Mari Carmen Belloc es hija y nieta de campesinos. En sus campos –ahora arrendados- todavía se cultivan alcachofa, lechuga, cebolla, col, patata y, por supuesto, chufa, el milagroso tubérculo con el cual se elabora la horchata, símbolo identitario de la huerta valenciana y, en concreto de Alboraia. Un cultivo que, a pesar de la competencia de la importación africana, todavía es de los más rentables por los productores, gracias a unos precios relativamente estables. "Son tierras muy buenas, que dan varias cosechas al año, y que están muy cuidadas, mejoradas durante generaciones a base de mezclar arena con excrementos de caballo", explica.

Ahora sus campos se encuentran amenazados por el Plan General Estructural (PGE) de Alboraia, que los recalificará como suelo industrial para poder ampliar el polígono, un punto más dentro de una reestructuración urbanística que también incluye la construcción de un instituto y un parque, la ampliación de la escuela, el traslado del ecoparque, 2.850 viviendas nuevas y un vial que comunique el casco urbano con la playa. En total, unos 260.000 metros cuadrados de huerta, la gran mayoría productiva, desaparecerán. Es un nuevo bocado a un espacio paisajístico y agrario que hace décadas que va retrocediendo ante un impulso urbanizador que parece imparable, a pesar de las leyes de protección de la huerta.

Precisamente en Alboraia se vivió la última agresión importante, la ampliación de la V-21, la entrada norte de la ciudad de València, que supuso asfaltar otros 62.000 metros cuadrados en una obra altamente cuestionada. Precisamente, la oposición a la V-21 se convirtió en símbolo de un renovado movimiento de defensa de la huerta, que, a los argumentos ambientales y paisajísticos, suma ahora los de la emergencia climática y la soberanía alimentaria.

En Alboraia se ha constituido la plataforma Horta i Litoral, que agrupa buena parte del tejido social del municipio opuesto al PGE. Jorge Ramón, miembro activo de la plataforma, critica que "el Ayuntamiento calcula que el municipio crecerá todavía en 8.000 nuevos habitantes", una cifra que ve "infundada", y que proyecte la construcción de casi tres mil viviendas cuando "hay todavía 2.000 vacías". "Además –continúa Ramón- 865 de éstas están planificadas junto al mar, sin tener en cuenta la regresión de la costa que provocará el cambio climático".

La ampliación del polígono recibe críticas similares: "Hay solares sin construir y naves vacías o que tienen que alquilar a sectas y actividades no industriales porque no hay demanda", explica Belloc. Para su familia, la recalificación de las tierras es una auténtica amenaza económica. "Si pasan a ser zona industrial, no solo tenemos que pagar un IBI más alto, sino que además el PGE incluye unas cargas urbanísticas de 21.000 euros por fanegada [833 metros cuadrados]. Y es que ni vendiendo las tierras conseguiríamos esta cantidad, el PGE nos hipotecará el patrimonio solo por las tasas, y lo más probable es que todo quede en solares abandonados", denuncia. También asegura que ya han aparecido especuladores –"nosotros los denominamos los tiburones de Alboraia", señala- que ofrecen comprar las tierras a los labradores afectados a la baja jugando con el miedo al cambio de uso.

¿El PGE como solución?

Desde el Ayuntamiento, Ana Bru, regidora de Urbanismo, responde a estos argumentos: "Hemos hecho una propuesta que reduce al máximo la afectación de la huerta, es realmente un plan de mínimos, pero es que en el término de Alboraia todo es huerta, cualquier intervención es inevitable que acabe tocando un poquito". Bru contrapone su propuesta de PGE con el anterior, de cuando el PP gobernaba y todavía no había pinchado la burbuja inmobiliaria. Entonces se pretendía urbanizar hasta un millón de metros cuadrados. "Hemos reducido la afectación a una cuarta parte y garantizamos la protección de seis millones de metros cuadrados de huerta, yo no sé que más quieren que hagamos".

Precisamente en el anterior PGE se esconde uno de los motivos que presionan al actual Consistorio. El 2017, un tribunal condenó el Ayuntamiento a devolver 25,7 millones de euros que la inmobiliaria Quabbit había avanzado para la construcción de un PAI fallido en la playa, que incluía un puerto deportivo, auditorio, hotel y 800 viviendas. Esta deuda podría ser cubierta con los beneficios de recalificación del PGE, aunque Bru aporta más beneficios, como "la construcción del instituto, la renovación de la escuela y un parque público, que son dotaciones urgentes y que no hay otra forma de conseguirlas, puesto que la Consellería tampoco nos dejaría endeudarnos para construirlas".

"Que la única vía de financiación de los ayuntamientos sea la construcción es uno de los principales problemas a la hora de proteger la huerta", apuntan desde el colectivo Per l'Horta, una de las entidades más veteranas en la defensa de este espacio. Uno de sus activistas, Lluís Fontelles, denuncia que "ayuntamientos y Consellería adaptan el Plan de Acción Territorial de l'Horta (PATH) para que las ampliaciones urbanizadoras queden dentro de la ley. Y aunque en este intercambio de cromos no siempre puedan construir todo lo que querrían, todavía se producen amenazas como la de Alboraia". Según el actual PATH, el PGE propuesto en Alboraia implica consumir toda la reserva de suelo protegido urbanizable del término municipal, por el que –si no se modifica la legislación actual- el Consistorio ya no podría impulsar nuevos proyectos nunca más.

Pero mientras los ayuntamientos continúen necesitando la construcción para financiar los objetivos básicos, la agricultura siempre tendrá que estar pendiente de esta amenaza. Incluso en tierras tan productivas como las de la capital de la horchata.