"No se ha realizado ningún aborto en Jaén desde la entrada en vigor de la ley de 2010, ni en la sanidad pública ni en la privada, lo que significa que en más de 12 años las mujeres de esta provincia se han visto obligadas a desplazarse a otra provincia para poder interrumpir su embarazo". Así lo denuncia a Público Juana Peragón, miembro del colectivo Feministas 8M Jaén. De hecho, esta organización lleva más de un año de campaña y contactos institucionales para denunciar esta situación y pedir cambios. La semana pasada, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, en unas declaraciones ante los medios de comunicación afirmó que no había ningún problema con el aborto en esta comunidad. 

Las palabras textuales de García fueron: "No tenemos conocimiento de que las mujeres andaluzas tengan ningún problema en ese proceso. Si existe un problema, que nos lo cuenten, porque no tenemos ninguna queja ni ninguna instancia en ningún distrito ni en ninguna provincia que nos diga que existe un problema para eso".

Unas declaraciones que indignaron a varios movimiento feministas, que afirman que se han reunido con todos los representantes políticos e institucionales para denunciar esta situación. "Hemos enviado cartas en septiembre de 2001 a nuestras representantes institucionales de la Junta de Andalucía (delegadas de Igualdad, de Salud y responsable provincial del Instituto Andaluz de la Mujer -IAM-), a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Jaén y Diputada Provincial de Igualdad y hasta al Defensor del Pueblo andaluz. La mayoría nos han contestado con buenas palabras que no debíamos quejarnos", afirman. También se reunieron con la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, para denunciar esta situación.

La realidad es que en Jaén no existe ningún hospital público ni clínica privada que realice interrupciones de embarazos, por lo cual las mujeres deben desplazarse a Granada (100 kilómetros), Málaga (200 kilómetros) o Sevilla (250 kilómetros) para poder abortar. "Los casos más serios suelen derivarse a Sevilla", añade Peragón. Esto, afirma, va contra la ley vigente, pero "es especialmente duro para aquellas mujeres más vulnerables y empobrecidas. Algunas incluso han seguido adelante con un embarazo no deseado por falta de medios y capacidad para gestionar un desplazamiento o porque se les ha pasado el plazo en el proceso", denuncia.

La actual ley de derechos sexuales y reproductivos y de interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, permite el aborto libre hasta la semana 14 de embarazo y con permiso médico hasta la semana 22. Si bien la norma permite la interrupción del embarazo en centros públicos o privados (concertados), su artículo 19 establece que "la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma". 

Desplazarse cientos de kilómetros para abortar

La obligación de desplazarse para poder acceder a un aborto no ocurre sólo en Jaén. Existen otras provincias donde no se realizan abortos en centros públicos ni privados, obligando a las mujeres a desplazarse a veces largas distancias para poder abortar. Unos datos que son difíciles de conocer, porque el Ministerio de Sanidad no los detalla en sus estadísticas públicas. Tal como denuncia el colectivo Feministas 8M de Jaén, este gasto de desplazamiento corre por cuenta de la mujer y aunque en algunos casos se les dice que se le reembolsará el precio del taxi o medio de transporte, esto no suele ocurrir. 

Desde la Junta de Andalucía confirman a Público estos extremos. Fuentes de la Consejería de Salud explican que esto ocurre desde siempre en Jaén por falta de hospitales públicos o clínicas privadas que realicen abortos en dicha provincia. Que las clínicas privadas concertadas no se han presentado a concurso en dicha provincia y que los centros públicos no realizan abortos por la objeción de conciencia de los médicos. 

Preguntados sobre cuántos médicos son objetores, fuentes de la Consejería de Salud afirman no tener datos. Si bien la ley en vigor especifica que la objeción de conciencia es un derecho individual, no colectivo, y que los médicos de la sanidad pública deben comunicar anticipadamente y por escrito su negativa a realizar abortos, Peragón afirma que no es sólo el médico implicado el que objeta, sino que "es todo el sistema, desde el bedel, hasta el director del centro". Fuentes de Salud de la Junta afirman que los desplazamientos para poder abortar no se pagan ni se reembolsan. Las organizaciones feministas denuncian que mientras no existen recursos para las mujeres que necesitan un desplazamiento, la Consejería de Salud concedió en 2021 cerca de 155.000 euros en subvenciones a organizaciones denominadas "pro-vida", es decir, aquellas que se oponen al aborto y trabajan en contra de este derecho.

No existen datos sobre objeción de conciencia ni sobre cuántos médicos en la sanidad pública de las distintas comunidades autónomas (las competencias en Salud están transferidas) no están dispuestos a realizar abortos. La realidad es que en España, desde la entrada en vigor de la ley hace más de 12 años, hay hospitales, provincias e incluso comunidades enteras que no realizan abortos y obligan a las mujeres a desplazarse por sus medios largas distancias para poder acceder a este derecho.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad (2021), seis comunidades (Aragón, Castilla La-Mancha, Madrid, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) no tienen ningún centro público que realice abortos. Andalucía tiene uno, pero fuentes de la Junta afirman que se utiliza para casos extremos. Según estas estadísticas, en 2021 más del 84% de los abortos se realizaron en clínicas privadas concertadas. Una cifra que se ha mantenido casi inalterada durante los últimos años y que ha bajado ligeramente desde los años 2012 y 2013, cuando los abortos en la privada suponían algo más del 90% de los casos. 

La reforma de la ley de derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo propuesta por el Ministerio de Igualdad está en sus últimos trámites de aprobación en el Parlamento. Aprobada en el Congreso a finales del año pasado, ahora debe ser ratificada por el Senado. Entre otras medidas, establece que los abortos deben ser realizados en el centro público más cercano a la residencia de las mujeres. También obliga a las comunidades a elaborar un listado de médicos objetores del aborto para poder planificar plantillas que sí los realicen en centros públicos.