España cierra las puertas a la extracción de uranio. Esa es la intención de PSOE y Unidas Podemos, que han pactado una enmienda a la ley de cambio climático con la que buscan prohibir la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos. De esta forma, se cierran por completo los intereses extractivos que durante décadas han planeado sobre España, concretamente sobre Salamanca, donde la compañía Berkeley había proyectado la mayor mina destinada a la producción de este elemento radiactivo utilizado como combustible para la generación de energía nuclear.

El veto al uranio, según explica a Público Juan López de Uralde, diputado de la formación morada y presidente de la comisión para la Transición Ecológica del Congreso, tiene que ver con la coherencia de las políticas energéticas de Europa y España. "Entendemos que con el compromiso de cierre de las centrales nucleares debemos cerrar el ciclo completo y no permitir la extracción de uranio", comenta el político ecologista, que incide en la idea de que actualmente "no hay ninguna mina abierta" en todo el viejo continente. 

El portazo a la mina de Berkeley, así como a "otros posibles proyectos mineros en Extremadura", ha sido celebrado por los sectores ecologistas y, sobre todo, por las organizaciones locales que veían peligrar todo un entorno. Así lo expone José Manuel Barrueco, miembro de la plataforma Stop Uranio, que espera que la enmienda de la ley sea ratificada y se asegure el ecosistema salmantino, donde la extracción de este elemento radiactivo ponía en jaque "la agricultura, los pastos de la ganadería, el turismo rural y la salud de las personas" que vivían en la comarca de Salamanca, donde todavía sigue planificado el proyecto minero.

Desde el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, sin embargo, muestran su inquietud ante la posible prohibición del uranio y señalan las posibilidades económicas que darían, a su juicio, su extracción. "No se puede despreciar la investigación de los recursos minerales de un país", opinan desde la corporación profesional, para pedir un "debate sosegado" sobre la enmienda impulsada por los partidos del Gobierno y conseguir que "no se resten posibilidades económicas". 

Barrueco, no en vano, manifiesta que las consecuencias de la extracción de uranio son más perjudiciales para la economía, mientras vincula estos proyectos con la especulación económica. Lo cierto es que la experiencia de Berkeley muestra cómo la cotización en bolsa ha subido desde que llegó a España. Hasta esta semana, cuando sus acciones se desplomaron más de un 30% tras darse a conocer la enmienda. "Se dice que este proyecto puede traer muchos puestos de trabajo, pero no se habla de los que va a destruir", agrega el portavoz de la plataforma Stop Uranio. "En Retortillo, la zona donde está prevista la mina, hay un balneario con más de 160 personas que se irían a la calle porque, ¿quién se va a ir a un hotel situado a menos de un kilómetro de un lugar radiactivo?", se pregunta retóricamente. También recuerda este activista que se trata de un entorno natural con una fuerte economía agrícola y ganadera que sería destruida por completo con el movimiento de tierras requerido por el extractivismo.

Uralde va más allá y señala el escaso recorrido temporal que tienen este tipo de proyectos. "Se estima que las minas pueden estar activas nueve años", detalla. "Cuando se cierren, la empresa se marcha y es cuando aparece el problema. El Estado es el que termina haciéndose cargo del cierre de la mina y quien tiene que deshacerse de todos los residuos tóxicos que puedan quedar en la zona", denuncia. "Cada vez que hay una polémica sobre una mina como ésta aparece el mismo posicionamiento sobre los beneficios económicos. Pero hay que entender que no tiene sentido condicionar la vida de comarcas enteras por un proyecto que dura nueve años".

Gema Rodríguez, responsable del programa de especies amenazadas del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), pone el foco en las consecuencias ambientales que este tipo de minería tiene en un medio y largo plazo, lo cual debería ser, a su juicio, el primer argumento para respaldar el veto al uranio planteado por PSOE y Unidas Podemos. "La propia excavación y los movimientos de tierra destruyen el hábitat, con talas de árboles, pero lo más llamativo es el impacto en las aguas. El proyecto de Berkeley no sólo contempla la extracción, sino el tratamiento de uranio y para ello se necesitan balsas donde se debe tratar con un gran riesgo de que se produzcan vertidos y se contaminen los acuíferos. Esto es un riesgo para el entorno, pero también para la salud de las personas".

El Colegio Oficial de Geólogos reconoce que la producción minera de uranio genera "impactos a muy largo plazo", pero niega que el camino sea el veto. Tanto es así, que desde la corporación reclaman que el Estado se implique con vigilancia y control. Y es que este grupo de expertos señala que "no parece oportuno cerrar las centrales nucleares a corto plazo".

Bajo la enmienda de PSOE y Unidas Podemos subyace el problema de la denominada transición energética y el debate sobre el futuro de las nucleares. Tanto el Estado como las propias empresas que han respaldado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) han apostado por el cierre paulatino de las centrales de cara a 2035. De esta forma, apostar por la reapertura de yacimientos como el de Salamanca no parece ir en consonancia con las políticas energéticas que se empiezan a trazar en España y el resto de Europa.