Hace ya 16 años que la familia de José Couso, periodista asesinado en Bagdad a manos de militares estadounidenses, pide justicia por su muerte. La Audiencia Nacional archivó la investigación de su asesinato conforme a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que realizó el Partido Popular en 2014, por la que se impide que los casos de conflictos producidos fuera de España puedan ser investigados si los culpables no se encuentran en el territorio. Aun así, los familiares han luchado por reabrir este caso y presentaron recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional en contra de esta resolución. Hace tres días, el 24 de junio, recibieron la sentencia de este tribunal: los ha rechazado. Por lo que, si quieren reabrir el caso, solo les queda recurrir a la justicia europea. 

"Queremos destacar, sin pelos en la lengua, el papel servil de desprecio que ha emitido el Tribunal Constitucional ante la muerte de José", ha señalado el hermano de la víctima, David Couso. "España restringe el derecho internacional humanitario así y nos coloca ante una situación de clara y real indefensión", ha señalado. Couso culpa a este tribunal no solo de impedir la investigación y el enjuiciamiento de criminales de guerra, sino que, además, considera que imposibilita que las víctimas ejerzan el derecho a que la justicia persiga a los culpables.

El abogado de la familia, Eduardo Gómez, ha explicado que acudirán a Estrasburgo con el fin de que se produzca un cambio legislativo en España que permita perseguir a los criminales de guerra para que se reabra el caso Couso. "Una cosa es que Estados Unidos niegue la extradición y otra que España ni siquiera te deje pedirla", ha expresado. "Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que nuestros argumentos son de peso tendrá que haber un cambio en la ley española", ha insistido. 

Una vez que se configure el nuevo Gobierno, la familia Couso volverá a plantear reuniones en el arco parlamentario como las que tuvieron en diciembre de 2018, "donde todos los grupos políticos se comprometieron a modificar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reabrir el caso" del periodista español, ha asegurado David. "Reabriremos el caso, no se acaba nuestra lucha", ha aseverado. 

Inseguridad de los periodistas y la ciudadanía

Los familiares del reportero gráfico cuentan con el apoyo de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). La secretaria general de esta organización, Yolanda Quintana, ha criticado que esta decisión judicial, además de "no cumplir con los compromisos internacionales" de España, no garantiza la seguridad de los comunicadores. "Según esta sentencia, la vida de un periodista no vale nada", ha manifestado Quintana. Y además, ha señalado que esta decisión no solo deja sin amparo a la familia de José, sino que también vulnera "el derecho fundamental a la información de la ciudadanía". 

La organización trasladará este caso a organizaciones y organismos internacionales sobre libertad de prensa por entender que este resultado vulnera los compromisos de España sobre protección de los periodistas. 

David ha mostrado impotencia ante la actuación del Tribunal Constitucional. "Nos están quitando los derechos", ha lamentado. Ahora, además de disponer de seis meses para acudir a la justicia europea, continuarán con las concentraciones frente a la embajada de Estados Unidos y las sedes de los partidos políticos "para que no se olviden de esta familia", ha apuntado. "No entiendo cómo no ve indicios de inconstitucionalidad, no entiendo cómo no se grita que los ciudadanos de este país carecen de justicia ante una muerte como la que sufrió mi hermano", ha concluido David.