Seis meses después de que se cerraran los centros de estudio de toda España el Gobierno no ha implementado ninguna mejora ni medida que asegura un retorno a las aulas seguro. Esa es la premisa de la que parte el Sindicato de Estudiantes (SE) para convocar una huelga a nivel estatal que durará el 16, 17 y 18 de septiembre. Desde el colectivo tildan de "desidia" la actuación de Isabel Celaá, Ministra de Educación, y piden su dimisión en el caso de no implementar un plan de rescate de la educación pública que revierta los recortes del anterior gobierno del Partido Popular y fortalezca la educación pública con una gran inversión. Por el momento, tan solo algunas Comunidades han arrancado su curso escolar, aunque las incidencias registradas por covid-19 en los colegios ya superan las dos centenas.

Miles de estudiantes están llamados a tomar las calles, con las medidas de seguridad necesarias, en estos tres días en los que denunciarán la "inacción" por parte del Ministerio, que les hace tener que elegir entre volver a los centros de estudio arriesgándose a contagiarse de coronavirus y transmitirlo a sus familias o ejercer su derecho a la educación, tal y como comenta Marina Mata, la secretaria de organización del SE. "Pedimos que se cumplan los parámetros indicados para una vuelta segura, aunque por ahora todo son recomendaciones y nadie está obligado a cumplir nada. El ratio debería bajar a 15 alumnos por clase y profesor, también habría que acelerar la construcción de nuevos colegios y gestionar la habilitación de espacios para descongestionar los centros que ya de por sí están masificados", en sus propias palabras.

Anticipándose a la vuelta al cole, CC.OO. publicó un informe en el que cifraron la inversión necesaria para que se cumplieran las garantías en más 7.000 millones de euros y la contratación de 165.000 docentes. "Nada de eso se ha cumplido. En la clase trabajadora, que es quien acude a la pública, recae toda la responsabilidad. Somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo de llevar la mascarilla o portar geles desinfectantes, muchos acudimos a las aulas sin poder respetar la distancia de seguridad y todo lo que nos dicen es que abramos las ventanas, algo que no se podrá llevar a cabo en invierno. Queremos que todo el dinero que se destina a la educación concertada y privada vaya a la pública", agregan desde el sindicato convocante.

Mentiras en la Comunidad de Madrid

El baile de declaraciones entre el Ministerio de Educación y las diferentes consejerías de las Comunidades, organismos en los que recaen las competencias educativas, ha sido una constante a lo largo del verano. "Nos han estado mintiendo todo el rato. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde la gestión de la pandemia ha sido pésima a nivel general y en concreto en el ámbito educativo, Ayuso hizo un anuncio engañoso al anunciar el contrato de 10.600 docentes. Al final, según las últimas cifras, tan solo han contratado a 350 profesores hasta diciembre, y sin asegurar su continuidad", ilustra Mata. Desde su punto de vista, ninguna Comunidad Autónoma está preparada para el inicio del curso, una tesis que argumenta con lo sucedido en Galicia y Asturias, regiones que han tenido que posponerlo por la falta de previsión.

Otro de los aspectos que ha llevado al SE a convocar esta huelga de tres días es el ahondamiento en la brecha digital que supondría empezar este curso de la misma forma que terminó el anterior, en el que la enseñanza se realizaba de forma telemática. "No ha habido ningún tipo de medida efectiva. Las clases online fueron otro fracaso porque no llegaron a decenas de miles de estudiantes que no tenían dispositivos ni buena conexión. Desde el Gobierno solo hacían llamamientos a las Consejerías para que actuases, y ellas volvían a pasar la pelota a las direcciones de cada centro educativo". "La ministra Celaá tiene nuestro plan para el inicio del curso encima de la mesa y solo hemos recibido una callada por respuesta. O dan un giro de 180 grados o tendrá que dimitir para que alguien distinto a ella esté a la altura de las circunstancias y ponga en marcha todas las medidas necesarias", dice la secretaria de organización del sindicato.

Profesores y estudiantes unidos en Andalucía

El calendario de movilizaciones no solo contempla las del estudiantado. En diversas regiones estas semanas también se manifestarán los profesores, que han visto cómo durante todo el verano nadie les daba una solución factible. Es el caso de Andalucía, donde los docentes marcharán el viernes 18 de septiembre. Ainhoa Murcia, portavoz del SE en Sevilla, explica así la situación: "Estamos en unas condiciones en las que los centros tendrán que cerrar, como ya está pasando, al igual que sucedió en marzo, porque nada ha cambiado. En Andalucía tenemos clases de hasta 25 chavales en Primaria, pero es que en Secundaria la cifra puede llegar hasta los 35 alumnos, un número que se supera en algunas aulas de Bachillerato. Es todo una locura e imposible de cumplir la recomendación de 15 alumnos por aula".

La obligatoriedad de respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre persona y persona parece que se diluye dentro de las clases, pues "en algunos sitios ni siquiera hay medio metro de distancia entre pupitres", según Murcia. "Algunos compañeros nos trasladan desde Cádiz que es imposible ventilar el aula porque las ventanas están fijadas o rotas, además de que cuando venga el invierno nadie podrá cumplir con esa medida", continúa explicando la portavoz sevillana, que no se olvida de remarcar que no existen medidas concretas para el alumnado y profesorado que son colectivos de riesgo.

Priman la concertada sobre la pública

"Lo que hacen es desviar cada vez más alumnos a la escuela concertada, que en su mayoría pertenece a la Iglesia. De hecho, en Andalucía han firmado hasta un convenio entre la Junta y la patronal de la educación concertada para aumentar considerablemente su plantilla de docentes. Para ellos sí hay dinero y ayudas", relata Murcia. De esta forma, "en algunas zonas de los centros urbanos de provincia muchas familias se han visto obligadas a acudir a la concertada por el constante cierre de aulas en la pública, ya que si no hacían eso sus hijos se quedaban sin matricular". Parafraseando a la portavoz estudiantil, el problema está en que todo son recomendaciones y no hay ninguna obligación, y cargan a los equipos directivos de los centros con la responsabilidad de evitar un brote de coronavirus porque la Junta no se quiere responsabilizar.

"Se supone que si tenemos este Gobierno es porque así lo ha querido la clase trabajadora, que frenó a una derecha que ha destruido la pública durante tantos años. Pero no, cuando más recursos se necesitan para asegurar unos servicios públicos de calidad, son las grandes empresas quienes se hacen con ellos", dice Carlos Naranjo, coordinador del SE en València. Desde su punto de vista, la contratación de personal sanitario, pedagógico, psicológico, en los comedores y de limpieza es esencial para garantizar una vuelta segura, "pero que se contraten de forma directa por la Administración y sin subcontratos; ya está bien que las necesidades de lo público sea sinónimo de negocio para la privada", en sus propios términos. Además, en la Comunitat Valenciana continúa la "lacra" que llevan sufriendo años, producida por los diferentes gobiernos de derecha: miles de estudiantes siguen estudiando en barracones.

Muchas son las quejas de un estudiantado que se siente ninguneado por una Ministra que ha brillado por su ausencia, según la lectura que hace de la realidad el SE. Por ello, en la mayor parte de las capitales de provincia del Estado también hay convocadas concentraciones el jueves 17 de septiembre. "O volvemos con seguridad o no volvemos", concluye Mata.