Juicio a La Manada Siete días que conmocionaron las redes y las calles y sacudieron al sistema judicial

Tan sólo han pasado siete días desde que la Audiencia de Navarra hiciera pública la sentencia del juicio a La Manada que no ha contentado a nadie. El hecho de que el tribunal aguara la sentencia, rebajando el delito de violación a uno de abuso continuado, fue el detonante de un sin fin de manifestaciones y declaraciones curzadas desde todos los estamentos nacionales y muchos internacionales. El hecho de que el tribunal no encontrar indicios de violencia o intimidación en la actuación los cinco hombres que acorralaron a una joven de 18 años en un reducido espacio y la penetraran simultáneamente por vía bucal, anal y vaginal, así como que el voto particular emitido por uno de los jueces en el que pedía la absolución de los acusados por no hallar delito alguno (tan sólo el hurto del teléfono de la víctima), encendió todas las alarmas de un caso llamado a ser emblemático y que acabó demostrando lo que habitualmente les ocurre a las mujeres que denuncian violaciones: la necesidad de mostrar que ha habido una resistencia casi heroica para demostrar que han sido violadas.

Como recordaron muchas expertas a lo largo de esta semana, el de La Manada no es un caso aislado, pero estaba llamado a marcar un antes y un después, por lo mediático que ha sido y por la gravedad de los hechos denunciados, todos ellos reconocidos como hechos probados en la sentencia principal. El voto particular del magistrado Ricardo González, considerado como misógino y plagado de estereotipos machistas por las organizaciones feministas, ha provocado una cascada de movilizaciones y manifestaciones que no ha dejado indiferentes a ningún estamento. Las movilizaciones en la calle no se hicieron esperar. Una organización de derechos de las mujeres, Women´s Link, ha elevado un escrito al CGPJ para que abra una sanción disciplinaria contra este juez.

No es abuso, es violación

Desde el mismo momento de la lectura del fallo el pasado 26 de abril, un numeroso grupo de personas se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Navarra, y cientos de movilizaciones recorrieron las calles de decenas de ciudades de todo el país esa misma tarde. 

"No es abuso, es violación", "hermana yo si te creo" o "hermana, aquí está tu manada" fueron los lemas más coreados. Desde entonces, la cascada de declaraciones han sido constantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Las manifestaciones volvieron a repetirse en distintos puntos de la geografía en los días siguientes e irrumpieron en las celebraciones del 2 de mayo en Madrid, cuando miles de ciudadanos, principalmente mujeres, se reunieron en la Puerta del Sol para volver a protestar por la sentencia y por una "justicia patriarcal" que revictimiza a las víctimas y no repara el daño. 

Pero a una semana de conocida la sentencia, las movilizaciones no decrecen, sino que toman impulso. Este viernes el Movimiento Feminista de Madrid ha convocado una movilización que comenzará el Atocha y concluirá frente a la Audiencia Nacional. Con ella denuncian que "vivimos en una cultura de la violación que legitima este tipo de sentencias y que dota de impunidad a los agresores y deja en una posición de vulnerabilidad a todas las mujeres", afirman en su convocatoria. Recuerdan que el caso de la Manada es sólo uno de tantos, ya que en España se denuncia una violación cada ocho horas. También el próximo lunes tendrá lugar otra concentración en la Plaza del Castillo de Pamplona. 

Colegios profesionales salen a la palestra

Pese a la tímida reacción por parte del Ministro de Jusitcia, Rafael Catalá, al poco de conocerse la sentencia, su visión de la sentencia varió a las pocas horas más tarde. El ministro Catalá arremetió contra el juez que emitió el voto particular en la sentencia, afirmando que todos saben que ese magistrado "tiene un problema singular" y afirmando que el Gobierno revisará si el delito de violación está bien recogido en el Código Penal, abriendo la posibilidad de una reforma legal.

Estas declaraciones han encendido las críticas de las siete asociaciones de jueces y fiscales de nuestro país, que en duros comunicados han llegado a pedir la dimisión del ministro. Aducen que éste ha sembrado públicamente dudas sobre la capacidad y condición del magistrado que elaboró el voto particular y que ha incurrido en una intromisión en la labor de los magistrados.

"La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", afirmaron en su escrito. Las distintas asociaciones han acusado al ministro de confundir a la opinión publica "movido por intereses exclusivamente políticos". 

La única manifestación del Consejo General del Poder Judicial sobre el caso, se ha producido, también, para apelar a la "mesura" y a la "responsabilidad institucional", tras las declaraciones del  ministro. Los movimientos y organizaciones sociales, critican esta que esta institución no haya vigilado más de cerca el proceso y lamentan que no se haya pronunciado sobre el fondo de la sentencia y las formas del  magistrado que emitió el voto particular. 

