Fin de mes con 17 céntimos en la cuenta: temporeras marroquíes denuncian impagos tras el accidente en Huelva

La cuenta corriente de Farah (nombre ficticio) solo tiene 17 céntimos. Lleva más de un mes sin trabajar, desde que el pasado 1 de mayo resultara herida tras volcar el autobús que la llevaba al trabajo junto a sus compañeras. Se dirigían a la finca de Almonte (Huelva) donde iba a recoger fresas al menos hasta finales de junio. Desde entonces ha estado de baja por las lesiones sufridas, pero no ha recibido ningún pago por parte de la mutua MAZ, contratada por su empresa y responsable de cubrir su prestación por incapacidad temporal.

Farah y al menos otras nueve trabajadoras marroquíes heridas en el siniestro solo han recibido hasta ahora un único ingreso de 200 euros en la cuenta bancaria temporal que se les abre para recibir las nóminas. Una cantidad insuficiente para unas mujeres cuya principal preocupación durante estos meses es enviar dinero a sus familias y cubrir sus gastos del día a día, que tras el accidente han aumentado.

El siniestro, que todavía se investiga judicialmente, causó la muerte a una mujer, una de las temporeras marroquíes que cada año acuden al campo de Huelva en el marco del programa de migración circular que fomentan los gobiernos de España y Marruecos. Otras 37 trabajadoras resultaron heridas de diversa consideración. Al menos tres han estado hospitalizadas durante largos periodos y posteriormente han sido trasladadas a una "residencia de cuidados" porque necesitan reposo y atención constante tras sufrir diversas fracturas, precisa Surexport, la empresa agrícola que las contrató.

Según la compañía, actualmente hay 16 trabajadoras que han recibido el alta médica, aunque no han vuelto a trabajar al presentar limitaciones físicas para este tipo de labores.

"Cuestión de días"

El pago de 200 euros que han recibido hasta ahora, sin especificar el concepto, procede de Surexport, la empresa que las contrata en origen y que las aloja durante su estancia en España, ha informado a Público la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA). La compañía confirma este medio que se trata de "adelantos" que han hecho a las empleadas mientras la mutua tramita los pagos, que llegarán "en cuestión de días, sino de horas".

Según precisa la empresa, nunca se ha dado un caso en el que sus trabajadoras dejen de percibir las prestaciones a las que tienen derecho y habla de leves retrasos burocráticos. Reconoce que puede haber cierta confusión entre las afectadas, ya que normalmente están acostumbradas a cobrar sus nóminas cada 15 días, mientras que las mutuas pagan normalmente el día 5 del mes.

Personas de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), entidad responsable de dar seguimiento al programa de contratación en origen, visitaron a las trabajadoras del accidente hace dos semanas. Según estas fuentes, representantes de la empresa les garantizaron que los pagos, tanto de la mutua como de la compañía, se harían a final de mayo.

AMIA ejerce la representación legal de estas diez temporeras que les pidieron apoyo tras el accidente y ha denunciado en varias ocasiones el aislamiento que ha rodeado a estas empleadas y la opacidad por parte de la empresa, que sigue sin responder a sus correos y llamadas. Surexport tampoco ha atendido al colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, una organización sindical que lleva años denunciando irregularidades e informando a las temporeras sobre sus derechos laborales, precisa su portavoz, Ana Pinto. Según AMIA, no son raros los casos de trabajadoras que vuelven a Marruecos con pagos pendientes que luego no pueden reclamar desde su país.

Posible denuncia ante Inspección de Trabajo

Los servicios jurídicos de AMIA enviaron el miércoles un requerimiento a la empresa en nombre de estas diez temporeras en el que exigían cobrar sus prestaciones completas 40 días después del siniestro. En el escrito advertían de que si no había respuesta elevarían una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social "sin perjuicio de las acciones judiciales que procedan".

Hasta el momento, Surexport no ha respondido a sus demandas ni ellas han recibido más ingresos. Según entiende AMIA, los 200 euros recibidos a finales de mayo deben de ser la cantidad que Surexport se comprometió ante el Comité de Empresa a abonar a las accidentadas durante su baja, un complemento al 75% del salario que cubre la mutua durante los periodos de incapacidad laboral.

Fuentes de la empresa aseguran a Público que este complemento junto a la prestación por incapacidad será superior al 100% del Salario Mínimo Interprofesional y que no mermará el poder adquisitivo de las trabajadoras.

Hace dos semanas, AMIA ya impugnó por prematura ante la Seguridad Social el alta que la mutua firmó para cuatro de estas trabajadoras, las únicas que entonces habían delegado en esta organización independiente. Las mujeres insistían en que no habían cesado los dolores recurrentes en diferentes partes del cuerpo, lo que les impedía realizar labores tan duras como la recogida de fresas, que exige pasar horas de pie y con la espalda doblada. A pesar de sus quejas, los servicios médicos de MAZ decidieron darles el alta mediante partes que apenas especificaban las dolencias.

Extensión de visados

Una de las mayores preocupaciones para AMIA ahora es conseguir la extensión de los visados de sus representadas. Todos vencen el 30 de este mes, aunque algunas de ellas siguen necesitando una rehabilitación que puede alargarse más allá de esa fecha. Los servicios jurídicos trabajan para conseguir una ampliación del permiso de residencia por razones humanitarias.

En ese sentido, Surexport asegura que también está preparando la documentación necesaria para pedir la extensión de los visados en los casos que sea necesario.

*Surexport ha informado a Público este viernes de que las trabajadoras han recibido el pago a mediodía, tal y como había previsto cuando este medio le consultó por la situación. La asociación AMIA confirma que sus representadas han recibido un ingreso esta mañana con diferentes cantidades: varias han recibido 300 euros mientras que otras han cobrado 1.000 euros. Desconocen si esta diferencia tiene que ver con la impugnación de las altas médicas que varias de ellas recibieron a medidos de mayo. Desde entonces no han vuelto a trabajar en las fincas.