Iglesia Ola de Vírgenes y Cristos con alcaldía perpetua: fervor y populismo en la política celestial
El municipio alicantino de Calp ha sumado recientemente el último de los nombramientos que convierten a una imagen religiosa en alcaldesa perpetua. Europa Laica contabiliza más de 300 honores a entes religiosos otorgados por parte de las Administraciones Públicas a lo largo de un Estado que se constituye como aconfesional.
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VALENCIA,
Varas de mando entre los brazos de las imágenes de Vírgenes, Cristos y santos. Funciones de la administración del Estado transferidas simbólicamente a la divinidad. Entronización política de las patronas de los municipios, proclamadas alcaldesas perpetuas u honoríficas. Cualquiera pensaría que este tipo de designaciones eran más propias del fanatismo religioso imperante en la España nacionalcatólica del régimen franquista. Sin embargo, el mayor número de tales distinciones ha venido tras la muerte del dictador. Tan solo en lo que llevamos de año, Europa Laica ha contabilizado ocho honores o distinciones a entes religiosos por parte de las Administraciones Públicas.
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El último episodio ha tenido lugar en Calp. Con motivo de la festividad de la Mare de Déu de les Neus, el pleno nombró el pasado 2 de agosto alcaldesa perpetua “con todos los honores y respetos” a la patrona de la localidad alicantina, con los votos favorables de PP y Ciudadanos. Los de la gaviota calificaron como un “acto de igualdad entre sexos” esta designación, ya que a esta virgen se le ha atribuido el mismo rango que al otro patrón del pueblo, el Santíssim Crist de la Suor, nombrado alcalde perpetuo en 1949.
Ana Sala, primera edil e impulsora de la moción, entregaba unas horas más tarde la vara de mando a la imagen religiosa en sede eclesiástica. Materializaba así una de sus primeras ideas al frente de la alcaldía, que ostenta desde el pasado 15 de junio. Durante la legislatura precedente, como portavoz y concejal del PP en la localidad de la Marina Alta, Sala ya consiguió avivar diversas polémicas en diferentes ocasiones. Entre ellas, cabe recordar su propuesta de bautizar cuatro nuevas calles de la localidad con el nombre de los cuatro primeros alcaldes franquistas, sin olvidar sus exóticas declaraciones en redes sociales sobre la etapa dictatorial: “Ni dictadura ni leches. Se vivía de maravilla”.
La oposición de Calp ha denunciado la vulneración del principio de aconfesionalidad que aflora en un gesto, dicen, inoportuno, folclórico y más cercano al populismo. Ximo Perles, portavoz del grupo municipal de Compromís, recuerda que, aunque honorífico, el cargo concedido a la deidad es político. “Calp es un pueblo con distintas religiones que conviven en perfecta armonía. El pleno ha de representar la pluralidad del municipio, entre la cual también se encuentran un número creciente de agnósticos y ateos”, argumenta el concejal.
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Perles también encuentra disparatado hacer votar a los miembros del Ayuntamiento sobre si una imagen religiosa merece unos honores, hecho que entra en contradicción con el derecho constitucional de los ciudadanos a no declarar sobre sus confesiones o creencias. El reglamento local que regula estas concesiones o títulos honoríficos, además, no refiere figuras y especifica claramente a personas con la condición de “haber realizado a favor del municipio altos servicios de todo tipo de mejoras con el fin de vitalizar y proyectar su imagen al ámbito nacional e internacional”.
La "tradición" como criterio
Pero lo de Calp no es precisamente un hecho aislado. Al municipio de la Costa Blanca le han precedido este mismo año otras declaraciones oficiales aplicadas a objetos inanimados respaldadas por cargos públicos de diferente color político. Andalucía se lleva la palma. En marzo, la alcaldesa socialista de Montoro, Ana María Romero, ratificaba al Nazareno como alcalde perpetuo de la localidad cordobesa. En Vejer, por su parte, la corporación municipal aprobaba en abril declarar al Nazareno alcalde eterno del municipio gaditano con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención de Izquierda Unida. En Alcolea del Río, en Sevilla, el consistorio socialista convertía a la Virgen del Consuelo en alcaldesa y el ayuntamiento de Brenes, también en Sevilla, concedía recientemente la medalla de la ciudad a la Virgen del Rosario. En Extremadura, lo mismo sucedía con San Pedro de Alcántara, nombrado primer edil perpetuo de Pueblonuevo de Miramontes (Cáceres), tras un procedimiento iniciado por Extremeños, partido incorporado a Ciudadanos.
