BARCELONA. El abogado y miembro del centro para la defensa de los derechos humanos Irídia, Andres García Berrio, fue denunciado el sábado pasado por los Mossos durante la concentración por el cierre definitivo del CIE de Barcelona. Se trata de la primera sanción por desobediencia a la autoridad durante una movilización social en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', de la que los organismos de derechos humanos tienen constancia y que podría implicar una multa de 600 a 30.000 euros.

El abogado, según ha reiterado desde el suceso, solo trataba de calmar los nervios de la pareja del fotoperiodista -con quien mantiene una relación de amistad-, a quien le dio un ataque de epilepsia durante la protesta, sin entorpecer el trabajo sanitario y policial. La versión policial atribuye a García Berrio un “obstáculo al trabajo de los agentes, accediendo a la zona restringida y negándose a volver al espacio habilitado para la concentración”.

En declaraciones a Público, el abogado ha defendido: “Mi caso muestra la arbitrariedad con la que se puede aplicar la Ley Mordaza en este país. Este tipo de sanciones económicas son desorbitadas y representan una anomalía democrática en lo que respecta a la presunción de veracidad de los agentes de seguridad frente a la ciudadanía”. García Berrio ha explicado que antes de la concentración, donde ejercía de mediador, ya habló con los agentes de seguridad para pedirles que se despojaran de sus ametralladoras puesto que se trataba de una acción pacífica frente al CIE. “Se lo pedí para respetar el derecho de reunión y manifestación, y para no generar pánico entre los centenares de asistentes”, ha argumentado.

Si bien esa fue su primera comunicación, al finalizar la protesta y durante el altercado se le acercó el Jefe del operativo “de muy malas maneras” para exigirle que se retirara. Él respondió que se quedaba en el lugar porque su amiga se lo había pedido, y después de que el seguridad lo increpara (“Tú de qué vas? Antes eras el abogado y ahora el amigo?”, “te identificas por las buenas o esposado”), le comunicó que sería denunciado por desobediencia a la autoridad. Lo más sintomático, según relata el abogado, es que cuando dijo a los agentes que iba a presentar una queja frente a la Conselleria de Interior por lo ocurrido, éstos le ofrecieron retirar la denuncia si él desistía a interponer la queja.

Un momento de la protesta del sábado.

Pero no ha sido así. El centro Irídia presentó ayer lunes la demanda a Interior exigiendo una “investigación interna” para esclarecer lo ocurrido y “que se sancione a los agentes intervinientes”, pidiendo que se eviten más “situaciones como la relatada” y que se ejerza el ejercicio de la seguridad con más respeto “al derecho a la reunión y manifestación que los que se derivan de la Ley Mordaza”. García Berrio ha defendido a Público: “Confiamos en que se investigue lo que ocurrió y se tomen las medidas necesarias contra la actuación policial. Recurriremos la sanción las veces que sea necesario para que no se aplique la Ley Mordaza y, sobre todo, lucharemos por derogar esta norma antidemocrática”.

El periodista Jesús Rodríguez, de La Directa, ha recordado que el agente que ha denunciado a García Berrio recibió en el año 2008 una condena firme por su violenta intervención en la discoteca Rosebud, calificada por la juez de “desafortunada, innecesaria, desproporcionada y repugnante”.

“Andrés me asistió porque yo se lo pedí”

Victoria, la pareja del fotoperiodista, coincide con la versión de la queja interpuesta por el Centro Irídia. “Andrés estuvo todo el tiempo asistiéndome porque yo se lo pedí y en ningún momento entorpeció nada. Estaba muy nerviosa por el estado de mi compañero y él me ayudaba a calmarme”, ha explicado a Público. La mujer achaca el abuso policial hacia el abogado a una actitud “arbitraria e intencional porque es un abogado de derechos humanos muy conocido”.

También se ha quejado del trato recibido por los agentes. “Ningún policia nos ayudó a incorporar a mi compañero hacia la posición de seguridad. Además, en varios momentos me empujaron para apartarnos de la zona restringida”, ha declarado. Incluso, reconoce, que tuvo que pedir a los agentes que dejaran de gritar al abogado porque la situación se estaba volviendo violenta, pero que la ignoraron y insistían en apartar al abogado.