La Justicia italiana obliga a Juana Rivas a entregar a sus hijos a su expareja

La Justicia italiana ha obligado a Juana Rivas a entregar a sus hijos a su expareja,  Francesco Arcuri. Aunque los niños se resistían a irse con su padre, la entrega se ha producido en una comisaria de Cagliari, la capital de Cerdeña, según han confirmado a este medio fuentes cercanas a Rivas.

Rivas ha presentado seis denuncias contra Arcuri por malos tratos a los niños. El pasado domingo tomó la decisión de no devolverlos hasta que le dieran garantías de protección para los menores. Hasta el momento, ni la Fiscalía ni los tribunales han tomado alguna medida de protección. El entorno de la madre de Maracena (Granada) denuncia que la situación es tan grave que considera que "el peligro de muerte es real". 

Rivas y su equipo jurídico pidió al cónsul general de España en Roma que investigue este asunto ante la "vulnerabilidad extrema" de los niños

Rivas presentó la última denuncia el pasado fin de semana, cuando descubrió un hematoma en la espalda del hijo menor, de cuatro años. Según Rivas, el relato de los niños explicaba que se los había hecho el padre en un enfado al lanzarlo contra los hierros de una cama porque no podía dormir y posteriormente contra la pared del pasillo de la casa de los abuelos paternos en Génova, donde Arcuri y los menores permanecieron cerca de dos semanas entre el 4 y el 18 de octubre. Ante estos hechos y tras acudir al hospital, la madre decidió no devolver a los menores.

La policía de Cagliari permitió anoche a Rivas regresar con sus hijos a su lugar de residencia, tras verificar que se encuentra en situación de "plena legalidad". Los agentes iban a "valorar la posibilidad de que pueda instalarse con sus hijos en una casa de acogida para mujeres maltratadas", añaden las fuentes del entorno de la madre.

Rivas se reunió el miércoles en Cagliari con Luis Fernández Cid, el cónsul general de España en Roma, para pedirle que se investigue este asunto ante la "vulnerabilidad extrema" en la que se encuentran los niños, que conviven con su padre en Carloforte en una zona apartada. 

Rivas y su equipo jurídico solicitaron al cónsul que España hiciera valer el artículo 63 del Convenio de Estambul. Se trata de un tratado internacional firmado y ratificado tanto por nuestro país como por Italia que establece que cuando una de las partes "tenga serios motivos para creer que una persona corre el riesgo de quedar sometida de modo inmediato en el territorio de otra parte a actos de violencia", deberá transmitir esta información al otro país para asegurarse de que "se toman las medidas de protección apropiadas".

Según relata el entorno de Rivas, el pasado fin de semana la mujer vio hematomas en la espalda del hijo menor, de cuatro años

También comentaron al cónsul que el hijo mayor, de 12 años, lleva más de un año solicitando ser escuchado por un juez, sin que hasta el momento haya sucedido. Tras los últimos acontecimientos, el Tribunal Civil de Cagliari que lleva el tema de la custodia de los menores, ha decidido citar al menor para el 13 de noviembre. Una fecha que no se acomoda a las "exigencias de protección e inmediatez que requieren la gravedad de los hechos denunciados", denuncia el equipo jurídico de Rivas en un comunicado.

Por su parte, la defensa de Arcuri negó las acusaciones y pidió a la Justicia italiana que ordenara la entrega inmediata y suspendiera el derecho de visitas de Rivas o que estas se hagan con vigilancia. Además, denunció a Rivas nuevamente ante la Policía, afirmando que la mujer ha incumplido la ley al no entregarle a sus hijos el pasado domingo, tal como estaba establecido.

La situación de Rivas y sus hijos sigue siendo compleja. Ha sido condenada en España a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad de sus hijos por sustracción de menores, después de que hace dos veranos incumpliera las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre. La sentencia no es firme y ha sido recurrida por su defensa ante la Audiencia de Granada, que tendrá que decidir sobre el caso en las próximas semanas.

También el tribunal civil italiano que tiene que decidir sobre la custodia de los menores está pendiente de hacer pública su decisión. El proceso pericial acabó a finales del mes de septiembre, pero las abogadas de Rivas en Italia presentaron un escrito de anulación de toda las actuaciones periciales por entender que se han producido graves faltas.