El juicio por el accidente del Alvia en Santiago arrancará el 20 de septiembre de 2022 y durará casi nueve meses

A punto de cumplirse una década del fatal accidente del tren Alvia en Angrois, las víctimas tendrán justicia. El juicio por el accidente del Alvia el 24 de julio de 2013 arrancará el 20 de septiembre de este año y se prolongará hasta 2023, nueve meses de declaraciones, peritos y declaraciones de testigos que llevarán la sentencia al año del décimo aniversario del siniestro en que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas.

El auto de la jueza, con fecha del 7 de abril, hace una propuesta de calendario para este juicio en el que se sentarán en el banquillo como investigados el maquinista del tren y para el que era el director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de puesta en funcionamiento de la línea.

El juicio comenzará el 20 de septiembre

En el auto, la jueza propone que el juicio comience el martes 20 de septiembre con la práctica de las pruebas relativas a la acción penal, las cuales se desarrollarían hasta el 22 de diciembre, quedando reservados los días 10, 11, 12 y 13 de enero para eventuales incidencias o la continuación de declaraciones que pudiesen quedar pendientes. De esta forma, los testimonios relativos a las acciones civiles se iniciarían el 17 de enero y se prolongarían hasta finales de mayo.

Entre los días 20, 21 y 22 de septiembre está previsto que se sustancien las cuestiones previas y el interrogatorio a los acusados

El calendario que contiene la resolución establece que durante los días 20, 21 y 22 de septiembre las partes planteen las cuestiones previas e interroguen a los dos acusados, mientras que los días 23, 27, 28 y 29 de septiembre se reservan para posibles incidencias.

Las declaraciones de los 45 testigos, entre las cuales figuran diez policías, se desarrollarían entre el 4 y el 27 de octubre, mientras que las de los 18 testigos-peritos tendrían lugar entre el 2 y el 15 de noviembre; y, las de los 18 peritos, se realizarían entre el 16 de noviembre y el 22 de diciembre.

La acción civil, según la propuesta, se iniciaría el 17 de enero, con las declaraciones de 90 testigos, las cuales terminarían el 26 de ese mes. Los 35 forenses propuestos intervendrían entre el 31 de enero y el 7 de febrero, mientras que los 44 peritos restantes lo harían entre el 8 y el 16 de febrero.

El auto especifica que a partir del 21 de febrero, y hasta mediados de mayo, tendrían lugar las declaraciones de los 277 testigos, 96 peritos y dos testigos-peritos propuestos por los abogados y abogadas personados en la causa, así como los 82 testigos y un testigo-perito propuestos únicamente por el Ministerio Fiscal.

En la resolución, la magistrada indica que las partes disponen de un plazo improrrogable de cinco días para, en su caso, alegar y justificar las causas que imposibiliten o hagan inconvenientes los términos del calendario propuesto y/o pongan de manifiesto cualquier omisión o error material que puedan advertir.

La jueza solicita, tanto a las partes como a los distintos intervinientes, máxima disponibilidad, dada "la complejidad de la organización de un juicio de estas características". No obstante, indica que, todo ello, sin perjuicio de que, en función de las vicisitudes que surjan durante el desarrollo del juicio, pueda acordarse la modificación del calendario y contenido de las sesiones que se establezca inicialmente.

La plataforma de víctimas ha protagonizado numerosos actos públicos de protesta a lo largo de este tiempo para reclamar que llegase este momento. Está por ver todavía el lugar para la celebración del juicio. Los escenarios que se habían manejado son la Ciudad de la Cultura o el Palacio de Exposiciones y Congresos.

La instrucción finalizó con los dos acusados, contra los que se dirime si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, de 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y de un delito de daños.

Peticiones de cuatro años de prisión

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión. Además, demanda que el maquinista, Francisco Garzón, sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena.

Para el otro acusado, el exresponsable de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, que salió de la dirección de la empresa pública en mayo de 2021, requiere la inhabilitación durante el mismo periodo para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.

El siniestro tuvo lugar el 24 de julio de 2013 al descarrilar un tren Alvia que circulaba con un exceso de velocidad por un despiste del maquinista en una línea que no disponía de un adecuado análisis de riesgos en su tramo final, donde aparece la primera curva tras un trayecto casi rectilíneo desde Ourense.