Un invierno más costoso que frío: la escalada de precios augura estrecheces para los hogares

El próximo invierno no será especialmente frío en lo meteorológico en la península Ibérica. Sin embargo, todo apunta que, pese a las medidas temporales adoptadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes en materia de pobreza energética, sí será más costoso que los anteriores para las familias españolas, que afrontan un cuadro en el que la congelación de sus ingresos, con leves repuntes salariales en el mejor de los casos, se combina con un encarecimiento del coste de la vida en el que destacan las subidas de productos y servicios básicos como la energía y la alimentación.

“Con un mercado laboral de salarios bajos y empleos precarios resulta complicado asumir esas subidas de precios”, explica el economista Eduardo Garzón, que apunta que, si bien “los precios no son desorbitados, el problema es que suben más que la capacidad adquisitiva de la gente”.

Mientras la propia Agencia Tributaria constata la congelación generalizada de los salarios pese a la recuperación de los resultados empresariales, el último boletín del Observatorio de la Negociación Colectiva revela cómo las subidas salariales acordadas en los convenios colectivos fueron del 1,7% entre enero y septiembre, mientras la inflación alcanza el 2,2% interanual tras acumular un alza del 1,7% entre enero y agosto.

Eso supone que los 7,5 millones de trabajadores protegidos por convenios, que son apenas un tercio (37,9%) de los 19,3 millones de ocupados, están perdiendo poder adquisitivo; algo que, por otra parte, ya les ha ocurrido otras tres veces en esta década. Y la situación es peor para los casi doce millones de personas que trabajan sin el paraguas de un convenio, que no tienen garantizadas esas revisiones salariales.

Bajan las temperaturas en la mitad norte

“Todo hace pensar que este invierno va a ser duro para las familias”, explica Enrique García, de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), ya que “la electricidad va a volver a subir en breve, tal y como pronostica el mercado de futuros, y nada indica que vaya a bajar el precio del petróleo, lo que arrastra al del gas e influye en el de la luz”.

La Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) no prevé un invierno demasiado frío, con las temperaturas en el tramo alto de las medias de los últimos treinta años. “Hay una mayor probabilidad de que la temperatura se encuentre en el tercil superior en la península ibérica y Baleares” entre octubre y diciembre, señala su previsión.

Eso, sin embargo, no significa que no vaya a ser necesario calentar las casas en la mitad norte del país, sino más bien al contrario: el mapa de temperaturas apunta a medias por debajo de los 14 grados en Galicia y la cornisa cantábrica, de apenas once en Madrid, de menos de ocho en la mayoría de las provincias de Castilla y León e inferiores a doce en el valle del Ebro.

Con la temperatura de confort situada entre los 21º y los 23º, según el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético), esa previsión apunta a la necesidad de calentar las viviendas entre siete y quince grados en esas zonas en lo que queda de año.

Menos consumo, precio mayor

Según un estudio de la OCU, una familia media gasta al cabo del año unos 800 euros en electricidad, 723 en gas y alrededor de 600 en combustible para el coche. La última Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística) reduce esas cifras a 1.097 euros, con un ligero descenso del 5,1% en los últimos años, en el caso de la energía.

Sin embargo, ese ahorro tiene un punto ilusorio. El truco está en que entre 2010 y 2016 esa leve bajada del recibo corrió simultánea a un desplome del consumo del 27,7% en el caso de la electricidad y a otro del 16,9% en el del gas. Es decir, que el aumento de precios, que se ha acelerado en los dos últimos años con varias marcas históricas que han disparado los resultados de las compañías que los suministran, ha paliado la caída de la demanda.

Los combustibles de automoción siguen una tendencia similar, con aumentos del 6% en el precio de la gasolina de enero a agosto de este año (de 1,25 euros por litro  a 1,32) y del 5,8% en el gasoil (de 1,16 a 1,22), con diferencias entre comunidades autónomas que crecieron de 10 a 12 céntimos en los primeros ocho meses del año. El encarecimiento ronda el 7% y el 9%, respectivamente, si se toma como referencia enero de 2017.

