El Ministerio del Interior ha vuelto a encargar a las aerolíneas Air Nostrum y Evelop la gestión de los vuelos de deportación de migrantes en situación irregular.

Esta Unión Temporal de Empresas (UTE) ha conseguido la adjudicación del contrato por valor de 9,9 millones de euros que sacó el año pasado la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, dependiente del departamento de Fernando Grande-Marlaska.

Se trata de un contrato financiado con fondos europeos y diseñado para "el traslado de ciudadanos extranjeros mediante la organización de vuelos específicos no integrados en líneas regulares" en los que también se incluye a los "funcionarios policiales encargados de su custodia".

Este grupo de empresas ya se ha encargado de operar los vuelos de deportación en años anteriores. De hecho ha fletado los aviones de las últimas expulsiones a Senegal que se produjeron el mes pasado, retomando esta vía de deportaciones que se había frenado desde antes de la pandemia.

Un sistema opaco

Varias organizaciones y colectivos sociales critican este tipo de contratos públicos en los que rige la opacidad, tanto en fechas como en identidad de las personas deportadas y sin ninguna supervisión independiente que garantice el respeto de los derechos humanos.

Solo el equipo del Defensor del Pueblo ha podido viajar en alguna de estas travesías en el marco del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En las pocas ocasiones que ha monitorizado uno de los estos vuelos ha detectado irregularidades y ha hecho recomendaciones, sobre todo por las sujeciones mecánicas, ya que los migrantes suelen ir esposados.

Nuevo impulso europeo a las deportaciones

Tanto España como la Unión Europea en su conjunto han mostrado su preocupación por agilizar y ampliar los mecanismos de deportación de personas migrantes en situación irregular. Frontex, la agencias europea de seguridad y control de las fronteras, coordinó y financió unas 25.000 deportaciones forzosas o voluntarias de migrantes en 2022, un 40% que en 2021, cuando se expulsó a 18.300.

Los esfuerzos siguen creciendo para los próximos años con grandes presiones de la Comisión Europea, que considera muy baja la tasa de retorno en la UE, que según Eurostat supone el 21% de las 340.500 órdenes de devolución de migrantes que se han propuesto.

Pese a la falta de información oficial, se sabe que España (y la UE en general) atraviesa una periodo con deportaciones de migrantes en mínimos. 2021 y 2020 cerraron con menos de 4.000 migrantes expulsados, frente a los más de 11.000 que se practicaron en cada uno de los dos años anteriores.

La caída se debe a la interrupción total que impusieron las medidas sanitarias de la pandemia, pero también a los dos últimos años marcados por la grave crisis diplomática con Marruecos, el principal país emisor de migrantes que acceden de forma irregular a España. A esto se suma la crisis diplomática con Argelia a causa del acercamiento de España a las posturas de Rabat sobre el Sáhara Occidental. Estos dos países magrebíes mantienen prácticamente en suspenso sus acuerdos bilaterales de devolución de migrantes con España, aunque el Gobierno confía en desbloquear los retornos masivos con Marruecos a los largo de 2023

Frontex tiene previsto lanzar un plan de estudios sobre Consejería de Retorno y Reintegración para los los Estado miembro de la UE y ofrecerá "capacitaciones a expertos" de estos países en materia de deportaciones. También trabaja en un mecanismo común de repatriaciones y expulsiones que está pendiente de aprobarse en el marco del atascado pacto europeo sobre migración y asilo.