Pasan los meses y cada vez hay más certezas al respecto. Las macrorresidencias de mayores, gestionadas por empresas privadas, tuvieron una mortalidad considerablemente mayor durante la primera ola de la covid-19 que las residencias de gestión pública. 

Cuanto mayor es el tamaño de la residencia, más riesgo de muertes por covid-19 hay, una tendencia mucho más acusada cuando la residencia es privada y es de más de 100 plazas, las llamadas macrorresidencias a las que el Ministerio de Asuntos Sociales pretende poner coto. Esa es la conclusión a la que llega el estudio Covid-19 y personas mayores en residencias: impacto según el tipo de residencia, realizado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y publicado y premiado por la Revista española de geriatría y gerontología.

La investigación dirime los resultados de la primera ola de covid, en la que el 86% de los fallecidos fueron personas mayores de 70 años. Hubo comunidades autónomas como Madrid, donde murió el 22% de toda la población geriátrica. Los datos de la capital, que con Ayuso al frente dio la orden de no derivar a urgencias a mayores de residencias, muestran por tanto que con las mismas condiciones y las mismas políticas desde la administración, las residencias privadas tuvieron unos resultados peores respecto a las públicas.

En toda España, los datos oscilaron considerablemente al medir qué porcentaje del total de fallecidos eran mayores ingresados en residencias. La región con datos más bajos fue Islas Canarias con un 11,92%, mientras que en Aragón se disparó hasta el 88,26%.

"El tamaño de la residencia es estadísticamente significativo y claro", asegura la investigación, y concluye que "se ha observado que las macrorresidencias privadas son las más vulnerables a brotes de alta letalidad durante la primera oleada". Además, los datos también revelan que las residencias donde la letalidad de la covid fue menor tenían una gestión pública y no superaban las 25 plazas.

Son varias las investigaciones que han llegado a estas conclusiones. Otro estudio publicado en la revista Epidemiología aseguraba que el número de muertes en Madrid fue mucho más elevado en las residencias gestionadas por la empresa privada que en aquellas de gestión pública. Hasta un 15% de diferencia. 

La problemática de las macrorresidencias fue abordada por el Ministerio de Asuntos Sociales, que a través de un acuerdo con las comunidades autónomas ha puesto freno a este modelo de residencias. Los centros proyectados tras la aprobación no podrán superar las 75 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas, no podrán superar las 90 plazas si se encuentran ubicados en localidades o zonas de densidad intermedia y no superarán las 120 plazas cuando estén ubicados en ciudades o zonas densamente pobladas. El límite quedará fijado en un máximo de 50 plazas para aquellos centros cuya atención se destine a personas con discapacidad.

En estas unidades convivirán un grupo reducido, que en ningún caso podrá superar las 15 personas residentes, de forma que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar. Las Comunidad Autónoma o administración que tenga la competencia podrán excepcionar a los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo a la aprobación del presente acuerdo del cumplimiento de este requisito cuando la adaptación al mismo se demuestre inviable por razones arquitectónicas.