La mortalidad en las residencias de mayores de Madrid es 10 veces superior a la de Canarias, Andalucía o Galicia

El coronavirus se ha cebado con las residencias de mayores, que concentran en España más de la mitad de los fallecimientos por esta enfermedad. Su letalidad, sin embargo, no se ha manifestado de forma homogénea en todas las comunidades, que tienen asumidas las competencias en esta materia.

Hay casos catastróficos, como el de Madrid, donde han perdido la vida diez de cada cien residentes. Por el contrario, en Canarias, Andalucía, Asturias y Galicia la proporción no llega ni al 1%. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por el momento, no ha habido muertos.

Según datos correspondientes al 19 de abril, la covid-19 se ha llevado ya por delante al menos a 13.954 personas que vivían en residencias de mayores. Teniendo en cuenta que un reciente estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIS) cifraba el total de plazas públicas y privadas existentes en el país en 372.985, la incidencia es del 3,74%.

Si tomamos como referencia el conjunto de la población española de 65 o más años censada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) (9.057.193 personas), los fallecimientos registrados en residencias de mayores suponen el 1,5 por mil.

Las peores cifras, de lejos, corresponden a la Comunidad de Madrid, con 5.272 muertes, más de un tercio del total nacional. Le siguen, a mucha distancia, Cataluña (2.268), Castilla y León (2.032) y Castilla-La Mancha (1.537). Ninguna otra autonomía pasaba de 500 muertos el 19 de abril. Cabría pensar que el elevado número de muertos en Madrid responde a que acoge más residencias de mayores que cualquier otro sitio. Y así es, pero no parece que se trate de una circunstancia determinante. En esa comunidad existen 48.768 plazas, apenas cuatro mil más que en Andalucía, donde sólo ha habido 300 bajas.

Pese al dispar reparto territorial de los fallecimientos por coronavirus, todo apunta que la pandemia ha asestado un duro golpe a un sector ya de por sí muy controvertido, debido a las numerosas quejas de trabajadores y familias sobre la atención que se presta a los mayores en muchas residencias.

Algún fundamento tendrían esas quejas cuando, sólo en la Comunidad de Madrid, en los cinco años anteriores al estallido de la pandemia se impusieron al menos 96 sanciones por falta de higiene, escasez de personal o descuido en la asistencia. La multa más alta de todas superaba los 350.000 euros. Lo peor, no obstante, estaba todavía por venir: después de que la covid-19 pusieran de manifiesto su incapacidad para hacerle frente, el gobierno regional procedió a la intervención de 144 residencias.

De todas formas, las protestas por la situación de estos centros no se han limitado a Madrid. En Castilla-La Mancha y Galicia, por ejemplo, también se han sucedido las movilizaciones por las malas condiciones laborales de sus empleados, a veces muy próximas al “esclavismo”, según quienes las sufren. El 23 de noviembre de 2019, muy poco antes de que el virus asomara, hubo una manifestación estatal en la que se reivindicó la dignidad de las personas que viven y trabajan en las residencias y se reclamaron cambios es un sistema “carente de humanidad”, donde el negocio prima sobre cualquier otra consideración.

Este sector, que mueve del orden de 5.000 millones de euros anuales, tiene una fuerte presencia de empresas privadas, que perciben buena parte de sus ingresos de los acuerdos con la Administración (en particular, con las comunidades autónomas) para la gestión de plazas públicas y concertadas. Las perspectivas de negocio, además, son muy favorables debido a la elevada esperanza de vida de los españoles y a que la actual tasa de cobertura (porcentaje de plazas sobre la población de 65 años o más) está claramente por debajo del 5% que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hay autonomías, muy pocas, donde esa recomendación sí se cumple: Castilla y León (7,6%), Castilla-La Mancha (6,9%), Aragón (6,5%) y Extremadura (6,2%). Pero en la inmensa mayoría de ellas no ocurre lo mismo y a algunas les queda todavía un largo camino por recorrer, como Canarias (2,1%), Murcia (2,2%), la Comunidad Valenciana (2,8%), Baleares (2,9%) y Andalucía (2,9%). En los dos territorios con más habitantes de edad igual o superior a los 65 años, Catalunya (1.442.754) y Madrid (1.181.039), la tasa de cobertura es del 4,1% y 4,3%, respectivamente.

A lo largo del último decenio, a pesar de los estragos de la recesión, las plazas en residencias de mayores aumentaron un 18,6, lo que permitió pasar de 328.573 en 2009 a 372.985 en 2019, gracias sobre todo a una mayor oferta de las empresas privadas, que pusieron en el mercado 42.637 nuevas plazas durante ese periodo, frente a las 15.860 creadas por iniciativa pública. A 31 de diciembre, las empresas copaban casi tres cuartas partes del mercado español (en concreto, el 72,8%), aunque había comunidades muy por encima de esa media; por ejemplo, Cantabria (85,9%), la Comunidad Valencia (80,1%), Catalunya (79,7%), Andalucía (77,6%) y Galicia (77,1%).