El pueblo fantasma que quiere frenar una mina de feldespato en Ávila
Los vecinos de una veintena de pueblos despoblados se movilizan contra un proyecto que destrozaría los únicos sectores que se mantienen en pie, la ganadería y el turismo rural, abocándolos casi a la desaparición. “Se pensaban que somos viejos y gilipollas”, dicen
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ÁVILA.- Entre los meses de julio y de agosto de 2016, la Diputación de Ávila apadrinó dos proyectos que tenían como objetivo reflotar la Sierra de Ávila, una de las más despobladas del país. Hasta el presidente del órgano provincial, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, estuvo en los dos actos de presentación, que, según describen los allí presentes, fueron multitudinarios. En uno exponían un plan para fomentar el desarrollo rural de la zona; en otro, una guía de recursos naturales de la comarca. Un mes después, el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León anunciaba que tramitaba un expediente para colocar allí, en mitad del área que trataban de rehabilitar, una mina a cielo abierto de feldespato.
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La situación parece, como poco, incongruente. Según los ecologistas, el Proyecto Leito (como se ha denominado) pondría en peligro la salud de las personas, perjudicaría al medio ambiente de la sierra y supondría un mazazo para las principales actividades con las que una veintena de pueblos trata de subsistir: la ganadería y el turismo rural. En vez de ver como les aplastaban, como ya sucedió otras veces, los vecinos de la comarca se unieron en una asociación, protestaron y se rebelaron, para sorpresa de la empresa que se encuentra tras la explotación, que daba por hecho en su estudio que no habría oposición social dada la “poca masa crítica”.
Hoy ha helado en todo el país. En la provincia abulense ya están más que acostumbrados. También a la nieve, que debería cubrir con un manto todo el campo que escolta la pequeña y recta carretera nacional que lleva de Ávila a la comarca. No es el caso, pese a la casi decena de grados bajo cero. “Ha habido veces que esto parecía Siberia”, describe Jesús Abad, geógrafo y ambientalista. Apenas se ve un alma a ambos lados. Algún coche adelanta a varias furgonetas de forma que podría resultar temeraria. Pero nada viene al frente. A un extremo aparece alguna casa rodeada únicamente por la naturaleza y algún perro que tira de su dueño.
El territorio es de los más despoblados de España, con una media de entre dos y tres habitantes por kilómetro cuadrado. La asociación contra la mina alerta de que los contaminantes y gases derivados de la extracción mediante explosiones (radón, sílice -radiactivas y unas de las principales causantes de cáncer, según la OMS- y ácido fluorhídrico) perjudicarán a los pocos o muchos que habitan la comarca. Pero también a los de la capital. “La contaminación, el movimiento de los camiones y el tratamiento de minerales producirían residuos en el aire que se dispersarían hacia Ávila debido a la dirección del viento”, asegura Juan Carlos Rico, del grupo ecologista Cantueso. “Cualquier error o falta de compromiso de la empresa puede poner en riesgo la vida de las personas, de la ganadería y del medio ambiente”, dice Sánchez Cabrera.
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Al tomar un desvío a la derecha camino del futuro emplazamiento minero y subir varias decenas de metros se descubre el Valle de Amblés, una vasta llanura custodiada por la Sierra de la Paramera, La Serrota y la Sierra de Ávila, mucho más pequeña en comparación con las dos primeras. Desde allí se avista una diminuta aldea, Muñogalindo, compuesta por varias casas. Casi se pueden contar con dos manos. Todas bajas, ningún piso. Suena el repicar de las campanas, que se pierden en el silencio. Son las doce del mediodía.
La carretera por la que se asciende es angosta y serpenteante, sin apenas arcén y peligrosa. Es una de las dos posibles rutas por las que deberían de pasar los camiones usados en el yacimiento, lo cual se antoja imposible. La Diputación, controlada por el PP, considera que deberían gastarse cerca de 900.000 euros en acondicionarla para tal fin. “Lo que no dice es quién lo pagaría”, comenta Jesús.
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A los pocos kilómetros de subida se anuncia un coto privado de caza de jabalí y corzo, entre otros animales. Dejamos también atrás un área protegida del águila imperial, que se vería seriamente afectado por las actividades de la mina, al igual que el milano real o el lobo, entre otros. De hecho, el territorio del futuro yacimiento incluiría la actual Zona de Especial Protección de Aves Encinares (ZEPA) de la sierra, que quedaría “inutilizada”, según Rico. “La zona, asimismo, es bastante rica en vegetación e incluso tiene endemismos. Estaríamos acabando con plantas protegidas”. Denuncia que también el agua sería perjudicada, lo que llevaría a la desaparición de manantiales y a la contaminación del agua necesaria para abastecer a los vecinos y para la ganadería.