Llenar la nevera cuesta cada vez más

Y a esos aumentos de precios se les suma el que lleva tiempo registrando la alimentación, que con una factura anual de 4.985 euros según la OCU y de 4.643 según el INE, se lleva casi la sexta parte del presupuesto de las familias (15,91%). Solo la vivienda con 8.774, ya sea para comprar o para alquilar y con los cada vez más costosos servicios incluidos, tiene un peso mayor en la economía doméstica.

En los cuatro años posteriores a su último registro negativo en 2014, cuando los precios de los alimentos cayeron un 0,3%, la comida encadena una subida ponderada de más del 6%, netamente superior al 3,9% del IPC (Índice de Precios de Consumo) general.

El encarecimiento de los alimentos frescos, no obstante, no responde a desequilibrios entre la demanda y la oferta sino a estrategias comerciales de las cadenas de distribución, que llegan a multiplicar por cinco y hasta por diez el precio de determinados productos entre el campo y la nevera.

El último Boletín de Coyuntura Agroalimentaria del Gobierno de Aragón señala cómo en los últimos doce meses, como media, el precio de la fruta se ha duplicado con creces entre el árbol y el refrigerador y los de algunas verduras y hortalizas como la zanahoria, la lechuga, la acelga o la patata se han triplicado de largo, lo mismo que ha ocurrido con la carne de ternera y lleva camino de ocurrir con la de cerdo.

“La alimentación ha subido mucho, y lo ha hecho de una manera estructural”, advierte García, que apunta que “las facturas no van a bajar, siendo optimistas, y los salarios no han subido. Va a ser un invierno difícil”.

Puesto de frutas y verduras en un mercado de Madrid. REUTERS

Pobreza energética, precariedad y devaluación salarial

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, reivindica el papel de los sindicatos en la mejora de los salarios. “Las subidas salariales de los convenios que se han firmado en los últimos meses superan el 2%, y la media del año es del 1,68% ─señala─, la mejora del Salario Mínimo Interprofesional afecta directamente a 1,6 millones de trabajadores y el Acuerdo de Negociación Colectiva contempla subidas del 2% al 4% y prevé para el final de su vigencia un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales que afectará a 2,2 millones”.

Las previsiones del Banco Central Europeo apuntan a una inflación del 1,7% para el cierre de este año y los dos próximos en la zona euro. En cualquier caso, Vicente anota que fenómenos como la extensión de la pobreza energética, que afecta a 4,5 millones de personas, según el propio Gobierno, “están relacionados con los recortes de los últimos años, con la destrucción del empleo y con la devaluación salarial. La gente que perdió su empleo se está a incorporando a puestos precarios”.

Y coincide con Garzón y con García en la necesidad de que la Administración se implique en regular el precio de la energía. “Se trata de suministros básicos, y habría que aplicar una contención a sus precios”, anota.

"Las medidas se quedan cortas"

Las medidas aprobadas la semana pasada por el Gobierno, que incluyen la prohibición de cortar el suministro a hogares con menores de 16 años, personas con discapacidad o dependientes, prevén ahorros de entre 25 y 130 euros anuales en la factura eléctrica para las familias vulnerables y ajustes de hasta 46 de media para el resto.

“Las medidas van en la línea positiva, pero se quedan cortas”, indica García, partidario de ampliar los niveles de renta para acogerse al bono social y de elevar los niveles de consumo. “A nadie en su sano juicio le cabe en la cabeza que una familia precaria vaya a derrochar energía”, señala.

Garzón, por su parte, destaca cómo las compañías eléctricas están cargando en el precio el coste de los bonos de emisión de CO2, cuya cotización se ha triplicado en lo que va de año al pasar de 7 a 21 euros por tonelada. “Ese es ahora el elemento fundamental con respecto a otros años”, indica.

“Los costes se han trasladado a los precios, algo que se debería evitar y que forzaría a las empresas a buscar un modelo de producción más sostenible y barato”, explica. “Lo positivo sería realizar una transición del modelo energético que redujera la dependencia de los combustibles fósiles. Eso sería clave para reducir los precios”, añade.