La jueza que instruye el caso Máster ha rechazado hacerse cargo en la causa en la que se investigan los presuntos gastos irregulares del exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid Enrique Álvarez Conde al considerar que "entorpecería la instrucción".

La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, quiere tratar de evitar "una macrocausa de imposible instrucción ágil y de muy difícil (o imposible) enjuiciamiento conjunto", como argumenta en un auto, al que ha tenido acceso Efe.

Por ello, devuelve las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 34, que inició la investigación tras una denuncia de la universidad por malversación que se centra en las presuntas irregularidades económicas que efectuó Álvarez Conde a través de las cuentas del Instituto de Derecho Público, relacionadas con el desvío de fondos para fines personales.

Para la magistrada, aceptar la inhibición podría ser "pernicioso" toda vez que "cualquier acumulación de acciones penales a esta causa supone aumentar su complejidad y propiciar importantes dilaciones para el proceso".

Un argumento contrario al de la Fiscalía, que informó a favor de la inhibición al entender que no se puede descartar que los hechos que se investigan en la denominada "pieza E" -correspondiente a los gastos de la tarjeta de Álvarez Conde- tengan relación con el resto de la causa que instruye la jueza Rodríguez-Medel.

Pero la magistrada rechaza dicho razonamiento y asegura que los delitos investigados por los diferentes juzgados no son ni conexos ni análogos entre sí.

La posible malversación del dinero de la URJC está "totalmente" desvinculada de los hechos que investiga Rodríguez-Medel en las diferentes piezas abiertas, en las que trata de esclarecer si tuvo lugar una "indiciaria prevaricación administrativa llevada a cabo para otorgar títulos académicos a modo de prebendas" y en las que una de las principales investigadas es la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.

"Son hechos desvinculados unos de otros, cometidos en diferentes momentos temporales e indiciariamente para beneficiar de manera distinta (en un procedimiento académicamente, en otro lucrativamente) a personas diferentes (en un caso alumnos, en otro familiares directos del señor Alvárez Conde)", expone la jueza.

Además, mientras que de la causa por malversación contra Álvarez Conde "subyace" un intento de "lucro personal del entorno" del catedrático, la jueza no aprecia dicho ánimo en los hechos que ella investiga.

En definitiva, según Rodríguez-Medel, "la investigación y prueba en conjunto no resulta conveniente" pues en realidad ello "favorecería la confusión" y "entorpecería la instrucción".

Según la Cadena Ser, Álvarez Conde era el único administrador de las dos cuentas bancarias del Instituto, que contaba hasta su cierre con un CIF distinto del de la propia universidad.

Entre las supuestas irregularidades que se le imputan figuran pagos con la tarjeta en restaurantes, grandes almacenes y establecimientos de alimentación en las navidades de 2016, transferencias bancarias a cuentas de su hija, y la retirada el pasado febrero de 3.000 euros en 24 horas de las cuentas del Instituto de Derecho Público.