Adolfo Sanmartín, portavoz de Antonio y Javi S.L., la firma tras la mina, niega la mayor en todos los casos: “Por un lado, en el estudio ya se marcan los límites teniendo en cuenta el hábitat de los animales. Por otro, el gas radón al aire libre es inofensivo, según la OMS. Sólo es peligroso concentrado en ambientes cerrados”.
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Antonio y Javi S.L., “de curioso nombre” como reconoce Sanmartín, levanta muchas sospechas. Fue creada en enero de 2007, dos meses antes de que solicitara a la Junta de Castilla y León el permiso para obtener los derechos mineros, tiene su domicilio social en Madrid y su único socio es Juan Antonio Águeda Carnicero. Lo más curioso de todo es que su objetivo es “la importación y exportación al por mayor de toda clase de productos alimenticios y bebidas”. Pero claro, lo que realmente está detrás es algo mayor. “Un grupo inversor que se asoció con ellos al no tener capacidad económica”, según el portavoz de la firma, que no quiere dar el nombre “para no hacerle mala publicidad”. Para la asociación de vecinos, se trata de una gran constructora o una inmobiliaria con vínculos con los petrodólares saudíes.
Se ha aprovechado también la empresa de que la Ley de Minas vigente fue aprobada en el franquismo. Al considerar la actividad como de interés nacional, ésta prevalece sobre la propiedad privada. Además, quien detenta los derechos mineros puede expropiar a cambio de terrenos pero sin necesidad de indemnizar.
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La plataforma contra la mina critica, además, que sólo esté constituida con 3.000 euros, aunque Sanmartín explica que “en esta primera fase de investigación no hace falta más”. Ese episodio que se inició en 2007 cuenta también con otro aspecto controvertido que denuncia la asociación: la petición de la compañía, pese al requerimiento del informe ambiental solicitado el 11 de mayo de ese año al Servicio Territorial de Medio Ambiente, fue aprobada por el Gobierno de Juan Vicente Herrera en agosto en ausencia de dicho documento.
Pasarían después nueve años hasta que la compañía mostrara su deseo de hacer efectivos sus derechos, pero con un estudio de impacto ambiental en el que no se hacía mención a apartados tan importantes en este caso como la fauna, las vías pecuarias, las repercusiones para las personas o los yacimientos arqueológicos. La Diputación, que hasta entonces había mirado para otro lado y no había entrado de lleno en el asunto, se vio obligada a presentar una alegación para reclamar un nuevo estudio, dado que consideraba el anterior “muy deficiente”. La suya era la definitiva, pero, antes, los vecinos habían presentado cuatro mil, presionando de manera inaudita al conservador órgano provincial.
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Cuando por fin el ondulado camino que asciende por la montaña llega a un espacio abierto, está repleto de vacas blancas y negras, que pastan y caminan a su libre albedrío. La ganadería sería la industria más golpeada por el yacimiento de feldespato. La indicación geográfica de carne sufriría un buen revés y las cerca de ciento cincuenta personas que se dedican a ello en la zona se verían prácticamente abocadas a dejarlo. “Son gente mayor que ya no encontrarían trabajo. Y se trata de familias enteras con hijos”, se lamenta Pilar Gallego, de cuarenta y seis años y residente en San Juan del Olmo. “Los afectados serían muchos más que los puestos de trabajo que promete la mina”. En efecto, el portavoz de Antonio y Javi S.L. afirma que crearían entre ocho y diez empleos directos “como mucho, en el pico de producción”. Mientras, los indirectos podrían llegar a “entre sesenta y setenta, principalmente por el transporte y por la restauración”.
A la derecha, a mil quinientos metros, una veintena de molinos de viento blancos, de esos que abundan hoy por media península, presiden Cerro Gorría. A trescientos cincuenta metros del último de ellos se situaría la explotación. A unos quinientos de ella, Sanchicorto. Un columpio rojo da la bienvenida, pero no esperen que haya niños ahí montados. Esta semana sólo viven en la localidad seis personas. Aída Sáez, de treinta y tres años y natural del pueblo, va y viene con sus tres hijas desde Ávila habitualmente. Su familia se ha dedicado históricamente a la ganadería: “Y con la mina, todo eso se acaba”. Mira al suelo con pesar.
