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El juez investiga al arzobispo de Zaragoza por espionaje

Lucha de poder en el arzobispado

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El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez / WIKIPEDIA

Actualizado:

@e_bayona

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Lucha de poder en el arzobispado

Este nuevo proceso judicial se enmarca en la tormentosa lucha de poder que desde hace años libran en el arzobispado de Zaragoza el sector aperturista, liderado por el emérito Elías Yanes, con el que se alineaban la notaria y otros cargos cesados y despedidos, y el bloque conservador que encabezaba el cesado Manuel Ureña, apoyado por grupos como el Opus Dei, y con el que se vincula a Jiménez y al grueso de su curia. Esos conflictos tuvieron uno de sus puntos álgidos en el cese, por orden del Vaticano, del arzobispo Manuel Ureña tras llegar a Roma varios informes que ponían en tela de juicio su gestión al frente de la sede episcopal.

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De confirmarse, los responsables se enfrentarían a una pena de hasta siete años de prisión por un delito de revelación de secretos 

Su relevo, ejecutado de manera fulminante en noviembre de 2014 —la Congregación de Obispos ni siquiera realizó la tradicional consulta de una terna entre los prelados españoles—, se produjo después de que algunos de esos informes apuntaran sospechas sobre su supuesta tolerancia con prácticas homosexuales entre los sacerdotes y llamaran la atención sobre el creciente peso del llamado lobby colombiano, integrado por una treintena de curas de ese país.

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Jiménez cesó a M. C. A. poco después de tomar posesión del arzobispado —la sede reconoció el despido como improcedente—, dentro de una purga que también dejó sin destino a buena parte de los curas de origen iberoamericano llegados a la diócesis en la etapa de Ureña, la mayoría de ellos seleccionados por el falso cura, y que incluyó el cambio de los responsables del seminario.

La notaria supuestamente espiada fue cesada por Vicente Jiménez poco después del cese de Manuel Ureña.

El despido de M. C. A. se vio seguido de la dimisión de A. M. y a R. F., dos sacerdotes del sector renovador. Los tres eran, para el sector conservador, sospechosos de haber participado en las maniobras que llevaron al cese de Ureña y en la elaboración de alguno de los informes que llegaron al Vaticano.

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