La Conferencia Episcopal Española (CEE) reúne este jueves a las oficinas de protección de menores y prevención de abusos de las diócesis, las congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales para tratar los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia.

El encuentro estaba previsto desde el mes de febrero, después de que la CEE aprobara la creación de un servicio de coordinación y asesoramiento para ayudar a las diócesis en los casos de abusos a menores que lleguen hasta estas oficinas.

Dichas oficinas de protección de menores han recibido 506 denuncias por abusos sexuales a menores en los dos años que llevan en funcionamiento. El órgano se creó para ser una referencia a las distintas diócesis en su trabajo de investigación de los casos de abusos. También actúa como "cauce" para la relación con las asociaciones civiles que representan a las víctimas de abusos y con la administración pública y la Fiscalía.

De los 506 casos denunciados, 300 son hechos que ocurrieron hace más de 30 años, y 103 corresponden a víctimas ya fallecidas. Los casos, aun así, se investigan aunque el presunto agresor haya fallecido o aunque el caso haya prescrito.

Estas acusaciones se han recibido a través de las 202 oficinas que se encuentran abiertas, 60 en las diócesis y el resto en las congregaciones religiosas. Algunos de los casos son ya conocidos y tuvieron su recorrido en el ámbito civil y canónico.
​

La CEE encargó el 22 de febrero al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo una auditoría independiente sobre los abusos a menores en la Iglesia, que tendrá una duración inicial de un año y estudiará los casos ocurridos en el pasado sin límite temporal. 

La decisión de la Conferencia se produjo 12 días después de la aprobación por el Congreso de los Diputados de una comisión independiente para investigar esta cuestión dirigida por el Defensor del Pueblo. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, declaró que la Iglesia no iba a colaborar con la investigación que ha acordado el hemiciclo, pero que cooperaría con las autoridades para facilitar documentación de las denuncias.

"Queremos apartar a personas que son indignas, que no haya lobos que se disfracen de corderos y que no se pueda decir que la Iglesia es un lugar inseguro para los niños", subrayó Argüello en una rueda de prensa.