Noventa y dos asociaciones y organizaciones dedicadas a la defensa del colectivo LGBTIQ+, con presencia en más de 40 países de todo el mundo, han suscrito una declaración impulsada por la ONG española The Equality Advocacy Project, para reclamar la aprobación de una ley integral de apoyo a las personas transgénero que reconozca la identidad de género declarada, en línea con la ley trans de Irene Montero, que recoge como único requisito para el cambio en el Registro Civil la "declaración expresa" de la persona.

En concreto, las organizaciones firmantes del manifiesto piden impulsar "una nueva ley que reconozca libremente la identidad de género declarada" y que no incluya como requisitos previos "las pruebas médicas o cirugías y terapias hormonales".

Asimismo, reclaman que la norma simplifique los trámites para el cambio de nombre y sexo, resuelva "de manera urgente" el problema de discriminación al que se enfrenta este colectivo y tenga en cuenta a los menores de edad trans.

Asimismo, señala que la normativa debe responder a la realidad de las personas trans menores de edad, garantizando en todo momento "la participación de sus tutores legales"; y añade que los documentos emitidos en el país deben "respetar la identidad de género de las personas trans, independientemente de su nacionalidad".

De esta forma, reconoce otro "obstáculo" al que se enfrentan muchos extranjeros con residencia legal en España y precisa que "es necesario que sea posible acceder al cambio de sexo y de nombre en la tarjeta de residencia y permiso de trabajo".

Si bien, con esta declaración, que han apoyado asociaciones y organizaciones de Estados Unidos, América Latina, Europa o Rusia, no solo piden que se reconozca la existencia de expresiones de género diversas, sino también que se proteja a las personas trans de la violencia y discriminación.

Según señala la ONG The Equality Advocavy Project, entre 2008 y 2019 se produjeron, al menos, 3.300 asesinatos de personas trans en más de 70 países, la mayoría de trabajadoras sexuales, aunque advierte de que la cifra real podría ser "mucho mayor" dada la ausencia de estadísticas fiables.

"Se trata de una petición directa de la Comisión Europea, que ya ha incluido entre sus recomendaciones la necesidad de que los estados miembros dispongan de procedimientos transparentes y accesibles, basados en el principio de autodeterminación del género", ha explicado el presidente de la ONG The Equality Advocavy Project, Rafael Aníbal.