El Gobierno central ha decidido atacar la ley aragonesa que veta la publicidad de las apuestas deportivas en los recintos deportivos al considerar que invade sus competencias por afectar al juego online, por lo que ha amagado con recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

El ejecutivo central y el autonómico han acordado en su Comisión Bilateral designar un equipo de trabajo y abrir un periodo de negociación para “resolver las discrepancias” sobre ocho puntos de la Ley de la Actividad Física y del Deporte, lo que amplía de tres a nueve meses el plazo del que dispone el Consejo de Ministros para recurrirla.

Sin embargo, si el grupo de trabajo no alcanza un acuerdo antes del 19 de septiembre, la norma será denunciada ante el Constitucional, lo que conllevaría la suspensión de los artículos impugnados durante un mínimo de cinco meses.
Las discrepancias se centran, además de en la regulación de los profesionales y monitores deportivos, en dos de los artículos que regulan el veto a la publicidad de “todo tipo de apuestas deportivas” y de “cualquier clase de negocio relacionado con la prostitución”, aunque, según explicaron fuentes del Gobierno de Aragón, únicamente afectan a la primera de esas actividades.

Uno de ellos atribuye a la comunidad autónoma la competencia para “elaborar los mecanismos necesarios que prohíban la publicidad” del juego y de la prostitución “en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares” y en “todas las categorías deportivas”, mientras el segundo tipifica como infracción grave incluirla “en cualquier tipo de competición, actividad o evento deportivo”.

La ley castiga esa conducta con multas de 6.001 a 60.000 euros y contempla unas sanciones supletorias que pueden conllevar la clausura de las instalaciones y la retirada de las licencias por periodos de hasta cinco años para los clubes.

Disquisiciones legales sobre competencias

Fuentes del Gobierno de Aragón explicaron que el grueso de las discrepancias se concentran en que Madrid entiende que extender el veto a cualquier tipo de apuestas deportivas supone invadir las competencias estatales, ya que la regulación del juego online está en manos del ejecutivo central. Es decir, que considera que es el único habilitado para limitar su publicidad aunque la supervisión y la ordenación del resto de sistemas de apuestas es, loterías estatales al margen, una potestad autonómica.

Esa diferencia de interpretación ya ha generado una situación chocante en los primeros meses de aplicación de la ley autonómica, la primera que aprueba una comunidad para limitar la publicidad de los juegos de azar. Hacienda ha llegado a plantear su veto en las televisiones en horario infantil y su limitación en determinadas retransmisiones deportivas, aunque ese planteamiento nunca superó la fase de borrador.

Por una parte, en los estadios de los equipos aragoneses que disputan competiciones profesionales y de elite, como la Sociedad Deportiva Huesca o el Real Zaragoza, siguen siendo visibles los anuncios de casas de apuestas por Internet, ya que ninguna norma estatal prohíbe su presencia. Pero, por otra, ambas sociedades han retirado de sus equipaciones las referencias a la cadena de salones de juego que tenían como patrocinadora.

Sin embargo, los equipos visitantes que anuncian ese tipo de negocios en sus equipaciones los han exhibido sin ningún problema en sus visitas al Alcoraz y a La Romareda.

El Gobierno central plantea que “la prohibición para que esos equipos lleven la publicidad cuando jueguen en estadios aragoneses colisiona con la competencia estatal”, explican las mismas fuentes.

Por otro lado, el Ejecutivo central considera que incluir esas restricciones en materia de publicidad en una ley autonómica sobre el deporte cuando existe una estatal sobre el juego constituye una técnica legislativa inadecuada.

Más de 150 millones en apuestas, bingos y casinos

Los aragoneses apostaron en 2017 un total de 62,73 millones de euros en los establecimientos de juego autorizados en la comunidad, una cifra que duplica con creces los 27,05 euros registrados solo cuatro años antes, según refleja el Informe sobre el Juego que acaba de publicar el Gobierno de Aragón.

De esa cantidad, 51,32 millones de euros fueron destinados a premios mientras otros 11,4 se convertían en beneficio bruto para las empresas que gestionan esos establecimientos, que andan cerca de duplicar sus ingresos en cuatro años (5,95 en 2013).

La recaudación de las catorce salas de bingo, que lleva tres años de crecimiento tras encadenar ocho de retroceso, supera con claridad a las de las apuestas al alcanzar los 81,77 millones anuales (194,55 en 2006), mientras las cifras jugadas en los casinos se sitúan en el entorno de los diez millones.

Solo estos tres tipos de locales de juegos de azar suman envites por un valor superior a los 150 millones de euros, a los que habría que sumar el dinero jugado online y en las máquinas tragaperras.