El catedrático de la Universidad de Sevilla condenado a seis años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de tres profesoras de su departamento ha sido suspendido cautelarmente, apartado de toda actividad académica, y se le ha prohibido la entrada a las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la que fue decano durante 13 años. Pero el expediente disciplinario es temporal -“no podrá exceder de seis meses”, según la Ley de Función Pública (2007), y además no se le priva de la totalidad de su salario.

Santiago Romero ya no ejerce como profesor, pero seguirá percibiendo el 75% de su sueldo base mientras se resuelve el expediente disciplinario, uno de los más altos de la Universidad. Según el portal de Transparencia de la Hispalense, el sueldo anual de un catedrático roza los 41.000 euros al años (incluido pluses), pero sin contar los complementos por antigüedad (Romero lleva más de 40 años). El 75% del salario base serían 14.824,2 euros. Una vez que se resuelva el expediente, el condenado dejaría de percibir los ingresos. Así lo ha confirmado esta mañana el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, en una rueda de prensa que ha generado mucha expectación mediática, y en la que ha entonado el mea culpa y ha pedido perdón a las tres profesoras víctimas de los abusos del catedrático y a la sociedad en general.

El rector ha querido expresar su “absoluta condena y repulsa ante el acoso sexual vivido por nuestras tres compañeras”, y ha anunciado que las llamará para atenderlas en su despacho. Castro no ha querido valorar la decisión de uno de sus antecesores, Joaquín Luque, el que fuera rector hace seis caños, cuando fueron denunciados los hechos. Luque, según las víctimas, se negó siempre a recibirlas en su despacho, a pesar de que las tres profesoras llegaron a solicitárselo por escrito e incluso llegaron a personarse en la puerta (el actual rector formó parte del equipo de Gobierno de Luque).
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El rector no ha aclarado por qué la Universidad de Sevilla no se personó como acusación particular hace seis años, cuando elevó el caso a la Fiscalía

A pesar de la contundencia de sus palabras, la comparecencia de Castro ha dejado varias incógnitas sin resolver. El rector no ha aclarado por qué la Universidad de Sevilla no se personó como acusación particular hace seis años, cuando elevó el caso a la Fiscalía tras detectar indicios de un delito sexual contra las tres mujeres. Castro también ha evitado responder, en cuatro ocasiones, si la institución académica piensa personarse como acusación contra Romero, cuando éste recurra el fallo condenatorio. Fuentes de su entorno apelan a la “presunción de inocencia” del catedrático, pero el rector se ha remitido a la reapertura del expediente disciplinario que él mismo ordenó el martes. Castro también ha defendido que la institución actuó con “simetría”, el mismo trato para denunciantes y denunciado, pero que a tenor del resultado de la sentencia entiende que ahora debe pedir perdón públicamente, a ellas y a la sociedad en general.

Otra incógnita sin resolver sobre este caso, y nada menor, es por qué la Universidad de Sevilla, una vez que los tribunales se hicieron cargo del caso, decidió paralizar el expediente disciplinario que apartó del puesto a Romero. El rector asegura que la norma así lo exigía, y se remite al Real Decreto de 1986, por el que se aprueba el reglamento del régimen disciplinario de los funcionarios. El artículo 23 sostiene que si el expediente disciplinario detecta que un empleado público ha podido cometer un delito penal, “deberá suspenderse la tramitación del expediente disciplinario hasta tanto recaiga resolución judicial”.

Sin embargo, los abogados de las tres profesoras víctimas de abusos vierten dudas al respecto y apelan a jurisprudencia reciente que demuestra que ambos procedimientos, el administrativo y el judicial, “pueden discurrir perfectamente en paralelo”. De haber sido así, el catedrático habría pasado gran parte de los últimos siete años apartado de su puesto, en lugar de seguir ejerciendo la docencia en la misma facultad, en el mismo departamento, mientras a las víctimas (tras varias bajas por depresión) se les ofreció licencias de estudios en otros destinos, alejados de su espacio habitual de trabajo, para que no tuvieran que cruzarse con el agresor.