Por su parte, otras asociaciones profesionales han hecho comunicados en los que hacen pública su postura sobre la sentencia. Es el caso de psicólogos y psiquiatras, que en una carta firmada por cerca de 2.000 profesionales de esta rama enviada al  Ministerio de Justicia, afirman que "la paralización y el bloqueo son reacciones automáticas y normales ante el pánico" y, por ello, no tiene sentido plantear la cuestión del consentimiento. Estos profesionales, que subrayan su "más profundo y enérgico rechazo a la sentencia", argumentan que "el bloqueo" es una "forma rápida de reacción del sistema nervioso para tratar de sobrevivir y minimizar el impacto del suceso amenazante".

Miles de historias en #Cuéntalo

Ante la indignación que ha levantado la sentencia contra La Manada, miles, tal vez millones de mujeres se han sumado a contar sus experiencias de agresiones sexuales en Twitter y otras redes sociales. Iniciada por un artículo de la codirectora de Público, Virginia Pérez Alonso en la que relataba su experiencia de agresión sexual vivida cuando sólo contaba con 13 años, y el posterior twitt de la periodista Cristina Fallarás, pidiendo a otras mujeres que contaran su historia usando el hashtag #Cuéntalo, las redes han explotado con casos de mujeres que ha decidido romper el silencio, como una forma de mostrar públicamente que las agresiones que viven las mujeres son universal y que suceden de forma mayoritaria a las mujeres desde que son niñas. 

El hashtag #Cuéntalo se hizo viral y llegó a ser tendencia mundial en Twitter. Y, después de varios días desde que comenzó, sigue siendo recibiendo miles de historias desde distintos lugares del mundo, especialmente de España y América Latina. "Ya nadie puede poner en duda la violencia habitual y generalizada, el miedo y el dolor. Hemos compuesto un retrato coral y feroz. La voz de las mujeres", afirmó la periodista Fallarás.

Periodistas, escritoras, políticas y twitteras se han sumado a la construcción de este relato colectivo que, según afirman muchas de las participantes, tiene un efecto sanador, por el hecho de compartir historias y dramas que en la mayoría de los casos han estado guardados durante años sin ser contados ni compartidos.

La sentencia de La Manada ha saltado fronteras

No solamente los principales medios internacionales se han hecho eco de la sentencia y del malestar que ha provocado el hecho de que no se considerara como una violación, sino que varias instituciones internacionales han reaccionado dando un tirón de orejas al sistema judicial y al Gobierno. Entre ellas se encuentra ONU Mujeres, cuya coordinadora ejecutiva para el acoso sexual, Purna Sen, advirtió este miércoles de "la suave sentencia de los agresores de La Manada en España subestiman la gravedad de la violación y perjudica las claras obligaciones que existen para que se respeten los derechos de las mujeres".

También el Parlamento Europeo ha tomado cartas en el asunto. En una sesión este miércoles ha criticado con dureza la sentencia y ha pedido armonizar la legislación europea para que los Estados miembros reconozcan, tal y como establece el Convenio de Estambul, que todo acto sexual sin consentimiento expreso es violación. Este es, en este caso uno de los puntos principales, porque aunque la sentencia en los hecho probados relata una violación en toda regla, la sentencia no ve indicios de violencia e intimidación suficientes para que se consideren los hechos como violación. 

Cerrar esa brecha pasa, para los eurodiputados, por dos cuestiones fundamentales: armonizar el reconocimiento de la violación como una forma de agresión en toda la Unión Europea y asegurar la formación de policía y jueces en perspectiva de género.

Por su parte el secretariado de Amnistía Internacional a nivel mundial ha emitido este jueves su valoración de la sentencia. Según esta organización de derechos humanos, “esta sentencia muestra que tanto la ley como el sistema judicial están fallando cruelmente a las víctimas de violación, y están agravando su trauma en España. Al sentar en el banquillo la conducta de las víctimas en lugar de las acciones de los acusados, transmite un peligroso mensaje. La ausencia de consentimiento es lo que tiene que importar, no si la víctima opuso resistencia física o no al ataque.”

Imprescindible la formación en perspectiva de género

Amnistía no es la única. Tras conocerse la sentencia, organizaciones feministas, así como juristas especializadas en casos de violencia sexual, han afirmado la necesidad de formar a los operadores jurídicos (todos los que intervienen en casos como estos: jueces, fiscales, psicólogos... ) en perspectiva de género. Si bien las juristas consultadas por Público consideran que tal vez sería necesario hacer cambios o ajustes en las leyes, lo fundamental, afirman, es la necesidad de que jueces y magistrados apliquen una perspectiva de género y de derechos humanos a las sentencias que tienen que ver con la violencia sexual. Y para ello es imprescindible y urgente que exista una formación obligatoria en esta materia.