Infancia Libre La expresidenta de Infancia Libre denuncia la "criminalización" de las mujeres que "defienden los derechos de sus hijos"

Alrededor de tres horas ha durado este viernes la declaración ante la fiscalía de María Sevilla, presidenta de la organización Infancia Libre y de su marido, que actuaba de secretario. Justo antes de entrar tuvieron la ocasión de leer por primera vez el informe elaborado por la Unidad de la Policía adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla en el que se acusa a Infancia libre de ser una "organización criminal".

Según el escrito que esa unidad de la Policía entregó a la Fiscalía el pasado 23 de julio, la entidad funcionaba como una red criminal que animaba a la madres a presentar denuncias contra sus exparejas, acusándolas falsamente de abusar de sus hijos, con el único objetivo de apartar a los niños y niñas de sus padres.

Según la Policía, en esta supuesta red colaboraban, además de María Sevilla y su marido, la vicepresidenta de la organización, Rocío de la Osa, una reconocida pediatra y una psicóloga del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de Granada, un psiquiatra de la sanidad pública madrileña, así como una abogada que llevaría diversos casos de la organización.

En la vista celebrada este viernes, la fiscal llamaba a declarar a Sevilla y a su marido como parte de una investigación preliminar, que debe decidir si abre una causa penal o si finalmente archiva el informe policial.

El abogado de la defensa, Vicente Tovar, ha calificado el informe policial como un "despropósito" y ha explicado a Público que la declaración "fue muy bien, porque tuvimos tiempo de explicar todo con detalle y ha quedado claro que Infancia Libre no ha participado en nada que tuviera que ver con preparar denuncias falsas, ni nada por el estilo".

Según declaró Sevilla ante la Fiscalía, de los 22 casos citados en el informe policial, tan sólo conoce cuatro o cinco de ellos y coinciden con las madres que entre abril y junio fueron detenidas por la Policía judicial o llamadas a presentarse en los juzgados. El resto, ni los conoce ni tuvieron relación con la organización, tal como aseguró Sevilla a este diario.

El grueso de los casos, según la defensa de la presidenta de Infancia Libre, no tienen relación alguna con la organización y sí con algunos de los profesionales de Granada, el psiquiatra de Madrid o la abogada de algunas de las madres de la organización, pero sin formar un patrón de comportamiento.

De hecho, ninguna de las personas citadas en el informe como partes de la "trama criminal" han sido llamadas ni investigadas por la Policía judicial para elaborar el informe, ni ésta ha pedido los informes médicos pertinentes de cada caso a los facultativos a los que acusa, ni a los servicios de salud de Granada o Madrid, donde están el grueso de los casos. Esto supone que el informe policial podría estar basado exclusivamente en las declaraciones de diversos padres, muchos de los cuales nunca fueron denunciados de abuso sexual hacia sus hijos, sino por maltrato o violencia de género. 

"Lo que más me ha llamado la atención ha sido el tono: todo muy amable, todo muy bien... Pero el mensaje claro era que no te puede reunir, no te puedes asociar, no puedes defender los derechos de tus hijos. Todo el rato nos están diciendo que no podemos pelear por defender los derechos de nuestros hijos, porque nos acusarán de un delito de organización criminal. Esto es directamente criminalizar una lucha. Ese es el clima todo el rato".

Sevilla afirma que la criminalizacíón comenzó incluso antes de su detención, porque esta "se realizó de madrugada", con "16 agentes entrando a patadas en la casa en la que vivía" con su pareja, su hijo y una hija en común con el que hoy es su marido. Los agentes, tal como relató en diversas ocasiones Sevilla, reventaron la puerta, ventanas y entraron a punta de pistola en una casa en la que todos estaban en pijama. 

El informe policial también equipara todos los casos de Infancia Libre a un mismo modus operandi, pero la realidad es que excepto dos de sus miembros que fueron detenidas y que se encontraban en paradero desconocido, las otras dos no lo estaban, ni incumplían las visitas con los padres. En el caso de Ana María Bayo, su expareja tenía un orden de alejamiento de la menor y en el de Rocío de la Osa, estas visitas no estaban decretadas por el juzgado, por lo que no podía violarlas, tal como declararon en su día a este diario.

Tal como enfatiza el abogado de María Sevilla este viernes tras la declaración ante la fiscal, "todas las personas que contactaron con Infancia Libre ya habían puesto denuncias por abusos sexuales y éstas se habían archivado, antes de que tuvieran contacto con la organización. Esto no ha ocurrido con posterioridad, tal como afirma el informe de la Policía".

De los casos que saltaron a los medios de comunicación y que fueron cubiertos por los medios minutos después de producirse las detenciones, todas habían denunciado por abusos sexuales antes de que Infancia Libre existiera. 

Tal como afirma Tovar, la fiscal afirmó que su intención era acabar la fase de investigación de diligencias previas lo antes posible para decidir si se abre juicio penal o si archiva el informe policial.

Público ha constatado que ninguno de los profesionales de la sanidad pública mencionados en el informe policial han sido llamados a declarar ante la fiscalía. Al menos no hasta la fecha. 

Varias mujeres de diversos colectivos feministas han querido mostrar con su presencia el apoyo a Sevilla y la organización Infancia Libre, denunciando que existe "una caza de brujas en "toda regla" contra las madres que luchan por los derechos de sus hijos.