Medio Ambiente La batalla por el autoconsumo masivo se libra en las comunidades de vecinos

Cuando se piensa en autoconsumo eléctrico en España a menudo la estampa es siempre la misma: placas solares instaladas sobre el tejado de una casa unifamiliar alejada del entorno urbano. No es de por sí una imagen habitual —en España los autoconsumidores apenas superan el millar— pero aunque lo fuera, las posibilidades de producir y consumir nuestra propia energía seguirían siendo muy minoritarias. La realidad de la vivienda en nuestro país, donde el 65% de la población vive en edificios, choca de frente con una verdadera transición hacia la soberanía energética. Somos uno de los países de la Unión Europea con un mayor número de horas de sol, pero también con el mayor porcentaje de habitantes viviendo en bloques de pisos. Y hasta ellos no está llegando la energía fotovoltaica.

A diferencia de una instalación individual, las que se destinan a una comunidad de consumidores requieren de un uso compartido de la red. Su uso es legal —una sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2017 anuló la prohibición que hasta entonces pesaba sobre el autoconsumo compartido, abriendo la puerta a su expansión entre las comunidades de vecinos— pero las trabas burocráticas, la falta de una regulación específica y la inseguridad tras años de recortes a las renovables, han hecho que, en la práctica, sean del todo inexistentes.

“Hemos tenido todos los problemas, todos”, reconoce a Público Daniel Pérez, responsable legal de Holaluz, la compañía detrás de la única instalación de autoconsumo compartido que existe hoy por hoy en España. Está en el municipio de Rubí, en Catalunya, y suministra a dos viviendas vecinas con siete placas y una batería inteligente que han costado 9.000 euros. En teoría, tendría que haber estado lista en tres meses, pero la falta de regulación retrasó el proceso hasta una odisea administrativa que se prolongó durante más de un año.

“Me consta que otros lo han intentado, pero esta es la única que ha salido adelante, porque fuimos pesados, porque peleamos mucho y recurrimos. La primera reacción de la distribuidora fue decirnos que no, porque aunque es legal, no está establecido cómo compartir la red”, señala Pérez.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció este viernes la derogación del impuesto al sol —el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación— en un real decreto ley que también simplifica los trámites burocráticos y técnicos requeridos y que reconoce el derecho al autoconsumo compartido. Las organizaciones ecologistas y los expertos celebran el impulso, pero matizan que es necesario leer la letra pequeña.

El Gobierno ha reconocido el derecho al autoconsumo compartido, pero falta una regulación

“La idea es que esto sea masivo, no algo de un valiente, por eso es importante decir cómo se regula, porque si no la inseguridad jurídica es enorme”, dice Álvaro Larraza, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

La única propuesta normativa al respecto que existe hoy en día es un borrador redactado por el anterior Ministerio de Energía del Gobierno del PP que aceptaba que el propietario de una instalación pudiera suministrar energía a varios consumidores, pero que sigue contemplando importantes restricciones.

La más importante, considera Daniel Pérez, es la que limita el consumo por cuotas asignadas, eliminando la principal ventaja de estas instalaciones que es, precisamente, aprovechar toda la energía que se genera. “Esto implica que si mi vecina y yo compartimos una instalación de 2 kilovatios, y yo no estoy en casa y ella sí, ella sólo puede utilizar 1 kilovatio. El otro se regala a la red y además, seguramente tenga que comprar el que le falta”, señala. “Después de prohibir el autoconsumo, esta es la segunda forma más eficaz que se me ocurre para restringirlo”, añade.

"El autoconsumo es legal y es rentable. Hay que destruir el viejo discurso"

Álvaro Larraza apunta también a otro defecto de la propuesta, que es el que obliga a que una instalación de autoconsumo esté ubicada en la misma referencia catastral en la que se consume la energía. “Puede ocurrir que la azotea de un edificio no sea un sitio adecuado para poner los paneles, porque tenga mucha sombra, o porque dé problemas, pero justo a unos metros hay un sitio ideal. Habría que abrir la mano en este tipo de cosas y que la norma no ponga restricciones artificiales”, afirma.

Por último, ambos hacen hincapié en una barrera menos tangible: la social. “Que quede claro que el autoconsunmo es legal y es rentable, hay que destruir el viejo discurso”, dice Pérez. “Es importante que salgan empresas que lo hagan atractivo, porque aunque haya una norma, la barrera social y el fantasma del pasado están ahí”.