Hasta seis meses de prisión a cuatro activistas por dar agua en el desierto a migrantes

Cuatro voluntarias del grupo 'No Más Muertes' fueron declaradas culpables hoy en un juzgado federal por colocar agua en la frontera de Arizona (EEUU) para salvar la vida de inmigrantes indocumentados.

El juez federal Bernardo Velasco emitió su veredicto al cabo de tres días de juicio contra Natalie Hoffman, Oona Holcomb, Madeline Huse y Zaachila Orozco, acusadas de ingresar y colocar galones de agua en el Refugio de Vida Silvestre de Cabeza Prieta, una remota área al sur de la población fronteriza de Ajo donde 91 inmigrantes indocumentados han muerto desde 2014.

Hoffman también fue acusada de conducir un vehículo dentro del refugio.

En el invierno del 2017 las voluntarias, provenientes de lugares como Nueva Orleans, Minneapolis y Seattle, comenzaron recibir notificaciones de los cargos en su contra por parte del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS).

Las voluntarias afrontan cargos menores, por los que cada una enfrenta una sentencia de hasta seis meses de prisión federal y una multa de 500 dólares.

Este el primer grupo de un total de nueve voluntarios de 'No Más Muertes' que enfrentan cargos por poner agua y alimentos dentro del refugio nacional. Los otros cinco voluntarios serán juzgados los próximos 26 de febrero y 4 de marzo.

"Este veredicto no solo desafía a los voluntarios de 'No Más Muertes', sino a las personas de conciencia en todo el país. Si dar agua a alguien que muere de sed es ilegal. ¿Qué humanidad queda en la ley de este país?", cuestión Catherine Gaffney, voluntaria del grupo en un comunicado de prensa.

En su veredicto, el juez Velasco indicó que los galones de agua dejados por los voluntarios dentro del área protegida "erosionan la decisión nacional de mantener el refugio en su naturaleza prístina".

Uno de los acusados, el profesor de la Universidad del Estado de Arizona Scott Warren, enfrenta cargos mayores a raíz de un juicio aparte por albergar inmigrantes indocumentados y que se celebrará en mayo. En caso de ser encontrado culpable enfrenta una condena de hasta 20 años de prisión.

Para el grupo de cuatro voluntarias, se espera que en los próximos diez días se fije fecha para la sentencia.