CIE NO València, la campaña valenciana por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), exige la puesta en libertad de uno de los internados en el centro de Zapadores que lleva alrededor de un mes privado de libertad a pesar de haber manifestado ante el juez de control, el director del centro y la Policía ser menor de edad.

Según ha denunciado la plataforma, M. Ch., de nacionalidad argelina, afirma tener 16 años y, tras ser internado y solicitarlo a su familia en Argelia, ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, en funciones de control del CIE, un documento de identidad que así lo acredita.

Sin embargo, según CIE No València, su cédula de identidad original le llegó perfectamente cortada por la mitad y el juez no la ha considerado válida, a pesar de que la familia del joven ha aportado fotografías del documento en perfecto estado antes de ser enviada. "Se debió romper en el proceso de transporte desde Argelia a València o en los controles que se realizan en la frontera", ha explicado a Público Adrián Vives, portavoz de la plataforma.

El juez considera que el estado del documento impide que "la Policía Científica determine si presenta signos evidentes de manipulación", por lo que da total validez a las pruebas de determinación de la edad que se le practicaron al llegar al centro y, según las cuales, tendría 19 años.

Otros menores internados y liberados

M. Ch. llegó a las costas españolas en una patera junto a otros menores a mediados de enero, recuerda Vives, que puntualiza que todos fueron internados en Zapadores. Cuando los activistas tuvieron conocimiento de esta situación pidieron entrevistarse con los menores y solicitaron a sus familias que aportaran documentación original que acreditara su edad, ya que el protocolo deja claro que se debe dar prioridad a los documentos originales frente a las criticadas pruebas de determinación de la edad, que presentan un amplio margen de error, de hasta dos años. Por esta razón, entre otras, la Campaña considera que debe prevalecer el principio jurídico de favor minoris o interés superior del menor y, por tanto, ser puesto en libertad.

Dos de los chicos fueron liberados tras realizares la pruebas, que concluyeron que eran menores, y un tercero también fue derivado a centros de acogida al presentar su documento de identidad. Todo por orden del juzgado de control. Pero M. Ch. permanece encerrado a pesar de que las dos partes del documento presentado "tienen continuidad clara entre ellas, el mismo número de registro, no está deteriorado, es perfectamente legible, incluye las huellas dactilares y todos los sellos", apunta Vives, que precisa que la decisión del juez ya no es recurrible.

Desde la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y por el fin de las deportaciones se han puesto en contacto con el Consulado de Argelia para tratar de conseguir una prueba documental válida para el juez, aunque insisten en que la diferencia entre la edad arrojada por las pruebas y la del documento presentado es demasiado grande.

Vives recuerda que ninguno de estos chicos debería haber pasado por el CIE mientras se corroboraba que eran menores de edad, sobre todo para evitar situaciones de ansiedad y miedo, como se han vivido los últimos días en el centro a raíz de un posible contagio de tuberculosis que finalmente sólo se quedó en un caso confirmado.

El encierro de menores en los CIE viola "toda la normativa internacional de protección de los niños y niñas y la legislación española", apunta, desde la propia Constitución hasta la Ley de Extranjería pasando por las propias disposiciones del Ministerio del Interior, que establecen que "no podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento" y que los no acompañados serán "puestos a disposición de las entidades públicas de protección de menores".

Sin embargo, denuncian, "se ha convertido en una práctica habitual el internamiento sin haber realizado las pruebas necesarias para establecer su edad y a pesar de que presentan rasgos físicos que denotan su minoría de edad". De hecho, el propio Ministerio del Interior reconoció como menores a 89 niños o adolescentes recluidos en los CIE en 2018, cinco de ellos, en el de València, sin haya tenido consecuencias para los responsables de estos "encierro ilegales", denuncian.