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Uno de los argumentos más utilizados por los cargos públicos en la toma de estas decisiones es la remisión constante a la tradición. Incluso algunos mandatarios defienden los nombramientos aduciendo que son producto de las peticiones reivindicativas de colectivos “importantes” de las ciudades en referencia a las cofradías o hermandades. No en vano, la exaltación católica de estos actos suele contar con la presencia de personalidades políticas destacadas que no disimulan las interferencias entre el Estado y la confesión católica. Hace cinco meses, fue el mismo presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier A.García, quien encabezó el acto que imponía el Escudo de Oro de la provincia a la Virgen del Río de Huércal-Overa, organizado por una cofradía. También este año, el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, asistió al acto de concesión del título de alcaldesa perpetua de Archena a la Virgen de la Salud, que consistió en una eucaristía y una procesión.
El Observatorio del Laicismo de Europa Laica contabiliza un total de 344 honores (medallas, cruces, escudos, Teniente General, Alcaldía perpetua…) a las advocaciones de María, de Cristo o de otros “santos” católicos a lo largo del Estado español, un listado que podría ser incluso más extenso. Los datos arrojados por esta entidad indican que se han resuelto 242 alcaldesas perpetuas (casi todas Vírgenes), 35 alcaldes perpetuos (la mayoría Cristos), 52 medallas de oro o de la ciudad y 15 títulos o cargos civiles o militares a entes religiosos. Más de 150 de estos reconocimientos se han llevado a cabo con el nuevo milenio en marcha. El PP y el PSOE lideran los apoyos a esta causa, pero también Izquierda Unida, Ciudadanos y otros partidos locales han actuado en alguna ocasión como verdugos. La misma relación señala que, durante el franquismo, se llevaron a cabo 66 de estas distinciones. No ha habido revocación de estos honores en ciudades tan importantes como València, donde en 1954 la Virgen de los Desamparados fue nombrada alcaldesa perpetua.
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La ola de condecoraciones ha llegado incluso a una de las ciudades protagonistas de los “gobiernos del cambio”. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo avaló a finales del año pasado la medalla de oro a la Virgen del Rosario, otorgada por el Ayuntamiento de Cádiz, al frente del cual está José María González “Kichi”, del grupo Por Cádiz Sí Se Puede (Podemos), que votó a favor de la propuesta presentada por el PP. Europa Laica había pedido la nulidad del reconocimiento ya que estimaba el incumplimiento de la normativa municipal puesto que la Virgen no es una persona física ni jurídica. Cuestionaba, además, la racionalidad de los “milagros” atribuidos a la Virgen en el expediente.
El capítulo de Cádiz levantó polvareda en el seno de los movimientos sociales, después de algunas declaraciones de los líderes de los morados que salieron en defensa del alcalde gaditano. “Kichi lo ha manejado de una manera muy laica”, llegó a declarar Pablo Iglesias. No era la primera vez que la entidad por el laicismo topaba con los tribunales. El Tribunal Supremo también avaló la concesión de la medalla de oro al Mérito Policial a la Virgen del Amor, que en 2014 le fue otorgada a manos del entonces ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. Un episodio que tuvo eco en la prensa internacional entre tonos de sorna y sorpresa.
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Figuras en colegios electorales
“La creencia en María y los ‘santos’, y su veneración, es específica de una confesión; establecerla como oficial es a todas luces inconstitucional”, aseguran desde Europa Laica, recordando en todo momento el artículo 16.3 de la Constitución Española. Para la entidad, no es una cuestión de afectos populares ni de mayorías, sino de cumplir con el principio de aconfesionalidad y con la separación de la religión de la política. Respecto a las peticiones realizadas por la ciudadanía, detonante que esgrimen los representantes políticos para llevar a cabo estos actos, la entidad tiene claro que, si otro colectivo que no fuera católico reclamara una distinción para un ser espiritual propio de sus creencias, el rechazo que se generaría sería muy grande.
En este sentido, otro de los frentes de la entidad se sitúa en la denuncia por la presencia de figuras sacras como Vírgenes o Cristos en colegios electorales durante las citas con las urnas, una anomalía revelada constantemente ante la Junta Electoral Central. Para el movimiento laicista, lo más preocupante es el nacionalcatolicismo sociológico, la inacción de los representantes políticos ante estos abusos y el silencio de la jerarquía eclesiástica.