El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska compareció el miércoles en el Congreso para responder a las preguntas de los diputados. Entre ellos, las de Marian Beitialarrangoitia, de EH Bildu, que preguntó al ministro por el informe encargado por el Gobierno vasco que señala que en Euskadi se produjeron 4.113 casos de torturas desde 1960, el 73% después de la muerte de Franco. La respuesta de Grande-Marlaska fue tajante. En España no se produce una práctica sistemática de la tortura. Digan lo que digan los informes. Ya sean de gobiernos autonómicos o de la sociedad civil, como el de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura.

"Hay informes que pueden decir 4.000, 5.000 ó 6.000, me podrá decir lo que quiera, pero ya le digo que no. No hay resoluciones judiciales que digan 4.000 o 5.000. Si queremos podemos generar las verdades, pero acostúmbrese a que la verdad es la verdad judicial", señaló el ministro del Interior. 

La respuesta del ministro llamó la atención de abogados y expertos en la lucha contra la tortura. Por varios motivos. Por una parte, sorprende que el ministro del Interior niegue la importancia de un informe tan completo y contundente como el encargado por el Gobierno de Euskadi y elaborado por un equipo del Instituto Vasco de Criminología liderado por el prestigioso forense Paco Etxeberria. "La negación es la tónica habitual en Interior. La defensa del corporativismo y de la Policía. Pero el ministro debe serlo de todos los ciudadanos no solo de los policías y debería alarmarse, y mucho, ante informes que reflejan tal cantidad de casos de torturas", dice Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT). 

En segundo lugar, las declaraciones de Marlaska llaman la atención porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que ha condenado a España hasta en cinco ocasiones por no investigar suficiente las denuncias de torturas a seis detenidos por su presunta integración o colaboración con ETA que estuvieron bajo custodia, precisamente, de Grande-Marlaska, cuando era juez de la Audiencia Nacional. Se trata de los casos de Igor Portu y Mattin Sarasola (2018); el de Beatriz Etxebarria (2014); de Oihan Ataun Rojo (2014);​ de Patxi Arratibel Garciandia (2015); y de Xabier Beortegui Martínez (2016). 

"La verdad judicial es que España ha sido condenada por el TEDH por no investigar denuncias de torturas bajo su custodia. Eso es, utilizando su lógica, una verdad judicial. El máximo organismo judicial europeo ha dictaminado que Grande-Marlaska no ha investigado suficientemente denuncias verosímiles de torturas. Por lo tanto, no sabemos si se tortura, pero sí sabemos queno investiga", dice Jorge del Cura. 

En este sentido, Jorge del Cura alerta de los peligros de que los jueces traten de monopolizar "lo que es verdad y lo que no". "No pueden jugar a ser oráculos ni a tener la única verdad. Las resoluciones judiciales dictan lo que se ha podido probar y tratan de administrar la justicia. Pero no siempre se hace justicia, por lo que tampoco se puede decir que sean la única verdad", señala Del Cura. 

"Un absurdo"

La abogada penalista Laia Serra, miembro de la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, considera que decir que la única verdad es la judicial es un "absurdo". "Desde todas las instancias internacionales se sabe que las denuncias de torturas que se producen cada año son mucho menores de los casos reales. Por la clandestinidad en la que se producen. La conocida resistencia judicial a condenar funcionarios o el miedo a denunciar. Y después, una vez se denuncia, hay muchas complicaciones para que la denuncia salga adelante por la imposibilidad de demostrar los hechos", señala Serra. 

La abogada recuerda también que la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura hace apenas un mes presentó un demoledor informe que cifra en más de 1.000 las denuncias de ciudadanos malos tratos o tortura policial en el año 2017. "En la Coordinadora tenemos criterios muy estrictos a la hora de incorporar casos al informe. Recibimos una cantidad ingente de denuncias que no difundimos", apunta Serra, que considera que cuando un ministro del Interior recibe informaciones de este tipo la reacción debería ser más de preocupación que de negación: "Espana ha sido condenada por el TEDH varias veces por no investigar las torturas. No se puede alardear de que no existe... Negar su práctica es el primer obstáculo para erradicarla".