La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará este martes a un agente de la Guardia Civil acusado de "abusar de su función" para mantener relaciones sexuales con una prostituta a la que asistió como víctima de violencia de género y a la que, conocedor de sus problemas económicos, le ofreció pagarle el alquiler a cambio de acostarse con él.

Tal y como recoge el escrito de acusación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado ejerció durante los años 2016 y 2017 el cargo de Brigada en la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y de comandante en el puesto de la ciudad, una labor en la cual trataba cuestiones relacionadas con la violencia de género.

Fue en esta función en la que tomó contacto en junio de 2016 con una víctima a la que realizó una visita hospitalaria tras una agresión. En este contexto, el acusado ofreció a la mujer ayuda, así como un lugar para "preservar su seguridad"

Días después, la mujer se personó en el cuartel de la Guardia Civil para denunciar el quebrantamiento de la orden de protección y medida de alejamiento impuesta a su pareja, cuando volvió a tener contacto con el hombre.

Conocimiento de su situación

El agente, dado su cargo, tenía conocimiento de sus datos, dirección y teléfono, así como que tenía problemas económicos y de consumo de drogas y que ejercía la prostitución. En esta situación, llamó por teléfono a la mujer para quedar con ella en una primera ocasión y, luego, reiteradamente para ofrecerse a pagarle el alquiler e invitarla a cenar, algo a lo que ella "accedió ante la insistencia del acusado".

Conociendo que ejercía la prostitución y pasaba por dificultades económicas, el acusado "doblegó su voluntad" y la "llevó a su domicilio", en el propio cuartel de la Guardia Civil, el 27 de junio, donde "mantuvieron relaciones sexuales". "Al preguntarle ella después por el dinero ofrecido por el alquiler, le dijo que no había sido lo que esperaba y le tiró unas monedas con gesto despectivo", recoge el escrito.

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de solicitud sexual, negociación y actividad prohibida al funcionario, así como de abuso de su función. Por ello, pide para él una pena de 18 meses de prisión y la inhabilitación absoluta por un periodo de siete años.