sus autoras explican que la falta de coordinación de las instituciones y los servicios disponibles hacen que en numerosas ocasiones las mujeres no puedan acceder a ellos. Si el conocimiento de los servicios es necesario para poder utilizarlos, no es menos importante la movilidad que se tenga para llegar a ellos. En muchas ocasiones las mujeres no disponen de transporte, o este no coincide con lo horarios de atención de los servicios, lo cual provoca que no se utilicen, afirmó Teresa López, presidenta de FADEMUR en la presentación.

Entre las recomendaciones incluidas en el informe, figura la necesidad de aumentar los recursos especializados en violencia de género, incluyendo transporte y horarios amplios, agilizar los trámites de divorcio o separación, mejorar la atención de las casas de acogida y la coordinación de recursos para evitar la revictimización y mejorar la protección tanto a las víctimas como a sus hijos.