El rector: “Espero que la norma no me obligue a hacerlo. Mi determinación ahora es clara y contundente para que (el catedrático condenado) no vuelva”

Posteriormente al Real Decreto del 86 existe la Ley de Función Pública, de 2007, que actualiza la regulación sobre el régimen disciplinario de los funcionarios, y que no varía su criterio sobre este aspecto. Según el artículo 94.3, “cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se debe suspender su tramitación, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal”. Si esto es así, nada impide que cuando Romero recurra su sentencia condenatoria ante la Audiencia Provincial y vuelva a abrirse la vía judicial, la Hispalense tendría que volver a bloquear el expediente que acaba de reabrir contra el catedrático, readmitirlo en su puesto y reponerle su salario íntegramente.

El rector desconocía este extremo durante la rueda de prensa. “Espero que la norma no me obligue a hacerlo. Mi determinación ahora es clara y contundente para que no vuelva”, dijo. Horas después, y previa consulta al gabinete jurídico de la Universidad, el Rectorado confirmaba que “en el caso de que el profesor recurra la sentencia” esta vez “no se paralizará el expediente”. La pregunta, entonces, es ¿por qué sí se hizo hace seis años? ¿Por qué la Universidad de Sevilla expulsa ahora al catedrático que abusó de tres profesoras y sin embargo le permitió seguir dando clases hace seis años? ¿Acaso la ley o su interpretación es distinta?

Pasividad de los jueces

A pesar de la autocrítica, el rector ha sido muy evasivo respecto al papel que ha jugado la institución académica en todo este proceso, sin señalar ni acusar a ninguno de los que eran responsables de la Hispalense cuando se denunciaron los hechos. Castro ha derivado en los jueces la responsabilidad de que Romero siguiera en su puesto de trabajo todos estos años. “En todo este tiempo, la justicia no ha tomado ninguna medida cautelar contra él”, ha reiterado en varias ocasiones.

El rector ha puesto en valor las actuaciones de la Universidad de Sevilla contra casos de abuso sexual desde que salieron a la luz los hechos: a las tres profesoras afectadas se les ofrecieron destinos fuera de su facultad, en el extranjero, en universidades de otras provincias andaluzas y en el centro de alto rendimiento deportivo (sito en Sevilla); también se les ofreció atención psicológica dentro de la Universidad, y se escindió el departamento de Educación Física, que compartían con su agresor, para que no tuvieran que cruzárselo nunca. Al margen de este caso, la Universidad de Sevilla puso en marcha un protocolo de intervención contra casos de acoso sexual. Desde que se creó, en 2013, la institución académica ha registrado cuatro denuncias, dos por acoso sexual y dos por acoso laboral (dos profesoras, una estudiante y una persona ajena a la universidad). Todas se han cerrado en falso.

La sentencia también señala a aquellos profesores del departamento que dirigía Romero como posibles colaboradores, por acción u omisión, en la situación de miedo, aislamiento y amenazas que vivían las tres profesoras denunciantes. Algunos de ellos testificaron a favor del catedrático en el juicio. El rector ha rehusado aclarar si la Hispalense abrirá una investigación o intervendrá de alguna manera sobre estas personas, a quienes las víctimas consideran “corresponsables” de que el catedrático las amedrentara. El primer responsable de la Universidad de Sevilla que tuvo conocimiento de los abusos sexuales por parte de una de las víctimas fue el que entonces era director de su departamento, Pascual Sanchís, que no elevó la denuncia a las autoridades académicas. Preguntado al respecto de si se adoptará alguna medida contra dicho profesor, Castro aseguró: “No le sé responder. Lo investigaremos”. En todo caso, el profesor Sanchís se jubiló unos meses después de que saltara el escándalo.