El objetivo del PP estaba claro durante la campaña electoral: Madrid Central tenía que desaparecer. El esperpento electoralista se consolidó con Martínez-Almeida, nuevo alcalde de Madrid, y una moto atascada en mitad de unas obras, argumento de sobra válido para desmontar la medida de Manuela Carmena. De nada sirvieron los chascarrillos de los tuiteros. A ojos del Partido Popular, la zona de bajas emisiones atentaba contra la libertad de movimiento. Con el Gobierno municipal formado, en consonancia con Ciudadanos y la ultraderecha, las promesas de acabar con el perímetro anticontaminación parecen estar a punto de cumplirse. 

La realidad es que la agresividad del discurso del PP contra Madrid Central se ha rebajado, quizá porque debe contar con el apoyo de Ciudadanos, que, aunque durante la pasada legislatura demostró su desaprobación al Plan Anticontaminación, no dejó clara su postura con la misma vehemencia que el grupo popular. En ese sentido, la pretensión de eliminar del mapa esta zona de bajas emisiones se ha rebajado, al menos a nivel discursivo. Durante la última semana, tanto Begoña Villacís –actual vicealcaldesa– como Martínez-Almeida han anunciado que la idea será modificar Madrid Central alegando que el fallo del proyecto de Manuela Carmena estaba en el sistema de multas.

De esta forma, la decisión política que se ha tomado es la aprobación de una moratoria de las multas que empezará el próximo 1 de julio y servirá, según anunciaba Villacís, para resolver las "diferencias de la zona de bajas emisiones. Esta decisión, sin embargo, significa la muerte de facto de Madrid Central, tal y como denuncian las asociaciones que defienden la medida impulsada por el Gobierno de Manuela Carmena. 

Cabe recordar que la entrada en vigor de Madrid Central estaba sujeta, entre otras cosas, a los avisos –bajo sanción económica– que la Comisión Europea dio a la capital para que descendiera el nivel de contaminación del aire. Las multas, entonces, se prestaban como un mecanismo para evitar tráfico rodado contaminante y, por ende, emisiones de CO2. Es por ello que el fin de las sanciones a los conductores no autorizados podría elevar los niveles de contaminación de la almendra central.

"Salvo que alguna persona de forma individual se haya concienciado y renuncie a ir con el coche por el centro de la ciudad, el común de los mortales, si no tiene ningún tipo de restricción no va a dejar de circular por la zona", expone a Público Paco Segura, coordinador federal de Ecologistas en Acción. "El objetivo de Madrid Central no era poner multas, sino que la gente no entre en la ciudad en coche", zanja. 

Aunque la moratoria no anularía la regulación vigente, sí que se suprimirían las restricciones la circulación vigente, por lo que se abriría la veda de nuevo al tránsito de vehículos en la zona de bajas emisiones. 

"Es muy importante que trabajemos esta corriente de desinformación, porque al final revertir Madrid Central es una propuesta que carece de base técnica y se basa en una promesa electoral para desmarcarse del trabajo de la anterior corporación. La base técnica y los resultados positivos del apaciguamiento de tráfico para la ciudad y para la calidad de vida y la salud de la ciudadanía es lo que debería ponerse en valor", opina Cecilia Carballo, portavoz de Greenpeace. 

La moratoria, además, no conllevaría retorno al sistema de las cuatro Áreas de Prioridad Residencial (APR) que se fueron implementando durante los anteriores ejecutivos del PP, por lo que ni si quiera se volvería a la etapa precedente a Madrid Central. Todo ello, podría traducirse un "efecto llamada", incide Segura, que atraería demasiados vehículos a calles como la Gran Vía, cuyos carriles han sido reducidos en favor del espacio peatonal.

La moratoria anunciada por Martínez-Almeida no sólo podría conllevar un aumento de la contaminación –que alcanzó mínimos históricos el pasado mes de mayo–, sino que también podría desembocar en un colapso del tráfico en el centro de la ciudad, algo que podría complacer a Díaz Ayuso. En ese sentido, según explica Roberto Majano, bombero de la zona centro de la ciudad, se podrían alterar los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia.

"Ralentizar el servicio debido a los atascos podría poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos en incendios y otros casos, pero también la de los propios profesionales", argumenta este experto, que dice echarse "las manos a la cabeza" ante las intenciones del nuevo Consistorio.