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La ganadería, apaleada. Pero el turismo rural no se queda atrás. En pueblos que raramente llegan a los cincuenta vecinos, este tipo de negocios son habituales y los visitantes suelen superar a los habitantes. Mercedes Serrano regenta un hotel rural en Pradosegar desde hace veintidós años. Tiene cincuenta y uno, es de Madrid, pero veraneaba en la comarca desde que nació, por lo que se mudó aquí hace dos décadas. “Pretenden hacer voladuras y yo lo que vendo es paz”, se queja. Juan Carlos de la Paz, de cincuenta y siete años, está en la misma situación: es copropietario de un hotel en Rinconada desde hace seis años y hasta ahora le ha ido bien. “Si la gente va a venir a respirar polvo, no viene. Y yo además me tengo que comer toda la inversión”.
Existe además otra pata que en los últimos años ha sustentado a su manera a algunos pueblos que se han ido quedando sin apenas habitantes, por las sucesivas migraciones: la gente que represa, en algunos casos incluso jóvenes que se fueron siendo pequeños. “En Cillán, por ejemplo, tenemos un plan para que la gente vuelva, pero con el yacimiento ya no lo harán”, lamenta Juan Carlos Soto, coportavoz de la asociación contra la mina, dinamizador social de la zona y concejal por Equo en Majabálago y Ortigosa de Ríoalmar.
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La labor de la asociación en los pueblos fue muy importante. Muchos de los ayuntamientos (la mayoría gobernados por el PP) no informaron a los vecinos del proyecto minero a pocos metros de sus casas. Así que Soto y sus compañeros visitaron gran parte de las localidades afectadas para ejercer esa labor de comunicación. “Mientras, los ediles del PP intentaban boicotearnos”, dice Pilar. Al final, todos los alcaldes acabaron firmando en bloque las alegaciones para pedir una declaración de impacto ambiental negativa, cuya resolución por parte de la Junta de Castilla y León, con la que Público ha intentado ponerse en contacto sin recibir respuesta, se espera para las próximas semanas. “Se pensaban: Son tontitos, viejos y gilipollas”, critica De la Paz. “A los políticos les ha asustado que hubiera tanta movilización en contra. No se lo esperaban”, afirma Soto. “En Ávila no estábamos acostumbrados a la movilización, sino a que nos arrasaran sin oposición”, dice Mercedes. Además de las alegaciones, lograron 120.000 firmas en Change.org.
Un escaso kilómetro por un carreterín con algunos baches lleva hasta Balbarda. Las calles están desiertas. El fuerte viento que sopla parece buscar con sus silbidos a los vecinos en la calles. Pero pincha en hueso. En la localidad residen unas cuarenta personas, pero en verano esa cantidad se multiplica por diez. “¡Tendrías que ver las fiestas!”, exclama Arturo Martín, el alcalde pedáneo. Tiene ochenta y cinco años y lleva treinta y seis como edil. “La mina la veo peor que mal. Nos dejaría sin agua a nosotros y a los pueblos de la comarca, y los ganaderos tendrían que emigrar”. En su aldea estaría ubicada la primera fase de construcción del yacimiento de feldespato, que ha solicitado operar durante veinticinco años prorrogables y prevé producir 150.000 toneladas en su pico de actividad. “Es una triste y pequeña cantera detrás de la cual hay familias normales. No va a devastar la sierra”, defiende Adolfo Sanmartín.
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El portavoz de la firma asegura que el derecho minero es de treinta y cinco hectáreas y que el frente abierto nunca va a superar los doscientos metros de largo por entre treinta y setenta de ancho. “Aquí se aprueba cualquier cosa. En esta provincia prima el que venga alguien, explote el lugar, contamine, coja el dinero y se vaya”, opina Juan Carlos Rico, de la asociación ecologista Cantueso. Se refiere a más de un proyecto. Como las minas de Tornadizos y de Aldeavieja, a pocos kilómetros. “Allí el polvo cubre los árboles y los restaurantes y ganaderos tuvieron que irse. Y no queremos eso”, dice la plataforma, que asegura que el conglomerado también tiene proyectada otra explotación cerca de esta, que llegaría hasta pueblos de Salamanca. "La declaración de impacto ambiental se va a aprobar sí o sí porque cumple con la ley a rajatabla. Pero me temo que la concesión no, por la presión de un lobby financiado no sabemos muy bien por quién", dice Sanmartín.
Al otro lado de la sierra, Isaac Hernando, de treinta años, no entiende que la situación que se ha creado. Levantó hace dos años una empresa de apicultura en el área de Chamartín de la Sierra, que se encontraría a menos de un kilómetro de la mina. Se queja de que “el polvo en suspensión” que va a provocar afectará a las abejas. “Quiero comercializar la miel como ecológica, pero ya no podría y tendría que buscarme la vida en otro lugar”. Isaac no da crédito: “Por un lado nos animan a que nos dediquemos al desarrollo rural y por otro, con esto de la mina, nos obligan a emigrar”.