Los interventores han detectado irregularidades en contratos del ámbito sanitario por valor de casi 5.400 millones de euros en seis comunidades autónomas en tres años, según recogen los últimos Informes Anules de Supervisión de la Contratación Pública que elabora el Ministerio de Hacienda.

El grueso de esas contrataciones, fechadas en los ejercicios de 2019, 2020 y 2021, fueron realizadas por los gobiernos autonómicos del País Valencià, que aglutina algo más del 80% de ese volumen con un total de 4.560 millones de euros; de Madrid, que sumó encargos anómalos por valor de 309, y de Baleares, donde las irregularidades suman una cuantía de 305.

Por detrás de ellos se sitúan los ejecutivos regionales de Navarra, con contrataciones irregulares por valor de 156 millones de euros, y, ya por debajo del centenar, el de Euskadi con 55 y el de Castilla y León con casi cinco.

En todos los casos las irregularidades afloraron al incoar los interventores expedientes de "enriquecimiento injusto", un concepto jurídico que, en estos casos, consiste en denunciar que las comunidades iban a acabar aprovechándose del trabajo de los contratistas por carecer de fondos para pagarles al no disponer de partidas presupuestarias para atenderlos o, en su defecto, que iban a producirse pagos con fondos consignados para otras finalidades.

Se trata, en resumen, de contrataciones efectuadas al margen del presupuesto y de la planificación de la actividad de las administraciones que provocan el conflicto jurídico que en el argot contable se conoce como facturas en el cajón, cuya cuantía suele conocerse cuando se produce un cambio de color político en el gobierno de la institución afectada.

Sin embargo, la cosa no suele quedarse en simples gastos fuera de presupuesto: el "control posterior" revela "una presencia importante de fraccionamientos, así como de encadenamiento de contratos con el fin de eludir la publicidad y concurrencia, prácticas irregulares".

"El área de sanidad es la que concentra el mayor importe"

"Las intervenciones generales que han informado sobre la incoación de expedientes de enriquecimiento injusto en [cualquier área de] su respectiva comunidad autónoma son las de las Illes Balears, del País Vasco, del Principado de Asturias, de La Rioja, de Castilla y León, de Madrid y País Valencià", recoge el informe referente a 2021, que advierte de que, en realidad, los fondos manejados de manera irregular podrían ser bastante más, ya que "la cifra informada no es homogénea, pues en algunos casos no ha sido posible desglosar el IVA y, en otros, se ha facilitado el importe desglosado del IVA, pero sin informar sobre el mismo, por lo que debe tenerse en cuenta esta limitación".

"Como puede observarse –añade el documento-, el área de Sanidad es la que concentra el mayor importe en casi todas las comunidades que han informado", aunque "también se tramitan expedientes de enriquecimiento injusto en las áreas de educación, servicios sociales, derechos sociales, bienestar social e igualdad, entre otros".

De hecho, solo los interventores de tres de las ocho comunidades con gastos al margen del presupuesto en 2021, Asturias, Castilla y León y La Rioja, dejaron de detectar o de comunicar incidencias en el área sanitaria.

El informe no especifica en qué apartados de la gestión sanitaria de cada comunidad se han ido produciendo las irregularidades, ya sea la gestión de centros sanitarios, la de personal, el pago del transporte sanitario o el suministro de fármacos y material, la financiación de conciertos o procesos de revisión de precios en alguno de ellos, entre otras posibilidades que suelen darse.

En este contexto es en el que se producen episodios como la deuda oculta de algo más de 900 millones de euros que la Comunidad de Madrid fue acumulando con hospitales privados hasta 2019.

"Destaca en el Ayuntamiento de Madrid el área de Bienestar Comunitario"

Paralelamente, las intervenciones comunicaron a Hacienda la apertura de expedientes de enriquecimiento injusto por este mismo motivo en ocho administraciones locales por valor de 47,9 millones de euros, en este caso con el Ayuntamiento de Madrid como la entidad en la que más habitual resulta su utilización, con ventaja, este tipo de actuaciones irregulares.

El consistorio madrileño acapara expedientes por valor de 41,97 millones de euros, lo que supone el 87% del total. "Destaca en el Ayuntamiento de Madrid el área de Bienestar Comunitario, con un 39% del importe total de los expedientes de enriquecimiento injusto comunicados", anota el informe de Hacienda.

Esa mancha en la gestión del equipo de José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís se añade al que se deriva del descuadre de 357 millones de euros con el que han cerrado el ejercicio de 2022, en todo caso sin que ese resultado incluya la eventual existencia de facturas en el cajón como las detectadas por los interventores el año anterior, ya que esos datos se conocen más tarde.

En 2020, a Intervención del Ayuntamiento de Madrid fue una de las dos, junto con la de Cádiz, que detectó este tipo de prácticas. "El área de educación es [en] la que más enriquecimientos injustos han sido detectados con un importe cercano al 20% del total", reseña ese informe.

Las cifras son mucho más reducidas en el resto de administraciones locales afectadas: 2,21 en el Consell Insular de Menorca, 1,85 en la Diputación Provincial de Valladolid, 1,38 en la de Sevilla y cantidades inferiores al millón en las de Alicante, Badajoz, Lugo y Pontevedra.

Actuaciones de oficio de los interventores

El Ministerio de Hacienda recomienda a las administraciones "valorar la oportunidad de adoptar medidas en el ámbito del control previo, tendentes a reducir este tipo de prácticas", al tiempo que recuerda cómo el "reconocimiento extrajudicial de crédito con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la Administración (...) es un instrumento que debe ser utilizado en supuestos tasados, evitando que se convierta en un elemento que facilite el incumplimiento sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público y de la normativa presupuestaria".

Esos reconocimientos son en la práctica expedientes que aprueban los órganos de gobierno de las instituciones para dotar de un aval legal que permita el pago de las cantidades que previamente habían comprometido al margen del presupuesto.

No obstante, Hacienda recuerda a los interventores que deben revisar de oficio todos los expedientes extrajudiciales con "vicio constitutivo de nulidad" para aclarar "la responsabilidad en que hayan podido incurrir las autoridades y el personal", ya sea contable o penal.

Los informes llaman la atención acerca de cómo esas irregularidades "se refieren a ciertas áreas de gestión, de carácter social", entre las que "destaca fundamentalmente el área de Sanidad, por importes elevados y con carácter estructural".

Dentro de esta, según apuntan los interventores, "el problema existente con carácter general es la falta de crédito presupuestario, por lo que deberán adoptarse las medidas tanto desde la perspectiva de la planificación, como de la presupuestación, tendentes a corregir esta situación".