En septiembre de 2018, una unidad de la Marina Real marroquí abrió fuego contra una lancha neumática en la que viajaba un grupo de migrantes. Trataban de llegar a España de una forma más segura que a bordo de las habituales y precarias pateras. Usaron una lancha Go Fast, como las utilizadas normalmente por grupos de narcotraficantes. Debieron de pensar que cruzar el Estrecho en esta embarcación sería fácil, rápido y seguro, pero poco después de zarpar, la Marina Real les interceptó y les dio el alto. El conductor no se detuvo y los militares marroquíes "se vieron obligados a abrir fuego", según explicó entonces el Gobierno marroquí.

Casi en el acto murió Hayat Belkacem, una joven de 20 que vivía en Tetuán y que estudiaba derecho en la localidad de Martil, a pocos kilómetros de la frontera con Ceuta. En un primer momento, Marruecos sólo informó de que hubo cuatro migrantes heridos que fueron hospitalizados, hasta que no pudo ocultar el fallecimiento de uno de ellos. Los tres supervivientes fueron hospitalizados con grandes medidas de seguridad para que no hablaran con los medios, informó entonces la Agencia Efe.

La vida de Hayat vale menos de 14.000 euros. En concreto, su familia será indemnizada con 150.000 dirhams (13.984,62 euros), según la sentencia del Tribunal Administrativo de Rabat, que ha condenado al Ministerio de Defensa marroquí a pagar esta compensación.

El Tribunal no ha tenido dudas sobre que la muerte de la joven estudiante estuvo provocada por una error de la Administración y que la responsabilidad de esta muerte recae exclusivamente en los efectivos de la Marina Real, que disparó contra la lancha cuando tendría que haber evitado abrir fuego. El fallo aclara que la Marina Real es responsable de todo exceso producido por el uso de sus armas y considera que los militares no tenían una autoridad directa cuando ordenaron detenerse a la embarcación, por lo que los disparos no tendrán que haberse efectuado. Sin embargo, no se tiene constancia de que ningún soldado de la Marina haya sido enjuiciado por el caso o apartado de su puesto por este suceso.

Diez años de cárcel para el español implicado

Quienes sí fueron condenados a prisión el pasado 19 de diciembre fueron los traficantes implicados este trágico viaje. El Tribunal de Apelación de Tetuán ha condenado a diez años de cárcel a J.M.D., un ciudadano español que tripulaba la lancha y que, según indicó la Guardia Civil tras conocerse su detención, contaba ya con numerosos antecedentes como autor de 25 delitos, ocho faltas, 16 detenciones y dos imputaciones.

Junto a él, otros dos cómplices marroquíes fueron condenados dos días antes a la misma pena de diez años de cárcel, según el texto del veredicto, consultado por Efe. Estaban acusados de "formar una banda criminal y facilitar la salida de personas extranjeras del territorio nacional de forma clandestina y periódica".

En este caso, también fueron condenadas otras seis personas a cuatro años de cárcel cada una y una multa de 500.000 dirhams (unos 50.000 euros), otra a cuatro meses de cárcel y una multa de 50.000 dirhams (5.000 euros), mientras que otras tres personas fueron absueltas.

Las autoridades nunca ofrecieron explicaciones completas sobre lo ocurrido, más allá de filtrar a varios medios (y no oficialmente) que los soldados de la Marina no vieron a los ocupantes de la patera porque iban echados o que la lancha estuvo a punto de embestir al barco de la Marina, que disparó en legítima defensa.

Protesta juvenil

La muerte de Hayat desató un airado debate social y protestas en la juventud del norte de Marruecos. La fallecida se convirtió en un símbolo del éxodo clandestino marroquí en la zona, aquejada de falta de oportunidades laborales y una crisis económica que llevó a que cientos de jóvenes se concentraran en playas de esta región exigiendo "pateras gratis", sobre todo tras conocerse la noticia de la reintroducción del servicio militar obligatorio. Según informó El Faro de Ceuta, todos los demás migrantes que iban en la lancha eran de Tetuán salvo uno, que era de Chaouen. Uno de los jóvenes que protestó contra esta muerte fue condenado a dos años de cárcel.