MADRID.- Muchos lo consideran una forma de "devolución en caliente" que vulnera los derechos humanos, además de que dificulta mucho la petición de asilo. La reforma de la Ley de Extranjería húngara entró en vigor a media noche y asigna a la Policía y al Ejército del país la labor de "acompañar" a los refugiados que entren de manera ilegal en el país y sean interceptados en los ocho primeros kilómetros de territorio, al otro lado de las alambradas levantadas por el Gobierno de Budapest en sus fronteras con Serbia y Croacia. 

Ya en el otro lado de las vallas, aún en suelo húngaro, los refugiados tendrán que solicitar asilo y esperar una respuesta durante días o semanas, sin agua, comida ni servicios higiénicos. "Nos preocupa que la redacción de la ley deje demasiado margen de interpretación y que pueda dar lugar a violaciones de los derechos humanos de los migrantes por parte de las fuerzas de orden público, al expulsarles sin ningún proceso legal", según denuncia el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Hasta ahora, las autoridades trasladaban a los refugiados que habían entrado ilegalmente en el país bien a campos cerrados o centros abiertos, donde eran atendidos y podían solicitar asilo. Pero desde hoy serán obligados a cruzar las verjas, incluso aunque no se pueda comprobar que hayan entrado de forma ilegal en el país. 

"La enmienda intenta legalizar las 'devoluciones en caliente' que, según organizaciones de derechos humanos y voluntarios que trabajan en la zona, ya están ocurriendo frecuentemente en la práctica", ha denunciado Gábor Gyulai, director del programa de asilo de la sección húngara de la ONG Comité de Helsinki. "Parece que no existe un precio demasiado alto para aplicar la política xenófoba del Gobierno húngaro", ha dicho, y ha recordado que organizaciones no gubernamentales  han denunciado las condiciones inhumanas en la "tierra de nadie", entre Serbia y Hungría, donde centenares de refugiados que vienen huyendo de la guerra quedan atrapados días y semanas, sin que ninguno de esos países les preste ayuda.

Más de 22.000 peticiones de asilo

Mientras, el Gobierno conservador húngaro argumenta que se limita a defender las fronteras del espacio Schengen de libre circulación en la Unión Europea. György Bakondi, consejero de asuntos de seguridad del Ministerio de Gobernación, ha dicho que con esta modificación de la ley solo se busca aumentar la eficiencia de la defensa de las fronteras, sin olvidar que "la meta es que los inmigrantes no puedan permanecer de una forma ilegal en el país".

El Gobierno asegura que, desde comienzos de 2016, más de 22.000 personas han solicitado asilo en Hungría y que sólo se le ha concedido a 264. Desde otoño de 2015, cuando Hungría selló sus fronteras con Serbia y Croacia, la entrada ilegal en el país es un delito penado con hasta cinco años de prisión. Para evitarla, Hungría ha construido vallas fronterizas, ha modificado la legislación y ha convocado un referéndum el 2 de octubre sobre la propuesta de la Unión Europea de reubicar solidariamente a los refugiados en todos los países comunitarios.