La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado este viernes en el Parlamento Andaluz que en lo que va de año el número de personas que han fallecido intentando llegar a España ha aumentado un 150%. Si el pasado año murieron 54 personas de enero a mayo, en el mismo periodo de 2018 ha muerto o desaparecido 134 personas, según el recuento de esta organización. Esa es la principal conclusión del informe anual durante Derechos Humanos en la Frontera Sur 2018, que ha presentado en la Cámara andaluza.

La organización se ha reunido con los grupos parlamentarios y ha registrado una propuesta de iniciativa parlamentaria pidiendo vías legales y seguras que impidan que estas "cifras inhumanas" de fallecimientos se sigan produciendo. Para la asociación, según un comunicado, "el acceso legal a España es un mecanismo que debería contemplarse en las políticas migratorias y de fronteras, lo que garantizaría menos muertes, menos riesgos, menos tráfico de seres humanos, menos vulneraciones de derechos humanos y menos sufrimiento".

Además, entienden, "garantizaría" el reconocimiento del derecho a la libre circulación de personas que establece el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos y el derecho de asilo a las personas desplazadas forzosamente.

El informe detalla cómo durante 2017 y según el seguimiento que realiza la APDHA, "se duplicó el número de entradas procedentes de otros países a España por vía marítima y terrestre con 28.587 personas". Además, apunta que la afluencia de personas migrantes tuvo su vía principal en la marítima, que "llegó a triplicar los valores del año anterior". A pesar de ello, añade que las entradas por el Mediterráneo Central "quintuplican todavía las de llegadas por la frontera sur de España".

Las causas de este incremento, estima el colectivo, son múltiples, y entre ellas se encuentra la crisis y falta de perspectivas de buena parte de la población de Marruecos y Argelia, la crisis política provocada por las revueltas que han recorrido Marruecos y que han obligado a aflojar el férreo control de fronteras, un control que, denuncian, "mantiene generosamente pagado la Unión Europea y España".

Los efectos del cierre de la ruta libia hacia Italia

Además, manifiesta que el cierre de la ruta desde Libia a Italia por los acuerdos entre estos dos países, la criminalización y persecución de las ONG que realizaban labores de Salvamento en el canal de Sicilia y el deterioro "hasta un punto infernal" de la situación en Libia, ha planteado que muchas personas vuelvan a intentar migrar por las antiguas vías del Mediterráneo Occidental.

Del mismo modo, la APDHA asegura que esta tendencia al alza por la frontera sur de España se confirma con los datos facilitados por el Ministerio del Interior, que hasta el pasado 15 de abril registró la llegada de 3.556 personas, cerca de un 20% por ciento más (18,14%) que en el mismo periodo del año pasado. Por otra parte, indica que el informe documenta las consecuencias de la ausencia de vías legales que "suponen en la práctica violaciones masivas de derechos humanos".

También analiza el "incumplimiento" de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó al Estado español por las devoluciones en caliente en la valla de Melilla. Esta sentencia ha sido recurrida por el Estado, lo que a juicio de la asociación muestra la "insensibilidad, crueldad y desprecio a los derechos humanos" del actual Gobierno.

Porteadoras, "explotadas y maltratadas"

Además, añade que el informe se adentra en la situación de las mujeres porteadoras en la frontera con Ceuta y Melilla, "cuya situación de explotación y maltrato, que sucede en territorio español y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, es tolerada, y se convierte en un exponente de la violencia estructural racista y de género ejercida por las propias instituciones de España y de la Unión Europea".

Por otra parte, la asociación destaca que el informe analiza con gran detenimiento "el enorme negocio montado" en torno a la seguridad de fronteras y los procesos migratorios, y cómo "buena parte de las partidas destinadas teóricamente a la cooperación, que deberían ir dirigidas a paliar desigualdades en los países con los que Europa tiene una deuda histórica, acaban sufragando la formación militar y a la construcción de centros de detención en países terceros en los que se vulneran flagrantemente los derechos humanos".

Por último, afirma que el documento denuncia que se extiende en el territorio español "el uso de calabozos y comisarías para la retención y detención de migrantes, generalizando el encierro como sistema de gestión de las migraciones". Esta realidad, concluyen, "camina a la par de la falta de asistencia letrada o el impedimento para la solicitud del derecho de asilo que marca la legislación española y europea, incumpliendo así sus propios principios fundacionales de solidaridad y respeto a los derechos humanos".