Seis asociaciones, con el apoyo de dirigentes del PP y Vox, han impulsado una "quedada digital" contra la nueva ley de educación. Es la segunda jornada en la que consiguen poner en la diana esta norma que va a revertir el modelo educativo de los conservadores que se impuso con la ley Wert. Pero sus argumentos no son educativos: sus críticas no dicen nada sobre la enseñanza, sobre los cambios fundamentales que se plantean o sobre el proceso de digitalización, más necesario ahora que nunca. Sus críticas se centran en bulos y en una supuesta imposición de la ley.

Escuelas Católicas, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), el Sindicato Independiente de Enseñanza de Madrid (FSIE) y la Federación de Enseñanza (FeUSO) son las organizaciones que han promovido el hashtag #paremoslaleyCelaá.

La principal crítica se centra en decir que el Gobierno impone esta ley aprovechando el estado de alarma, pero la realidad es que se registró antes del estado de alarma. La Lomloe llegó por primera vez al Congreso en el primero Gobierno de Pedro Sánchez. No continuó con su trámite por el final de la legislatura y se volvió a registrar el 4 de marzo y fue calificada el día 10.

Su tramitación se paralizó con el estado de alarma, cuando se paró también toda la actividad parlamentaria. Sin embargo, tras las peticiones de grupos entre los que se encontraba el PP, la actividad se reanudó y, con ello, la tramitación de leyes. Así se puso en marcha otra vez el proceso. El plazo de enmiendas se ha extendido ya en dos ocasiones y aún continúa abierto el plazo de enmiendas al articulado hasta el próximo 27 de mayo. Aunque se enfoquen en esta ley, la de la regulación de la eutanasia se encuentra en la misma situación.

Además, estos plazos los marca el Congreso, y no el Gobierno. Se espera también que cuando llegue el momento se pueda llevar a los expertos que requieran los partidos a la Comisión de Educación, aunque está decisión dependerá del Congreso y de lo que marquen las autoridades sanitarias. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación alega que esta ley ahora tiene más importancia que nunca porque permite adecuar la enseñanza al nuevo escenario: reforma del currículo para pasar de uno "enciclopédico" a uno "competencial", se fomenta la digitalización, la formación del profesorado y la atención personalizada a los alumnos. Todos aspectos que consideran fundamental para readaptar el sistema educativo.

Tras analizar los tuits que han tenido más repercusión de la "quedada digital", más de cien mil, estas son las principales proclamas contra de la norma, y esto es lo que realmente dice la ley.

La religión no desaparece, es de oferta obligatoria

Las asociaciones aseguran que la ley acaba con la religión, pero lo que hace la reforma es que esta materia sea de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria. Se elimina, eso sí, la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. Se suprime también el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno y ya no contará ni para el acceso a la Universidad ni para la obtención de becas. Pero, en ningún caso, desaparece su oferta.

No se acaban los centros especiales

Los opositores a la ley dicen que la norma quiere acabar con los centros de educación especial. Sin embargo, lo que se expone es un plan de diez años en el que el Gobierno y las Administraciones educativas trabajen, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, para que "los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

El objetivo es que las los centros de educación especial continúen escolarizando a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy
especializada y que desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

No se ataca la concertada, se adecua a la demanda social

El texto no propone ninguna reforma que acabe con la educación concertada. La modificación más importante dispone que los centros educativos que no segreguen por sexo serán objetos de atención preferente y prioritaria. Es decir, que se priorizará en el régimen de conciertos a los centros que "se organicen bajo el principio de la coeducación".

Por otro lado, se critica también que se programe la oferta educativa en función de las necesidades para la pública y la concertada bajo el concepto de "demanda social". Sin embargo, esto supondría, como mucho, una limitación que tiene su sentido en que los centros sostenidos con fondos públicos deben asumir las necesidades que se requieren.

No se elimina la libertad de elección de los centros

Varios mensajes aseguran que la ley impide la liberad de elección de los padres, como afirma la diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Ana Camíns.

Esta crítica no se desarrolla y no se explica en qué apartado se elimina esto. Sin embargo, lo que sí se puede comprobar es que la ley establece que "corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento y las condiciones para la adscripción de centros públicos, respetando la posibilidad de libre elección de centro".

Los cambios respecto a la ley actual se centran en que, cuando no existan plazas suficientes en un centro, tendrán prioridad quienes procedan de los centros que tengan adscritos. O bien la preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda a aquellos alumnos cuya escolarización en centros públicos o privados concertados venga "motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa, una discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la familia o a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género".

El falso mito de la educación basada en el esfuerzo

Una crítica al Gobierno que va más allá de la ley, como ha argumentado también el Gobierno de la Comunidad de Madrid en plena pandemia, es que el modelo del Ejecutivo no valora el esfuerzo de los alumnos. Es una crítica hacia la norma, hacia el planteamiento del pase de curso general ante la pandemia y hacia la reforma del sistema de becas. 

Sin embargo, no todos los alumnos tienen las mismas oportunidades. No es lo mismo estudiar un grado teniendo que trabajar para pagar la matrícula que sin la necesidad. No es lo mismo tener recursos para poder reforzar los conocimientos con clases de refuerzo a no tener esta oportunidad. Y no es lo mismo estudiar en un cuarto propio con ordenador que teniendo que hacer las tareas a través de un móvil. El esfuerzo es diferente en cada situación. 

En este sentido, la ley no plantea ninguna reforma por la que el esfuerzo deje de tenerse en cuenta, pero sí que la esencia de la normativa es disminuir las repeticiones, potenciar la educación competencial y personalizar la enseñanza para compensar las desventajas de origen social.