La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha mostrado este martes su apoyo a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que prepara el Ministerio de Igualdad y ha defendido que se elimine la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual y la introducción de una definición clara y taxativa del consentimiento. 

En un comunicado, AMJE se pronuncia así después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPL) diera a conocer su propuesta de informe sobre la conocida como ley del "solo sí es sí", en el que cuestiona varios de los ejes del proyecto, desde la definición del consentimiento de la víctima, a que se considere agresión sexual lo que ahora es un abuso.

"Compartimos el punto de partida del anteproyecto cuando elimina la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual, considerando agresión todo acto sexual llevado a cabo sin consentimiento de la persona, así como la introducción de una definición clara y taxativa del consentimiento", subraya esta asociación de mujeres juezas en un comunicado.

Argumentan que en una sociedad "igualitaria y respetuosa" con los derechos humanos ninguna mujer "debería preocuparse de si provoca o no a un hombre, de si debe ir vestida de una forma concreta y de si su actuar despierta el deseo sexual del hombre". "No se pide mayor punición, se pide colocar a la mujer y al bien jurídico protegido de su libertad sexual en el centro del debate, en el centro de la norma", indican.

Insisten en la necesidad de definir "consentimiento"

Es por eso que AMJE insiste en la necesidad de legislar acotando un concepto claro del consentimiento que evite interpretaciones judiciales discriminatorias para las mujeres. Algo que a su juicio "no sucede con el método tradicional vigente, que deja la interpretación de la existencia del consentimiento al arbitrio de quienes juzgan, lo que lleva en muchas ocasiones a una interpretación judicial realizada bajo un prisma masculino, con sesgos de género del concepto 'consentimiento' en este tipo de delitos". 

Afirma además que con la definición del consentimiento sexual no se pretende eliminar o mitigar la eficacia de otros derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. "El hecho de sentar una posición clara y terminante en este sentido no implica tampoco que se invierta la carga de la prueba toda vez que, por el juego del principio de presunción de inocencia, seguirá siendo la víctima la que habrá que acreditar que conforme a las circunstancias del caso no hubo actos, exteriores, concluyentes e inequívocos que implicaron su consentimiento", recuerda.

Por otra parte, sobre la eliminación de la distinción entre agresión sexual y abuso sexual, cree que evita la revictimización que sufren las mujeres y apunta que "no es lo mismo ser 'abusada' que ser 'agredida', como tampoco es lo mismo ser considerado 'agresor' que 'abusador'".

Piden que para lograr la plena reparación a las víctimas de violencia sexual, se garantice el cobro de las indemnizaciones declaradas judicialmente. Y critica que las conductas de proxenetismo se han definido de una manera tan restrictiva, que continuarán siendo impunes en la práctica.